PP y PSOE negocian el reparto de 4 jueces del TC al margen de Podemos y C’s

PP y PSOE negocian ya el reparto de magistrados del Constitucional, los cuatro que han de ser elegidos por el Senado antes del próximo 13 de enero. Entre los ‘renovables’ figuran el presidente Francisco Pérez de los Cobos y la vicepresidenta, Adela Asúa. El procedimiento establece que los parlamentos autonómicos envíen sus propuestas. Con su mayoría absoluta en la Cámara alta, al PP le correspondería designar a dos magistrados, al PSOE le tocaría uno solo y el resto quedaría a expensas de un eventual acuerdo entre el resto de los grupos parlamentarios. Pero todo indica que el pacto entre los dos partidos mayoritarios hará inviable que se beneficie ninguna otra formación política.

Los magistrados se eligen por mayoría de tres quintos (159 senadores) y PP y PSOE suman, entre los dos, más de 200. El alcance político del pacto, que supone un freno de facto a Podemos y a los nacionalistas catalanes, tiene una especial trascendencia en un momento en el que el Constitucional está sirviendo de dique a las iniciativas independentistas que proceden de Cataluña. No hacer falta recordar que el tribunal ha acordado la suspensión, una tras otras, de las resoluciones aprobadas por el Parlament para celebrar un referéndum. Además, ha advertido a sus cargos y a los de la Generalitat, que pueden incurrir en un delito si toman iniciativas sobre la consulta. Sin olvidar que también ha declarado la “nulidad” de las tres ponencias que impulsaron JxSí y la CUP para ‘las leyes de desconexión’.

Pero, sobre todo, el PP está haciendo realidad su sueño de que el PSOE sea su socio preferente. No es la ‘gran coalición’ soñada por Rajoy, pero se le parece mucho. De hecho, el PSOE lleva cerrados ya media docena de acuerdos económicos con el Gobierno del PP desde la investidura de Mariano Rajoy y ese entendimiento sobre medidas que habrá que costear el próximo año hace sospechar a otras fuerzas de la oposición, principalmente Unidos Podemos, que se está preparando el caldo de cultivo para justificar que el Grupo Socialista acabe dejando pasar los Presupuestos Generales de 2017, el próximo gran reto del Ejecutivo. De momento, en el PSOE siguen asegurando que votarán en contra del proyecto presupuestario, sea cuando sea su presentación.

Éstos son los principales asuntos que han pactado los dos grandes partidos desde que el pasado 29 de octubre Rajoy obtuvo el respaldo del Congreso para ser investido presidente, gracias precisamente a la abstención del PSOE:

– Objetivos de déficit: cinco semanas después de la investidura, PP y PSOE llegaron a un pacto a principios de diciembre sobre los objetivos de déficit de 2017, lo que suponía en la práctica avalar el techo de gasto de 2017, es decir, el límite máximo que reflejará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017. Eso sí, los socialistas condicionaron su respaldo a otras condiciones, entre ellas flexibilizar (del 0,5% que ofrecía el Gobierno al 0,6%) el objetivo de déficit de las autonomías, lo que permitió al Gobierno salir airoso del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

– Subida del SMI: El Gobierno accedió, como le pedía el PSOE, a incrementar un 8% el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2017 a cambio de que los socialistas respaldaran el objetivo de déficit. Dicha subida supone un aumento de 52,4 euros, pasando de los 655,20 euros actuales a los 707,60 euros mensuales en 14 pagas.

– Reforma del Impuesto de Sociedades: El Gobierno y el PSOE también consiguieron sacar adelante en el Congreso una reforma en el Impuesto de Sociedades por la que se ha limitado y suprimido algunas deducciones, así como la compensación de bases imponibles negativas, sin llegar a tocar los tipos impositivos. Esta medida se sumó al parche aprobado este año –mediante el aumento del tipo mínimo de los pagos fraccionados–, que ha permitido anticipar una mayor recaudación a través de este gravamen.

– Lucha contra el fraude fiscal: Junto con este decreto, el Gobierno aprobó, también gracias al PSOE, un paquete de medidas tributarias con un amplio plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, y la rebaja a 1.000 euros en el límite de pagos en efectivo desde el 1 de enero de 2017, por debajo del límite actual de 2.500 euros aprobado en 2012. Además, ha impuesto la obligación a las grandes empresas –unas 62.000– de comunicar a Hacienda en tiempo real las facturas d …

En ese contexto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado esta misma semana que pronto presentará nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal pactadas con el PSOE y con Ciudadanos.

– Subida de impuestos especiales: En este periodo, el PSOE también ha apoyado el decreto de cambios tributarios que incluía la subida de algunos impuestos especiales como el alcohol y el tabaco, así como la prolongación del Impuesto de Patrimonio y la actualización de los valores catastrales para 2.452 municipios. En este punto, los dos partidos mayoritarios fueron solos, puesto que Ciudadanos se desmarcó y optó por la abstención.

– Energía: El pasado 21 de diciembre, el Gobierno y el PSOE cerraron un acuerdo para aprobar un decreto ley con el fin de implantar un precio subvencionado a dos millones y medio de consumidores sin ingresos, lo que se conoce como el bono social, y para evitar cortes de luz a familias sin recursos. Al pacto se añadió también Ciudadanos.

– Educación: El PP y el PSOE, junto con Ciudadanos, acordaron poner en marcha en el Congreso una subcomisión para estudiar los ejes de un pacto educativo que incluya cambiar la vigente LOMCE. Además, las comunidades socialistas respaldaron el decreto ley del ministro Íñigo Méndez de Vigo para no aplicar las reválidas de la llamada ‘ley Wert’ y el PSOE lo votó en el Congreso. Es más, ‘populares’ y socialistas unieron sus votos para impedir que ese decreto fuera tramitado como proyecto d …

– Apoyo del Gobierno al presidente provisional del PSOE: A todo ello se añade que esta semana el PP y el PSOE han llegado un acuerdo para tramitar los presupuestos de Asturias. Aunque es reedición de un pacto del año anterior, el Principado no es una comunidad más ya que su presidente, Javier Fernández, es también presidente de la Gestora que dirige actualmente al PSOE.

Desde Ciudadanos, que firmó un acuerdo de investidura con Mariano Rajoy, aseguran que no tienen “ningún problema” en que el PP y el PSOE “hablen y pacten”. De hecho, en palabras del secretario general del grupos parlamentario, Miguel Gutiérrez, los “grandes” acuerdos deben alcanzarlos los partidos constitucionalistas. Sin embargo, desde Podemos, el secretario de Movimientos Sociales, Rafael Mayoral, considera que el acuerdo para combatir la pobreza energética alcanzado por el PP y el PSOE es la “coartada” que necesitan los socialistas para poder seguir justificando su apoyo al Gobierno y a los “durísimos” Presupuestos que a su juicio presentará a principios de 2017.

En el PSOE, no obstante, insisten que en no darán su apoyo a las cuentas públicas del Ejecutivo porque, según ha explicado su portavoz económico en el Congreso, Pedro Saura, si bien en lo relativo a los objetivos de déficit el Gobierno han “reorientado” la política fiscal y presupuestaria, no lo han logrado “completamente”.