El Gobierno plantea que 1.900 millones de la Seguridad Social se financien vía Presupuestos

El Ministerio de Empleo ha planteado que las tarifas planas y otras reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, que suman 1.900 millones de euros, sean financiadas por los Presupuestos Generales del Estado. Se trataría, según ha explicado el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, de convertir las tarifas planas que incentivan el empleo indefinido y a los autónomos en bonificaciones que asumirá el presupuesto de forma que se pueda tapar el agujero originado por las reducciones directas sin compensación para la Seguridad Social. Burgos ha hablado con los medios mientras la ministra del departamento, Fátima Báñez, comparecía en la Comisión del Pacto de Toledo.

banez-448Por lo que se refiere a esta comparecencia, no se esperaba que la ministra hiciera este martes ningún anuncio importante. Y así ha sido. Báñez se ha limitado a lanzar un mensaje de tranquilidad sobre la sostenibilidad del sistema. Ahora bien, lo cierto es que para que esa sostenibilidad esté garantizada a largo plazo muchos economistas y gran parte de los partidos de la oposición sostienen que es necesario empezar a pensar en una fuente extraordinaria de ingresos, ajena a las cotizaciones sociales. Esa fuente de ingresos se puede articular de tres formas distintas: la primera hipótesis es crear un impuesto específico para financiar la Seguridad Social. La segunda posibilidad, dedicar a este fin una parte de los impuestos ya existentes, y la tercera, que los tributos sostengan las pensiones de viudedad y orfandad. Solo adoptando una de esas medidas -alertan sus defensores- será posible paliar el efecto que la pérdida de empleo y la devaluación salarial ha tenido en las cotizaciones sociales, que es lo que pone en peligro el futuro de las pensiones.

De momento, Báñez ha insistido ante la Comisión en lo que viene siendo el argumento favorito del Gobierno para resistirse a entrar de lleno en el fondo del problema: la creación de empleo (que según el Ejecutivo ha despegado con fuerza y va a seguir manteniéndose en los próximos años) es el mejor antídoto para la caída de las cotizaciones. Esta tesis no tiene en cuenta la mala calidad de los empleos que se están creando a raíz de las últimas reformas laborales, lo que, según cálculos de los agentes sociales, provoca que sean necesarios cinco contratos precarios para atender los pagos a un solo pensionista. Los datos que maneja el propio Ministerio de Empleo contribuyen poco a la tranquilidad. Según los que hemos conocido este martes, la Seguridad Social destinó en noviembre la cifra récord de 8.598,6 millones de euros al pago de las pensiones, un 3,09% más que en el mismo mes de 2015.

Este martes, los portavoces de la oposición han pedido a la ministra medidas laborales que incrementen el empleo de calidad con el fin de sostener mejor el sistema público de pensiones y han criticado que el Gobierno no se plantee volver a la revalorización de las pensiones vinculada al IPC. La cuestión es que, según la fórmula aprobada por el Gobierno para desvincular las pensiones de la inflación, este año subirán un 0,25% mientras que el IPC vuelve al terreno positivo situándose en torno al 1%. Ello supondrá una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas.

La titular de Empleo, en una comparecencia autocomplaciente, sin atisbo de autocrítica por la total ausencia de debate y de iniciativas sobre el sistema de pensiones en los últimos cinco años, ha asegurado que el sistema público de pensiones en España es uno de los más fuertes de la UE y ha achacado el actual déficit de la Seguridad Social a la “masiva” destrucción de empleo durante la crisis. Según ella, las pensiones están garantizadas a medio y largo plazo. Ha destacado que España no ha tenido recomendaciones sobre pensiones desde 2013 por parte de la UE (ello no ha sucedido porque la economía española no ha sido intervenida como la portuguesa y la griega) y ha echado mano del informe de la Comisión Europea de 2015 que dice que gracias a las reformas, España es el país mejor preparado hasta 2060 en gasto público sobre PIB. “En 2060 el gasto total en pensiones sobre el PIB será del 11 % frente 14 % en Italia o el 12 % en Alemania”, ha dicho.

Fátima Báñez ha calificado el sistema de pensiones de “amplio, rentable y resistente”. Ha añadido que hoy se pagan “más pensiones que nunca, a más pensionistas y más altas”, con un crecimiento medio entre 2011 y 2016 del 6,61 %, y que el sistema también es “generoso” ya que las nuevas pensiones de jubilación del régimen general de este año pueden estar alcanzando los 1.500 euros de media, un 93 % del salario medio en España. La titular de Empleo también ha dicho que las pensiones son más “justas” porque se ha abierto la posibilidad, por primera vez, de compatibilizar el trabajo y la pensión, se ha abierto la cartera de servicios y los discapacitados pueden suscribir un convenio especial con la Seguridad Social que les dé seguridad hacia el futuro.

Críticas de la oposición, que no se fía de la voluntad de consenso de la ministra

Las explicaciones de la ministra no han convencido a la oposición. La portavoz socialista en la Comisión del Pacto de Toledo, Mercè Perea, ha asegurado que a partir de 1 de enero de 2019 un jubilado no sabrá qué pensión le va a quedar y ha lamentado que el Gobierno esté más en “modo elecciones para mayo” que en el ánimo de reconstruir el consenso. También ha afeado a Báñez el uso “irresponsable” del Fondo de Reserva, situándolo, ha dicho, en situación de “extrema debilidad”. Y es que según las previsiones que se manejan la llamada ‘hucha de las pensiones’ podría quedarse a cero en 2017.

Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos, el portavoz Sergio del Campo ha mostrado su preocupación por que los pensionistas puedan perder poder adquisitivo este año y el que viene con la revalorización sólo del 0,25 % de las pensiones según el índice aprobado por el Gobierno y desvinculado del IPC. En este sentido, el portavoz del Partido Democrático de Cataluña en el Pacto de Toledo, Carles Campuzano, ha incido en la necesidad de modificar este sistema al tiempo que ha pedido a la ministra que tenga en cuenta el trabajo de los autónomos en el crecimiento de las pensiones ya que el actual sistema sólo responde al empleo por cuenta ajena.

La diputada de En Comú Podem Aina Vidal ha acusado a Báñez de llevar a cabo una política “irresponsable y totalitaria” y ha asegurado que se debe actuar de forma urgente por el lado de los ingresos, mientras que el diputado de Podemos Alberto Montero ha instado a subir los salarios y a hacer una reforma laboral que realmente incida en la creación de empleo. Montero ha explicado que las bonificaciones a la contratación y exenciones han provocado una pérdida de ingresos de 4.000 millones de euros al sistema y ha criticado que no hayan servido para estimular el empleo.

El diputado de ERC Jordi Salvador ha lamentado que el sistema de pensiones “esté tocado” y aunque ha subrayado que su partido “no pondrá palos en la rueda” ha pedido a Báñez medidas para crear empleo de calidad. Desde el PNV, el diputado Iñigo Barandiaran se ha referido a la caja única de la Seguridad Social que está “lejana” al Estatuto de Autonomía del País Vasco que permite la gestión autónoma del sistema. También le ha pedido que el Gobierno no sustituya al Pacto de Toledo y las propuestas que debe emitir este año por foros con otros agentes sociales.

Tras escuchar a Báñez, la comisión celebrará otras cuatro reuniones para recibir al secretario de Estado de Seguridad Social, Tomas Burgos, a representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, así como de las patronales CEOE y Cepyme. A partir de ahí, los grupos deberán acordar qué personas completarán este calendario de comparecencias, que previsiblemente se extenderá hasta el mes de enero o incluso febrero. Sin embargo, la intención del Gobierno de recoger en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2017 algunas de las nuevas recomendaciones que se puedan pactar en febrero o marzo, hará aconsejable acelerar las comparecencias y el debate político que, en todo caso, continuará una vez se presente el proyecto del Ejecutivo.

Entre las personas que los grupos han solicitado que comparecieran está también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá; representantes de las organizaciones de autónomos UPTA o ATA, catedráticos universitarios,, representantes de las aseguradoras privadas u organizaciones como Cruz Roja, Oxfam, Cáritas o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, también está incluido dentro de las comparecencias previstas por la comisión, aunque su visita al Congreso no se prevé en las próximas semanas. Asimismo, varios grupos demandan la comparecencia de directores generales de las áreas económicas de la administración.