Homs niega haber desobedecido al TC pero avisa: ‘No vamos a acatar las decisiones jurídicas’

“Lo que hicimos fue claramente legal. Actuamos en conciencia y con la certeza de que lo hacíamos sobre una base legal, con el convencimiento de que lo que tiene que hacer un Gobierno es actuar conforme a los mandatos democráticos”. Este es el argumento en el que el exconseller Francesc Homs, actual portavoz del PdC en el Congreso, basa su defensa ante las acusaciones de prevaricación, desobediencia y malversación que pesan sobre él por la consulta del 9-N de 2014 y por las que ha tenido que declarar este lunes en el Tribunal Supremo. Y, partiendo de la creencia de que el proceso contra él es puramente político, anuncia que "políticamente no vamos a acatar las decisiones de un tribunal politizado".

homs-mas-900La segunda pata de la defensa de Homs es la que se fundamenta en la tesis de que, cuando el Tribunal Constitucional suspendió la consulta alternativa con la que se pretendió sortear los recursos del Gobierno central contra la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria del referéndum de Artur Mas, lo hizo sin concretar en ningún momento cuáles eran los ámbitos específicos a los que afectaba su suspensión. Al tribunal de garantías se le reprocha haber emitido una resolución ambigua, amplia y genérica, de tal modo que no existió una prohibición clara a la que se opusiera el imputado.

Homs, que ha ofrecido una rueda de prensa tras declarar durante dos horas en el Tribunal Supremo, ha dejado claro que “políticamente no vamos a acatar las decisiones de un tribunal politizado” y que “jurídicamente ya veremos cuáles son las consencias”. Todo ello después de criticar el papel de la Fiscalía asegurando que se trata de un “proceso político” y no “jurídico” cuya resolución “ya está cantada”. “No nos van a amedrentar. Su obsesión es intentar impedir lo que estamos haciendo en Cataluña de forma cívica, pacífica y legal”, ha dicho desde el Centre Cultural Blanquerna, sede de la Generalitat en Madrid. A su juicio, el objetivo de la Fiscalía y del Gobierno es “tumbarle” para frenar el proceso de desconexión en Cataluña. “No se dan cuenta que somos muchos”, ha cuestionado criticando que las instituciones del Estado, incluidas las jurídicas, “son gregarias del interés partidista del Partido Popular”.

El diputado catalán ha calificado de “viva” su conversación con el juez y, después, a propósito de una de las preguntas que se le han planteado, ha insistido en ese concepto marcando las diferencias con el calificativo “tensa” que ha utilizado una periodista. En cualquier caso, ha reconocido que ha podido “expresarse con libertad”. Al juez le ha dicho que fue él quien dio las instrucciones para la organización de la consulta del 9-N “siguiendo el mandato legal del Parlament, por lo que no cabe hablar de desobediencia”. “He defendido la legalidad de lo que hice y ahora mismo volvería a hacer”, ha explicado insistiendo en que “un gobierno siempre debe responde a los mandatos” que emanan de las cámaras territoriales.

De hecho, ha detallado que no ve delito en la carta con la que respondió a la empresa contratada para diseñar los programas informáticos para las votaciones del 9-N, y con la cual el Ministerio Público consideró que el exconseller de Presidencia tuvo un papel de indudable relevancia en la preparación de la convocatoria. En dicha misiva, no solo legitimó la continuación de los servicios sino que advirtió de “las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista” ya que puso a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) los servicios jurídicos del Govern para ejercer acciones contra dicha empresa.

Homs ha dicho al respecto que era “público y notorio” lo que estaban organizando y ha explicado además que hubo un error en su citación para declarar ante el Supremo ya que se le advertía de que podría ser detenido si no se presentaba ante el magistrado, una posibilidad que, según él, no se puede llevar a la práctica debido a su condición de aforado.

Durante su declaración en el Supremo, el exconseller no ha querido responder a las preguntas del fiscal, mientras que la defensa no ha intervenido, por lo que el único interrogatorio ha sido el del magistrado del caso, Andrés Palomo. Según ha trascendido, ha empezado haciendo su alegato político para rechazar que se haya llegado a judicializar una cuestión política. El fiscal ha intervenido para proclamar que actúa bajo el imperio de la ley y sin ninguna presión política y Homs ha expresado su protesta por el cambio de criterio de la fiscalía en relación con este asunto, dado que según ha recordado, los fiscales catalanes no encontraron materia para querellarse hasta que se les ordenó que lo hicieran desde la Fiscalía General del Estado. En este sentido, el abogado defensor de Homs, Sergi Blázquez, ha declarado a los medios que pedirá el sobreseimiento al haber quedado claro que su cliente no incurrió en ningún delito.

El diputado ha abandonado el alto tribunal con aspecto sonriente y relajado, arropado en todo momento por los suyos. A su llegada, le han acompañado incluso representantes de otras fuerzas políticas como el PNV, ERC y Podemos. En el séquito figuraban el expresident Artur Mas, que ha declarado a los periodistas que el juicio político a Homs pone en cuestión a la democracia; el portavoz de Esquerra, Joan Tardá, y Neus Munté, vicepresidenta del Govern y de PdC. Junto a ellos se ha podido ver al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban; al diputado de En Comú Podem, Marcelo Expósito, que es también tercer secretario de la Mesa del Congreso; a Marta Pascal (coordinadora general del Partido en el que se ha reconvertido Convergència); a David Bonvehí (coordinador organizativo); al portavoz en el Senado, Josep LLuis Cleries; a la exconsejera de Educación, Irene Rigau; al conseller de Cultura, Santi Vila; a la Consejera de Gobernación, Merichel Borrás; y al President del Grupo de JpS, Jordi Turull.

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