La fiscal general avisa ante el Rey de que usará la vía penal si Cataluña sigue sin acatar sentencias

La fiscal general del Estado ha alertado hoy ante el Rey del "total desprecio al ordenamiento constitucional" que se plantea desde algunos sectores independentistas catalanes. Madrigal se ha pronunciado así en su discurso de presentación de la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2015, pronunciado en el acto de apertura del Año Judicial que ha tenido lugar hoy en el Tribunal Supremo bajo la presidencia del Rey Felipe VI. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha asegurado que el actual modelo de gobierno judicial, es decir, de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no politiza la Justicia, y ha defendido la "rabiosa independencia" de los jueces españoles.

rey-justicia-900“En un escenario político y social incierto como el que vivimos, y ante el desafío al Estado de Derecho que con total desprecio al ordenamiento constitucional se plantea desde sectores independentistas, conviene mantener la integridad de la conciencia intelectual, tal como ha hecho el Constitucional en la sentencia de 2 de diciembre de 2015”, ha señalado la fiscal general.

Dicha sentencia anula por unanimidad la resolución independentista del Parlament de Cataluña porque, como ha dicho la fiscal general, la construcción del Estado de Derecho “nunca puede producirse al margen de la ley y los procedimientos legales establecidos”. “Algunos invocan la democracia y la libertad para proponer el incumplimiento de las leyes y la desatención a las libertades de todos que son la esencia misma de la democracia”, ha añadido Madrigal, para quien este planteamiento sugiere que “determinados usos de la libertad pueden suponer un peligro para la democracia”

Madrigal ha recordado que “ni la Ley ni la Constitución son inmutables” puesto que pueden reformarse con reflexión, debate y consenso político para adaptarla a los nuevos tiempos. Pero ha querido dejar claro que “frente a las vías de hecho o las pretensiones demagógicas que contraponen legitimidad democrática y legalidad constitucional, solo cabe recordar como hace el TC en la sentencia de 2 de diciembre de 2015 que en una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución”. “Y en esta línea ha actuado y actuará la Fiscalía ante el TC y ante los tribunales penales si fuera el caso”, ha agregado.

La mencionada sentencia del tribunal de garantías es la que declaró inconstitucional la resolución independentista aprobada por el Parlament de Cataluña y que ha sido posteriormente incumplida, lo que ha motivado otras dos resoluciones del TC declarando nulos diferentes actos parlamentarios. Para la fiscal general, con las resoluciones del Parlament, que casi todos los discursos “políticos o publicitarios” invocan la libertad, si bien algunos lo hacen “para proponer el incumplimiento de las leyes y la desatención a las libertades de todos que son la esencia de la democracia”.

Madrigal también ha manifestado su preocupación por la corrupción, un fenómeno que “condiciona la investigación y el enjuiciamiento” porque no se produce solo en la administración, sino que alcanza al sector financiero, mercados, empresas y consumidores. Además, ha alertado de que las redes criminales internacionales ven en la corrupción política o administrativa una fuente de beneficios que pretenden acaparar y ha recordado que la corrupción afecta tanto al sector público como al privado. Para reforzar su lucha, ha considerado urgente la trasposición de las directivas europeas sobre contratación pública y la adopción de un nuevo y completo marco procesal penal que se aborde desde “un imprescindible pacto de estado”.

El nuevo curso judicial estará marcado, de hecho, por dos de los juicios más esperados de los últimos años: el de la trama Gürtel y el de las tarjetas “black”. Este mismo mes se sentarán en el banquillo más de sesenta usuarios de las polémicas tarjetas, acusados de apropiarse de forma indebida patrimonio de la extinta Caja Madrid por medio de un sistema “opaco”. Delante de la sección cuarta de la Audiencia Nacional serán interrogados, entre otros, los expresidentes de la entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

No será un otoño tranquilo en los tribunales porque en octubre comenzará uno de los juicios más esperados y con mayor atención mediática: la sección segunda de la Audiencia Nacional juzgará la primera época de la mayor red corrupta que afecta al PP, la trama Gürtel. En total 39 acusados, entre los que figuran el “capo” de la Gürtel, Francisco Correa, que se enfrenta a 125 años de cárcel, y su número dos, el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, a 85 años y medio. Compartirán banquillo con los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo.

Mientras, el Tribunal Supremo arrancará su año judicial con la declaración el próximo día 19, en calidad de investigado, del exconseller de Presidencia de la Generalitat catalana y diputado de DiL en el Congreso Francesc Homs, en relación con la organización de la consulta soberanista del 9-N de 2014.

En la inauguración del Año Judicial ha hablado también el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, que se ha centrado en rechazar las afirmaciones sobre politización de la Justicia “reiteradas durante años por opinadores de todo tipo y que se vinculan al modelo de gobierno judicial”. “No se ajustan a la verdad”, ha afirmado y ha dirigido un reproche a quienes critican esa supuesta politización: “A los jueces nos duele escuchar que esa justicia en la que creemos y por la que trabajamos no es independiente, que está politizada, que son los partidos políticos los que dirigen la acción de los jueces”,

En este sentido, Lesmes ha reivindicado, ante el debate abierto sobre la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, una “rabiosa independencia” de los magistrados y ha asegurado que los miembros de la carrera judicial actúan “sin aceptar injerencia alguna”. “Los jueces asumimos con entusiasmo cada día la responsabilidad de procurar una justicia imparcial, eficiente y de calidad”, ha continuado.

Además, ha señalado que, en la lucha contra la corrupción, “la acción de la Justicia no basta”, por lo que ha pedido regenerar la gestión pública. Según ha recordado, en el sistema judicial “no hay héroes ni seres excepcionales, ni está dotado de recursos extraordinarios”, sino que funciona gracias a la “suma de hombres y mujeres prudentes, honestos y capaces” de proporcionar una respuesta a la solución de conflictos”.