El apretado calendario judicial: Gürtel, las tarjetas black, la consulta soberanista…

Tras la pausa de agosto, el nuevo curso judicial arrancará con fuerza en los tribunales con dos de los juicios más esperados de los últimos años, Gürtel y las tarjetas "black". Ambos casos salpican al PP como partido o a exdirigentes populares que además han ocupado altos cargos en la Administración. Es el caso de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar, que será uno de los que desfilen ante los tribunales. Rato tendrá que declarar como testigo en el juicio de Gürtel y como imputado en el de la salida a Bolsa de Bankia (este juicio no se espera que comience hasta febrero) y en el de las polémicas tarjetas, el caso que corroboró el saqueo de Caja Madrid y posteriormente de Bankia, que tuvo que ser intervenida y rescatada con dinero público.

barcenas-rato-900Tan solo un día después del final del verano, el 23 de septiembre, se sentarán ante la sección cuarta de la Audiencia Nacional algunos de los rostros más conocidos de la España de los noventa, involucrados en este escándalo mediático que salpica a sindicatos y partidos de todo signo: las tarjetas “black” de la extinta Caja Madrid. Las defensas alegarán en las cuestiones previas una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales por parte de Bankia, cuyo actual equipo denunció y facilitó la documentación que demostraría que tales tarjetas estaban emitidas fuera del circuito ordinario. Después, el 30 de septiembre, empezará el interrogatorio de los 65 usuarios de las tarjetas, acusados de apropiarse de forma indebida del patrimonio de Caja Madrid por medio de un sistema “opaco”.

Previsiblemente inaugurarán la vista los expresidentes de la entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato, para quienes Anticorrupción solicita 6 y 4 años y medio de cárcel, respectivamente. Junto a ellos, Rafael Spottorno, Virgilio Zapatero, Romero de Tejada y Morán Santín son algunos de los que usaron las tarjetas opacas para gastos personales, por lo que el juez concluyó que existen indicios de administración desleal y de apropiación indebida que se extienden al resto de consejeros y altos cargos de Caja Madrid (miembros del PP, PSOE, IU, sindicatos y patronal, 66 personas en total que se sentarán en el banquillo). De respetar el programa, la sentencia llegaría antes de final de año, fecha en la que se espera que la instrucción de la pieza principal del caso, que investiga el supuesto fraude en la salida a bolsa de Bankia y en la que también está imputado Rato, ya haya concluido.

El juicio de las ‘black’ abrirá boca para otro que centrará todavía más la atención mediática: el que sentará en el banquillo el 4 de octubre a 39 acusados por la trama Gürtel, la mayor red corrupta que afecta al PP y que ha marcado la política de los últimos años. La sección segunda de la Audiencia Nacional juzgará la primera época de la red corrupta (1999-2005) y decidirá sobre la suerte de los cabecillas de la trama, exalcaldes, exconsejeros y hasta tres extesoreros del PP.

La Fiscalía sostiene que el presunto ‘capo’ de Gürtel, Francisco Correa, orquestó un complejo un entramado de empresas dedicadas a viajes y eventos para obtener contratos de administraciones públicas gobernadas por el PP al margen del procedimiento legalmente establecido. Empezaron a actuar en la década de los 90 del pasado siglo y sus actividades se prolongaron hasta los primeros años del 2000. De hecho, la investigación arranca de 2007. El sistema utilizado para lograr los contratos pasaba por los supuestos sobornos a decenas de cargos público del PP y de responsables del propio partido -de ahí que se haya derivado una pieza separada sobre su ‘caja B’ o presunta financiación ilegal- entre los que figuraban el entonces tesorero nacional, Luis Bárcenas, según dijo el propio Francisco Correa al denunciante que le grabó sin que lo supiera: “Yo, Paco Correa, le he llevado 1.000 millones de pesetas a Bárcenas… A Génova y a su casa”.

Correa se enfrenta a 125 años de cárcel, y su número dos, el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, a 85 años y medio. En el banquillo estarán los extesoreros Luis Bárcenas (42 años y medio), Ángel Sanchís (8 años) y Álvaro Lapuerta (3 años), así como el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (50 años y 10 meses) y el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo (46 años).

La sala ha fijado 31 sesiones hasta marzo sólo para cuestiones previas y declaración de los acusados, por lo que, ya en 2017, será el turno de los testigos, 300 en total, que garantizarán otra tanda de portadas a la cobertura del juicio. Y es que entre ellos hay cuatro exministros –Francisco Álvarez Cascos (Fomento), Ángel Acebes (Interior), Rodrigo Rato (Economía) y Jaime Mayor Oreja (Interior)- y la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.

Aunque el juicio por la primera etapa de Gürtel no arranca hasta el 4 de octubre, es probable que antes conozcamos la sentencia por los contratos de la trama con el Gobierno valenciano de Francisco Camps. En Valencia se juzgó a trece personas acusadas de nueve delitos por adjudicar entre 2005 y 2009 el stand de Fitur a la marca de la trama Gürtel en Valencia, Orange Market. La Fiscalía reclamó un total de 108 años de cárcel para ellos. En el banquillo dos exconsejeras de turismo del gobierno de Francisco Camps: Milagrosa Martínez y Angélica Such que se enfrentan a 11 y 9 años de prisión, respectivamente.

El PSOE, pendiente del caso de los ERE, su vía crucis judicial

Pero no solo el PP está en el punto de mira de la justicia. El PSOE tiene pendiente el juicio el juicio de la pieza política de los ERE, que acabó con la carrera de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a quienes el juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro atribuye un delito de prevaricación administrativa por haber permitido durante una década la concesión de ayudas sociolaborales a empresas en apuros a través de un sistema “claramente ilegal”. Los exconsejeros Gaspar Zarrías y Juan Antonio Viera se enfrentan a los mismos cargos y, además, sobre ellos pesa la acusación de haber incurrido en el delito de malversación.

Volviendo al PP, Rato tendrá doblete este septiembre y, aparte de sentarse en el banquillo de las “black”, deberá acudir a los juzgados de Plaza de Castilla el día 8 para declarar por la contratación como asesor externo en Bankia de su excuñado, Santiago Alarcó, citado ese día al igual que la exsecretaria del propio Rato, Teresa Arellano, siempre como investigados.

Otra de las antiguas entidades fusionadas en Bankia, Bancaja, protagonizará asimismo este curso después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela incoase diligencias contra una veintena de exconsejeros por los préstamos presuntamente concedidos de forma irregular al proyecto Grand Coral en el Caribe mexicano. El expresidente de Banco de Valencia Antonio José Tirado será el primero en comparecer el próximo 12 de septiembre, cuando comenzará una ronda de declaraciones en la que participarán los otros 22 integrantes del consejo señalados por la denuncia de Bankia Habitat en 2013.

El órdago del soberanismo catalán, también en el banquillo

El Tribunal Supremo también será foco mediático el 19 de septiembre con la declaración como investigado del exconseller de Presidencia de la Generalitat catalana y diputado de DiL en el Congreso Francesc Homs, en relación con la organización de la consulta soberanista del 9-N de 2014. Por ese mismo motivo, también están a punto de sentarse en el banquillo el expresident, Artur Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega, y la exconsejera, Irene Rigau. La Fiscalía les acusa de los delitos de desobediencia y prevaricación pero les exime del único que conllevaba pena de cárcel, la malversación. De momento, el Tribunal Constitucional sigue estudiando la petición de la Fiscalía de proceder por un delito de desobediencia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber incumplido las resoluciones del tribunal de garantías que paralizaron el proceso soberanista. La fase de alegaciones concluye el próximo 15 de septiembre.

Paralelamente, se investiga la llamada trama del 3%, el amaño de adjudicaciones públicas en favor de grupos empresariales afines a la antigua Convergencia cuyo principal referente, Jordi Pujol, tendrá que responder junto a su mujer y sus siete hijos sobre el origen de la fortuna familiar y sobre los negocios y cobro de comisiones que llevaron a cabo beneficiándose de su papel preponderante en la política catalana.

Mientras, el juez Eloy Velasco seguirá con las pesquisas de la trama Púnica de corrupción, en espera de fijarse fecha para el primer juicio, el del chivatazo a Francisco Granados por parte de un guardia civil. Otro juicio muy esperado, el de la contabilidad B del PP más conocido como ‘los papeles de Bárcenas’, también está pendiente de fecha. La investigación de la Operación Taula, la donación de mil euros al PP valenciano para financiar su campaña electoral que fueron devueltos en billetes de 500, ha dado pie a que la Fiscalía apoye la apertura de la causa contra la excalcaldesa de Valencia Rita Barberá. La decisión de Tribunal Supremo -Barberá es actualmente senadora y por lo tanto aforada- se espera en las próximas semanas.

Por otro lado, la final de año se espera una de las decisiones judiciales que más expectación suscitan puesto que afecta a la causa que ha sentado en el banquillo, por primera vez en la historia, a un miembro de la familia real, la Infanta Cristina, hermana de Felipe VI. El llamado caso Nóos quedó visto para sentencia en junio y el veredicto del tribunal no puede tardar ya más de unos meses.