La Fiscalía francesa pide juzgar a Sarkozy por la campaña de 2012

El revés judicial al que se enfrenta el expresidente le complica su candidatura al Eliseo, ya que la fiscalía pide juzgarle por una presunta financiación ilegal de su campaña de 2012 a lo que hay que sumar su imputación por el intento de comprar al magistrado Gilbert Azibert con una plaza en Mónaco

El expresidente conservador francés Nicolas Sarkozy se enfrenta en plena carrera electoral a la posibilidad de sentarse en el banquillo por presunta financiación ilegal de su campaña de 2012, cuando se vio batido por el socialista François Hollande.

La Fiscalía de París, según se difundió este lunes, quiere juzgarle junto a otros trece imputados en el llamado caso “Bygmalion”, escándalo bautizado así por la empresa que emitió facturas por unos 18,5 millones de euros para que la entonces Unión por un Movimiento Popular (UMP) asumiera gastos que correspondían a la campaña de Sarkozy.

La maniobra buscaba no superar el máximo legal de 22,5 millones por candidato, y Sarkozy no está inculpado en esta causa por fraude, sino por haber sobrepasado ese tope.

La petición de la Fiscalía se conoció a cuatro días de que se cierre el plazo de inscripción de las candidaturas para las primarias del centroderecha, y a poco más de tres meses de esos comicios, en los que aspira a volver al Elíseo en 2017.

Aparentemente sereno, según los medios, Sarkozy evitó dirigirse a la prensa personalmente y cerró este lunes con un “Buenos días” el interés de la prensa congregada a la entrada de su sede.

Fue su abogado, Thierry Herzog, el encargado de denunciar “una nueva maniobra política grosera que no resistirá, al igual que las otras, el examen de los hechos”.

El Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa francesa, ya invalidó en diciembre de 2012 esas cuentas, pero su decisión intervino antes de que se descubriera la maniobra de contabilidad lanzada para que la UMP, transformada en Los Republicanos, hiciera pasar como propios sus gastos.

Entre los otros trece imputados hay dirigentes de la UMP, responsables de la campaña presidencial, directivos de Bygmalion y de su filial Event and Cie.

Ninguno ha afirmado que Sarkozy estuviera al tanto de esas facturas, pero los investigadores sospechan que no podía ignorarlas.

Según la petición de la Fiscalía, publicada este lunes por el diario “Le Monde”, los magistrados estiman que Sarkozy dio instrucciones para aumentar los gastos pese a las recomendaciones en contra de los contables.

Y eso lleva al Ministerio Público a considerar que, aunque no está probado, “teniendo en cuenta su formación y gran experiencia en materia de campaña electoral, es lógico pensar que su mero conocimiento de haber sobrepasado el techo de los gastos implicaba” que sabía que se utilizaban medios fraudulentos para disimularlo.

Tras la posición de la Fiscalía, les corresponde ahora a los jueces de instrucción pronunciarse en el plazo de un mes si la hacen suya o si eximen de juicio a Sarkozy.

Si se decantan a favor antes de las primarias, previstas para el 20 y 27 de noviembre en primera y segunda ronda, sus posibilidades de ganarlas podrían verse afectadas.

Pero sus previsibles recursos harían que, aún en el caso de seguir adelante y de ganar tanto esas primarias como las presidenciales, el proceso para él se retrasaría hasta 2022, dado que como jefe del Estado gozaría de inmunidad.

Su principal adversario en las primarias, el exprimer ministro y alcalde de Burdeos, Alain Juppé, jugó limpio y evitó echar más leña al fuego.

Pero el también exjefe de Gobierno y candidato, François Fillon, subrayó que “la ejemplaridad es necesaria para gobernar” el país y se preguntó de forma retórica: “¿Alguien imagina al general De Gaulle imputado?”.

El otro caso en el que está involucrado de forma directa Sarkozy es el que investiga si, a cambio de tener información privilegiada en 2013 y 2014, intentó comprar al magistrado Gilbert Azibert con una plaza en Mónaco.

Tras quince horas arrestado, una circunstancia inédita para un exjefe de Estado, acabó imputado en julio de 2014 por “corrupción activa, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional”.