Granados cobró mordidas de Púnica del 20% y Marjaliza financió campañas del PP y del PSOE

David Marjaliza, presunto cerebro de la trama Púnica, acusó al exconsejero madrileño Francisco Granados de hacerse con hasta el 20% de las operaciones inmobiliarias que su empresa desarrolló en Valdemoro cuando él era alcalde, a través de una sociedad en la que figuraba la mujer de su jefe de gabinete Ignacio Palacios. Pero esa no fue la acusación más grave del promotor durante las 13 horas de confesión ante el juez del caso Púnica, Eloy Velasco. Después de todo, Granados lleva en prisión desde octubre de 2014. Marjaliza desveló también la financiación ilegal de las campañas del PP y del PSOE para las elecciones municipales de 2007 y 2011.

granados-900Lo que Marjaliza le contó al juez se ha conocido ahora gracias al levantamiento del secreto del sumario. El empresario hizo estas declaraciones durante tres días en junio de 2015 y unos meses después, en diciembre, Velasco le impuso una fianza de 100.000 euros para salir de prisión al entender que había colaborado de forma positiva con la investigación.

El exsocio de Granados ha concedido este martes una entrevista a La Sexta en la que se ha ratificado en todo lo que declaró ante el juez y ha pretendido presentarse como víctima de la trama de corruptores, es decir, como el corrompido que no tuvo más remedio que aceptar los manejos que se le propusieron para poder trabajar y “garantizar el puesto de trabajo de mis empleados”. Lo cierto es que del sumario se desprende que para Marjaliza, así como para todos los que colaboraron con él, fue una época boyante en el que el dinero fluía sin que el color político fuera un obstáculo. “Hemos pagado a prácticamente todos los partidos”, ha reconocido en la entrevista. Sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre extremos que podrían involucrar en el escándalo a personas que no aparecen en el sumario.

Por ese motivo, ha eludido contestar a una pregunta sobre si, en su opinión, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, estaba o no al tanto de cómo operaba la trama. Sí ha afirmado con rotundidad que “en la Comunidad de Madrid, cualquiera que quisiera ‘coger’ vivienda protegida tenía que pagar”. En cambio, en su declaración ante el juez el promotor sí admite que hubo financiación ilegal del PP de Madrid, del que Aguirre también era la máxima responsable. “¿Francisco Granados era partícipe en la recepción de comisiones para la financiación de la campaña (del PP)?”, preguntó el juez Velasco al cabecilla de la trama Púnica. Y el arrepentido contestó: “Yo no lo he visto, pero supongo que sí. Por comentarios que hacía: hay que pagar esto…, hay que pagar lo otro… todo esto lo decía en reuniones o en comidas”.

En otro momento de las grabaciones se escucha cómo la fiscal pregunta a Marjaliza “si se ha pedido dinero para algún partido político a través de los alcaldes” y el conseguidor de la trama responde “es verdad que en las campañas siempre ayudábamos, a unos con mítines, a otros cócteles, a otros con banderas, con coches”. Y pone ejemplos. “en Parla, Tomás Gómez, Pinto, en Valdemoro hablaba yo con el alcalde de turno, Aranjuez, Torrejón de Velasco”.

En total, Marajaliza y el constructor José Luis Capita -la tercera pata del ‘clan Valdemoro’ junto a Granados y el arrepentido- financiaron las campañas socialistas de Tomás Gómez en Parla, Jesús Dionisio Ballesteros en Aranjuez y Antonio Fernández en Pinto y las del Partido Popular en Valdemoro (Francisco Granados, José Miguel Moreno Torres y José Carlos Boza) y Torrejón de Velasco (Miguél Ángel López). “Y no pagué los de las elecciones de 2015 porque estaba en la cárcel”, aseguró con ironía el acusado en su declaración ante el juez.

maletinEn cuanto a una libreta con anotaciones manuscritas que le fue requisada a Granados, Marjaliza identificó algunas de las iniciales que figuraban en ella: “Yo puedo interpretar y que me suene J.L.M, entiendo que puede ser Javier López Madrid, B.G. será el gerente del partido a nivel regional, Beltrán (Gutiérrez), N.P. puede ser Nacho Palacios, y M.E. no sé quién es, no me suena nadie en la cabeza”. Finalmente, y a preguntas de la fiscal, admitió que ME podía significar yo en inglés. “¿A usted le consta que se quedaba (Granados) con una parte?”, quiso saber la representante del Ministerio Público. Y él respondió: “No, pero viendo esto, alguna vez hemos escuchado cosas, y como se dice, el que parte y reparte para sí la mejor parte”.

Hay que recordar que en febrero de este año, el juez Velasco ordenó una operación policial para registrar el domicilio y dos despachos del empresario Javier López Madrid, así como el domicilio y el despacho en el PP de Beltrán Gutiérrez Moliner. El magistrado investiga la presunta comisión de delitos de cohecho y blanqueo de capitales, dentro de otra nueva fase de la ‘Operación Púnica’ que, por ahora, permanece secreta. Granados anotó en su agenda múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por López Madrid a Gutiérrez. Durante otros registros efectuados el 18 de diciembre de 2015, la UCO -la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil- encontró un maletín con un millón de euros en un altillo en el dormitorio de los suegros de Granados.

Por cierto que, entre los supuestos perceptores de comisiones, Marjaliza también situó al actual consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, al explicar cómo la trama corrupta se benefició de la adjudicación de obra del plan Prisma, diseñado para reequilibrar el territorio. Según el promotor, González Taboada era quien “mangoneaba” todos los contratos amañados. “Yo el que sé que estaba ahí y le llamaba Nacho -Ignacio Palacios, jefe de gabinete de Francisco Granados y, según el imputado, el encargado de las comisiones que el político cobraba y pagaba- para preguntar era un director general, que dependía de Justicia e Interior, que se llamaba Jaime González Taboada, ahora diputado regional”, dijo el arrepentido.

Una vieja amistad interrumpida y luego retomada en beneficio mutuo

Según el sumario, Marjaliza relató que había conocido a Granados en Alianza Popular. Luego siguieron caminos diferentes, uno en la política y otro como promotor inmobiliario, y retomaron la amistad cuando nombraron alcalde a Granados. Fue entonces, según Marjaliza, cuando el político del PP le propuso aliarse con otro promotor mayor de la zona, Ramiro Cid Sicluna, para crear juntos una sociedad inmobiliaria en Valdemoro, cuyo nombre no llegó a recordar porque después la vendió y alegó además llevar ocho meses “perdido”, aludiendo a su estancia en prisión, de dónde salió unos meses después tras abonar la fianza impuesta por el juez cuando comenzó a colaborar con la investigación.

“Ahí empieza el tema”, destacó Marjaliza, al relatar que finalmente la sociedad la constituyó con ese promotor y la mujer del jefe de gabinete de Granados, Ignacio Palacios, a la que correspondía un 20% de las ganancias, si bien ese dinero era realmente para el exconsejero madrileño. “De alguna manera entiendo que es entre comillas su porcentaje”, puntualizó Marjaliza. El magistrado le preguntó si en dicha reunión Granados les prometió que recalificaría suelo rústico para que puediera construir, a lo que el promotor contestó que el exdiputado popular no lo dijo así de claro “pero se sobreentendía”.

Marjaliza relató además cómo Granados les animó a él y a Cid Sicluna a juntarse “para ayudarnos recalificando suelo” y obtener así un porcentaje de las ganancias derivadas de las operaciones inmobiliarias. Así, según su versión, desde 1999 hasta 2007 Granados se estuvo llevando entre 3.000 y 6.000 euros por cada vivienda que él promovía. “Si se adjudicaban los suelos a un determinado precio, tú lo pactabas y lo pagabas”, prosiguió, a lo que siguieron una serie de preguntas y respuestas del juez: “¿Y cómo se pagaba?”. “Con dinero”. “¿En mano?”. “Claro”. “¿Contante y sonante?. “Claro”. “¿Y se lo llevaba el señor Granados?”. “Claro”.

Según Marjaliza, las comisiones se daban normalmente en mano a Palacios y en ocasiones a Granados. El imputado dijo que era sencillo para el Ayuntamiento adjudicar las promociones a una determinada empresa porque los pliegos eran “tan amplios que es fácil que haya una decisión política a un lado u otro, y eso no hay técnico que pueda tumbarlo”. “Pero Granados no estaba en la mesa de negociación, ¿bastaba con una indicación política?”, le preguntó entonces el juez, a lo que contestó: “Sí, con una indicación política bastaba, había tanta subjetividad que era muy fácil”. De hecho, él ya sabía con antelación los terrenos rústicos que debía comprar porque se iban a recalificar a urbanizables, gracias a las reuniones que mantenía con Granados, quien le decía qué suelo adquirir.

En España, el 98 % de las viviendas protegidas llevaban comisión

A Marjaliza le interesaban mucho más las adjudicaciones destinadas a vivienda protegida que las dedicadas a vivienda libre. El motivo es que en los años en los que operaba la trama el 98 % de las viviendas protegidas en España se adjudicaban previo pago de comisiones a los ayuntamientos. La trama pagaba “paquetes” que podían ser de 200.000, de 300.000 o de 50.000 euros, casi siempre después de la adjudicación.

En las grabaciones del interrogatorio, cita el ejemplo de Parla, donde Tomás Gómez les habría adjudicado seis o siete parcelas de unas 400 y pico viviendas a cambio de que le pagaran esos mítines de sus campañas. Allí, trabajaban “sábados y domingos por la noche y había gente esperándonos en la cola”. El modus operandi era similar en muchos ayuntamientos del sur de Madrid, como Aranjuez, Valdemoro o Pinto. En el caso de Aranjuez, reconoció pagos a Jesús Dionisio Ballesteros y en el de Pinto al que fue alcalde del PSOE desde 1995 hasta 2003, Antonio Fernández Capita, por adjudicar viviendas en el municipio madrileño, aunque no recuerda cantidades.

Sobre Pinto, el juez le preguntó por el edificio Éboli, donde está la sede de decenas de empresas de Marjaliza, registradas durante la instrucción y donde fueron detenidas medio centenar de personas, entre ellas el propio Marjaliza y su socio Francisco Granados. “Ahí se hizo un concurso. Lo gestionó todo Capita (José Luis, otro promotor). Nosotros nos quedamos con la parte del hotel y las oficinas y el grupo Sonae portugués con la parte comercial”, explicó y añadió que “seguramente” se pagaron comisiones a través de sobres al entonces alcalde de la localidad madrileña. No obstante, fue él quien lo hizo, sino el empresario Capita: “Yo directamente no, pero Capita sí porque me pedía a mí el dinero”.

200.000 euros al jefe de gabinete del exalcalde de Valdemoro

Marjaliza también confesó al juez Velasco que pagó “más de 200.000 euros” al Alfredo Ovejero, jefe de gabinete del primer edil ‘popular’ de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, por la adjudicación de la gestión de los parquímetros de la localidad. A preguntas de Anticorrupción, precisó que, en los pagos, “estaría alguien más”. “Entiendo que el alcalde, porque iba a algunas reuniones y comidas”, dijo.

Marjaliza se refería, en concreto, a la adjudicación otorgada por el Consistorio en 2012 a Sacyr y una de sus filiales para controlar el estacionamiento regulado en la localidad del sur de la Comunidad de Madrid. “Se pagaron en varias veces, más de 150.000, yo creo que fueron ‘doscientos algo mil’, al año siguiente de la adjudicación”, dijo el empresario durante el interrogatorio. “Como fue en varias veces no me acuerdo”, agregó. “Hablábamos con el jefe de gabinete y él haría las gestiones oportunas”, explicó, en respuesta a las preguntas de las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García.

 

 

 

 

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