Qué instrumentos tiene el Gobierno para frenar a los secesionistas

El anuncio de los independentistas de que no están dispuestos a acatar más órdenes que las del Parlament catalán, tras la suspensión de la moción secesionista acordada ayer por el Tribunal Constitucional, abre una crisis inédita hasta ahora en España, ante la que el Gobierno asegura estar preparado. "Con templanza y con determinación, con firmeza, pero también con proporcionalidad", ha dicho en los últimos días el presidente el Gobierno, Mariano Rajoy, que actuará su Ejecutivo para garantizar el cumplimiento de la legalidad, la soberanía del pueblo español y la unidad del país.

Y es que hace tiempo que el Gobierno encargó a la Abogacía del Estado informes para contemplar todos los posibles escenarios y las herramientas con las que hacerles frente.

El marco actual, con el llamamiento a la desobediencia de los independentistas para no acatar la decisión del Tribunal Constitucional (TC) y cumplir sólo el mandato del Parlament para avanzar en la construcción de instituciones propias, es uno de los peores. Pero también hay respuestas para hacerle frente.

Desde el punto de vista jurídico, la reciente reforma de la Ley Orgánica del TC ha dotado al alto tribunal de capacidad para actuar contra los cargos públicos que incumplan sus resoluciones. Más aún en este caso, en el que el Constitucional ha apercibido personal y directamente a 21 cargos catalanes, entre ellos el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell.

“El Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplirlas y, una vez se reciba el informe o venza el plazo que se hubiera dado, podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, o encomendar al Gobierno de la nación, aún en funciones, la ejecución sustitutoria”, dice la norma citada. Unas previsiones que podrían ponerse en marcha “sin perjuicio de que puedan exigirse las responsabilidades penales que correspondan”.

Al margen de esta vía, existe una medida calificada como “extrema” por algunos partidos, pero que no es descartable, como sería aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno adoptar “las medidas necesarias” para obligar a una comunidad al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del interés general.

Previa aprobación por el Senado, este artículo podría llegar a suponer la suspensión de la autonomía, aunque permite al Gobierno también modular medidas menos traumáticas, por ejemplo, acotar determinadas funciones o el cierre temporal del Parlament.

Algunos juristas advierten de la dificultad política de imponer este artículo, pues el hecho de que no se haya desarrollado supone que no se contemple legalmente cuándo y bajo en qué condiciones el territorio recuperaría su autonomía.

Junto a todos esos supuestos, el Gobierno dispone de otros instrumentos para atajar la deriva secesionista, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012, o la Ley de Transparencia, que entró en vigor en diciembre del año pasado.

Con la primera de ellas, el Gobierno puede multar, paralizar la entrega de fondos a una comunidad o incluso intervenir en sus finanzas si, por ejemplo, incumple de manera grave los objetivos de déficit.

No se ha llegado, de momento, a aplicar ninguno de estos preceptos, pero lo cierto es que el departamento que dirige Cristóbal Montoro acaba de enviar una carta a la Generalitat catalana -también al Ayuntamiento de Zaragoza- pidiéndole un nuevo programa de ajustes de 1.318 millones este año tras el gasto descubierto el pasado mes.

Desde hace unos días hay también otra polémica entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Generalitat de Cataluña a cuenta del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Mientras el primero mantiene que los pagos del FLA se están transfiriendo puntualmente cada mes, sin retrasos y según las propuestas que realizan las propias comunidades autónomas, la segunda se queja de que se le deben unos 2.600 millones de euros.

En cuanto a la Ley de Transparencia, contempla cerca de cuarenta infracciones, la mayoría muy graves, en materia de gestión económico-presupuestaria y disciplinarias, con sus correspondientes sanciones, entre ellas la no percepción de la pensión indemnizatoria en el caso de las graves y la destitución e inhabilitación de hasta diez años, en el de las muy graves.

No obstante, no está claro si con esta ley se podría inhabilitar a Artur Mas o a Carme Forcadell de sus cargos y, en cualquier caso, no podría despojárseles de sus actas de diputado.

Sea como sea, habrá que esperar a ver los pasos siguientes de los independentistas.