El Constitucional suspenderá el proceso secesionista catalán a instancias del Gobierno

El Consejo de Estado considera que "existen fundamentos jurídicos suficientes" para impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración independentista aprobada por el Parlamento catalán, ya que, según destaca, esa resolución "implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española y su declarada insumisión a las instituciones del Estado". Según añade, niega el "orden constitucional vigente en su conjunto". Así se recoge en el informe preceptivo que ha elaborado el Consejo de Estado, que esta mañana ha aprobado por unanimidad la Comisión Permanente de este órgano consultivo. Esto por lo que se refiere a la primera instancia de las actuaciones contra la moción secesionista. En un segundo plano, la Fiscalía también ha dado un paso al frente ante la posible desobediencia a la orden de suspensión del TC.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha ordenado a los Mossos d’Esquadra, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que actúen si en el proceso independentista catalán se produjera un delito de sedición, ya que encajaría dentro de los “delitos contra la forma de Gobierno”, competencia de este tribunal. De acuerdo con el artículo 548 del Código Penal, el delito de sedición se aplica a quienes se alcen públicamente para impedir la aplicación de las leyes. Si es una autoridad política quien comete la sedición o sublevación, como en este caso, se enfrentaría a una pena de 10 a 15 años de cárcel e inhabilitación. Consideran los expertos de la Fiscalía que la justicia sancionaría este delito en caso de que se produzca un alzamiento de un sector de la población a cargo de los responsables políticos.

En la instrucción librada el pasado jueves, el fiscal Javier Zaragoza afirma que la Audiencia Nacional sería competente para actuar contra las personas no aforadas, con lo que quedarían fuera los diputados autonómicos y los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat, que serían investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, en su caso, el Supremo. Sin embargo, esta resolución sí afectaría a los restantes partícipes en los actos independentistas, como podrían ser “otras autoridades, funcionarios públicos o particulares”.

La Audiencia Nacional podría ejercer su competencia en este caso si se ejecutan “actos constitutivos de rebelión y sedición cuando la finalidad o el propósito de los mismos sea cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, en el caso en cuestión de la Comunidad Autónoma de Cataluña”. Según Zaragoza, los actos que persigan ese fin violan la Constitución porque “se ejecutan con el propósito de cambiar ilegalmente la organización del Estado” y las fuerzas de seguridad deberán actuar desde el momento en que el Tribunal Constitucional invalide la resolución independentista aprobada en el Parlament catalán, ya que solo entonces quedaría certificada su ilegalidad.

Este delito de sedición podría conllevar también, avisa el fiscal jefe, los de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones y el uso indebido de fondos públicos, que serían competencia de la Audiencia Nacional como delitos conexos. Además, Zaragoza recuerda que en el caso del delito de sedición se sanciona asimismo “la conspiración, la proposición y la provocación” para cometerlo, y añade que no es necesario que se emplee “fuerza o violencia” para incurrir en él, sino solo el hecho de “impedir la aplicación de las leyes y el normal funcionamiento de las instituciones”.

El fiscal jefe menciona en el escrito, de once páginas, otros delitos contra las instituciones del Estado -competencia de la Audiencia Nacional- que “presumiblemente pueden ser cometidos en el curso de este ilegal proceso independentista”, como invadir con fuerza la Asamblea Legislativa, alterar su funcionamiento e impedir a sus miembros acudir a sus sesiones. Similares casos ocurrirían si se injuria, se amenaza o se invade de forma violencia instituciones como el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, el Tribunal Constitucional, el Supremo o el CGPJ, o a las propias fuerzas de seguridad del Estado.

Así, el fiscal jefe ordena a las distintas fuerzas de seguridad del Estado y a los Mossos que si conocen de algún hecho delictivo elaboren un informe o atestado con los datos de “ejecución, autoría, participación, circunstancias concurrentes” y lo remitan a los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. Además, les manda practicar “las diligencias necesarias para acreditar los hechos delictivos y determinar las responsabilidades penales exigibles”. Concretamente, se dirige al secretario de Estado de Seguridad, a la delegada del Gobierno en Cataluña, al comisario general de Información de la Policía Nacional, al jefe superior de la Policía de Cataluña, al general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, al general jefe de la Séptima Zona de la Guardia Civil, el director general de la Policía de la Generalitat y al comisario general de los Mossos.

Fundamentos jurídicos del dictamen del Consejo de Estado

Paralelamente a la orden de la Fiscalía, el Consejo de Estado ha aprobado su dictamen dando luz verde al recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la moción independentista y cuyo primer fundamento jurídico apela al artículo 161.2 de la Constitución: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.

Además de a este precepto constitucional, el Consejo de Estado se refiere a dos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que aluden a la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas: el 76 -“ Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde que llegare a su conocimiento, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de Ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas”- y el 77 -“ La formulación de la impugnación comunicada por el Tribunal producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida hasta que el Tribunal resuelva ratificarla o levantarla en plazo no superior a cinco meses, salvo que, con anterioridad, hubiera dictado sentencia”-.

Como era de esperar, el Consejo de Estado tiene en cuenta que la decisión de crear un “estado catalán independiente”, que se reconoce de forma explícita en la moción aprobada por el Parlament, va en contra de la soberanía nacional, que reside en el “pueblo español” y de la unidad del Estado español, tal y como indica la Constitución en sus artículos 1.2 -“ La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”- y 2 -“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”-. Lo enunciado en el apartado 2 del artículo 1 significa que los que mandan en España son los españoles. España no es titularidad de ninguna familia, casa o Rey, sino del conjunto de los españoles. E implica que una parte de la ciudadanía, los catalanes en este caso, no pueden decidir por su cuenta el futuro político de su comunidad ni su futura relación con el resto del Estado.

El dictamen también destaca el hecho de que la resolución advierta de su intención de desobedecer al Tribunal Constitucional lo que, a su entender, es expresión de una voluntad de desobediencia o desacato a la Constitución y comporta una conculcación “inmediata” del principio de primacía de la Constitución como norma fundamental. Por tanto, vulnera el artículo 9 que sostiene que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

En la petición al Consejo de Estado que realizó el Gobierno, este adelanta que su intención es pedir al Constitucional que, cuando suspenda la resolución, la decisión sea notificada a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell; al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas; a los miembros de la Mesa, Lluís Corominas (Junts pel Sí), José María Espejo (Ciutadans), Anna Simó (Junts pel Sí), David Pérez (PSC), Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que es Pot), Ramona Barrufet (Junts pel Sí).

Por lo que se refiere a los dos primeros, la impugnación ante el Constitucional hace referencia a la reciente reforma de la Ley Orgánica del tribunal y reclama que la notificación vaya acompañada del apercibimiento expreso de suspensión de funciones así como de “procederse por el delito de desobediencia de los mandatos judiciales, en caso de incumplimiento”. Cabe recordar que el artículo 92.4 de la LOTC, fruto de la reforma, establece lo siguiente: “En caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto.

Recibido el informe o transcurrido el plazo fijado, si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar cualesquiera de las medidas siguientes:

a) Imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado.

b) Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal.

c) La ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales. En este caso, el Tribunal podrá requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones”.

Está previsto que, esta misma tarde, se reúna la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado, que preside la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Se trata del último paso previo al Consejo de Ministros que, este miércoles, autorizará al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la declaración secesionista, que fue aprobada con los votos de los 72 diputados de Junts pel Sí (JxS) y la CUP.

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