Rajoy solo utilizará en Cataluña al TC y Forcadell cree que ‘no se atreve a aplicar la ley’

El Parlamento de Cataluña aprobará este lunes la propuesta de resolución pactada por Junts pel Sí (JxS) y la CUP que solemniza el inicio del proceso hacia la independencia. El debate viene precedido de un nuevo desafío de la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, que cree que Mariano Rajoy no se atreverá a aplicar todo el peso de la ley en contra del ‘procés’. Y es que todo indica que el Gobierno central no quiere recurrir a medidas de sanción contra la autonomía antes de las elecciones generales si, una vez suspendida la moción por el Tribunal Constitucional, los independentistas siguen avanzando hacia su ‘república independiente’.

mas-900La impugnación se formalizará el martes, una vez que el Ejecutivo haya escuchado el preceptivo informe del Consejo de Estado. Después, será el turno del Consejo de Ministros que celebrará una reunión extraordinaria para autorizar el recurso de inconstitucionalidad. Concretamente, el Gobierno pedirá al TC la suspensión cautelar de la resolución en aplicación del artículo 161.2 de la Carta Magna, que establece la suspensión automática durante un plazo de cinco meses de una norma autonómica cuando la impugne el Ejecutivo central. Según los cálculos con los que trabaja el Ejecutivo, el TC podría reunirse el miércoles 11, admitir a trámite el recurso del Ejecutivo y dejar en suspenso la iniciativa independentista.

La gran incógnita es qué ocurrirá después, habida cuenta de que la moción que va a aprobar el Parlament insta a desobedecer las leyes del Estado español, aunque no lo diga expresamente. En el primero de los nueve puntos de los que consta la resolución se hace notar que el mandato democrático obtenido el 27S refleja una mayoría de diputados independentistas y “una amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado”. El texto plantea declarar “solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república” y proclamar la apertura de un “proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo” para “preparar las bases de la futura constitución catalana”. El texto procura evitar el empleo explícito del término desobediencia que defendía la CUP, pero sí deja claro que el Parlament, como “depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente”, y el “proceso de desconexión democrática” de España “no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del TC”, a quien JxS y la CUP consideran “deslegitimado y sin competencia”. Una deslegitimación que proviene, según se hace constar, de la sentencia de 2010 en la que recortó aspectos fundamentales del Estatut aprobado en referéndum.

La iniciativa va más allá e insta al nuevo Govern a “cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados” del Parlament, a fin de “blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español”. La resolución también prevé que el Parlament adopte las medidas necesarias para abrir este “proceso de desconexión democrática, masiva, sostenida y pacífica con el Estado español”, de manera que permita el “empoderamiento de la ciudadanía a todos los niveles y en base a una participación abierta, activa e integradora”. Asimismo, se declara la voluntad de iniciar negociaciones para hacer efectivo el “mandato democrático de creación de un estado catalán independiente en forma de república” y de ponerlo en “conocimiento del Estado español, de la Unión Europea y del conjunto de la comunidad internacional”.

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En cumplimiento del espíritu y la letra de la moción, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha asegurado que llegará “adonde sea para cumplir el mandato democrático de las urnas del 27S, porque es lo que me toca”. En una entrevista que publica “El Nacional.Cat”, Forcadell responde así a la posibilidad de que pudiera incurrir en responsabilidades jurídicas y políticas por el aviso del Tribunal Constitucional de que la Cámara autonómica debe velar por el cumplimiento de la Constitución. Preguntada por si se siente “amenazada” por esta situación, Forcadell afirma que “más que sentirme yo amenazada, me parece que se amenaza la democracia y la soberanía del pueblo” e insiste en que no se está incurriendo en desobediencia porque “estamos cumpliendo el mandato democrático que surgió de las urnas”. En este sentido, asegura que “Carme Forcadell, en sí misma, es irrelevante” y cree que el Gobierno “no se atreverá” a aplicar la Ley de Seguridad Nacional porque, a su juicio, “delante del mundo, el Estado español se retrataría, eso lo debilitaría, y, en todo caso, favorecería a Cataluña”.

Forcadell, como los demás líderes del independentismo, sigue amparándose en una supuesta mayoría a favor de la secesión, una afirmación que no responde exactamente a la realidad. Si en las elecciones del 27 de septiembre la suma de votos de Junts pel Sí y la CUP no alcanzó el 50% de los sufragios, ahora hay nuevos datos que desmienten a la presidenta del Parlament. Según una encuesta del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) publicada este domingo por ‘El Periódico de Catalunya’, el 51,9% de los catalanes está en contra de que el Parlament impulse actos de desobediencia. La propuesta soberanista de Junts pel Sí y la CUP obtiene el apoyo del 35,6% de los encuestados, mientra que la mejor salida para casi la mitad (46,5%) pasa por intentar reclamar de nuevo al Estado la celebración de una consulta acordada, una solución “a la escocesa” que a día de hoy tan sólo defiende Podemos, entre los cuatro principales partidos españoles. Esta sería la opción de la mayoría de votantes del PSC, Catalunya Sí que es Pot, Unió e, incluso, la CUP, y también sería una solución que apoyarían los seguidores de Ciutadans, con un 41,3% frente al 39% que preferiría la convocatoria de nuevos comicios.

Los votantes de JxSí se muestran divididos en este aspecto: pese a no haber podido realizar un referéndum legal y autorizado hace un año, el 45,3% preferiría intentar explotar con el nuevo Gobierno español que se constituya después del 20 de diciembre una consulta pactada, mientras que el 41,5% aplaudiría la ruptura unilateral y el 18,7% apostaría por proclamar una Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Rajoy prefiere no imponer medidas de fuerza antes del 20-D

En cuanto a lo que dice el Gobierno central, sus planes siguen siendo un misterio más allá del anunciado recurso al Tribunal Constitucional. El ministro de Justicia, Rafael Català ha asegurado este domingo que el Ejecutivo “no va a permitir el desafío soberanista” y que tiene “todas las capacidades” para parar a los que quieren romper la unidad, además de asegurar que Artur Mas no está para promover procesos secesionistas. “Tendremos todas las capacidades para parar cualquier movimiento que lo que pretenda sea romper la unidad de España, hacer que unos españoles sean distintos que otros, romper con la igualdad de derechos. Ningún gobierno del PP y menos el de Mariano Rajoy va a permitir este desafío soberanista”, ha aseverado.

Según Català, no van a permitir “estos planteamientos por la independencia, que lo único que llevan es a la ruina, a la pobreza y a la pérdida de derechos y servicios del conjunto de catalanes y españoles”. El ministro se ha mostrado confiado en que el Tribunal Constitucional “proceda a su suspensión” (de la declaración del Parlamento catalán) tras la impugnación del Gobierno si se aprueba mañana y ha asegurado que quien no cumpla las leyes “tendrá enfrente al Gobierno defendiendo nuestro modelo de convivencia”.

Lo que no han aclarado ni Catalá ni ningún otro miembro del Gobierno es qué ocurrirá si, pese a la suspensión de la resolución independentista que sin duda dictará el Tribunal Constitucional, se ponen en marcha iniciativas como la creación de instituciones propias que menciona la propuesta de resolución para consumar la ruptura con el Estado español. Frente a quienes opinan que habría que tomar ya medidas de fuerza como la aplicación del artículo 155 de la Constitución que ampararía la suspensión de la autonomía, Rajoy parece dispuesto a seguir esperando, convencido de que hasta después de las elecciones generales no habrá un peligro real de que esas iniciativas -que requieren la tramitación parlamentaria de las leyes propias a las que pretenden acogerse los independentistas- se concreten.

Incluso aunque el presidente decidiera aplicar la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que castiga el incumplimiento de sus resoluciones y que supondría la suspensión en sus funciones de Forcadell, lo más probable es que la medida no se sustanciara antes de que haya un nuevo Gobierno en España. En cualquier caso, la notificación de la suspensión de la moción independentista le será comunicada a la presidenta del Parlament y será ella quien asuma toda la responsabilidad, como ya le hizo saber el propio tribunal la semana pasada. Cuando el TC decidió permitir que se celebrara el pleno de este lunes, advirtió claramente a Forcadell de que es a ella a quien corresponde velar por la constitucionalidad de la sesión parlamentaria y de la adecuación a la Carta Magna de lo que se apruebe en la misma.

Quien ha vuelto a reclamar que se actúe inmediatamente es el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha asegurado sentirse muy preocupado con la resolución que se debatirá este lunes y ha señalado que “se tiene que recurrir en el minuto uno, el Gobierno tiene que recurrirla y el Constitucional tiene que suspenderla y anularla”. “Es un día preocupante para la democracia española porque en un Parlamento Autonómico, unos partidos políticos pretenden debatir y aprobar una moción que dice que las leyes vigentes dejen de estar vigentes en Cataluña, que dicen que el Tribunal Constitucional no tiene jurisdicción sobre Cataluña y en definitiva que se saltan la leyes democráticas y la democracia española”, ha afirmado.

En esa moción se habla de la mayoría de los catalanes “cuando es mentira, cuando la mayoría de los catalanes están con la Constitución, con la democracia y han votado a partidos y van a votar a partidos en la Generales que defendemos un modelo de convivencia entre españoles”, ha dicho y ha añadido. “No se pueden salir con la suya, hay que recurrir esa moción y esperemos que la democracia aunque tenga que soportar un debate como éste sea capaz de aguantar y sea capaz de anular esa moción”.

Mas no será investido en la primera votación y puede que tampoco en las siguientes

Para cuando no quede más remedio que echar mano de todos los mecanismos disponibles para hacer cumplir la legalidad vigente, cabe incluso la posibilidad de que el Gobierno que salga del 20-D tenga en Cataluña un interlocutor que no sea Artur Mas. Este lunes por la tarde, una vez aprobada la resolución de Junts pel Sí y la CUP, se procederá a la primera votación de investidura del único candidato presentado para presidir la Generalitat, el actual president en funciones. Mas necesitaría la mayoría absoluta de la cámara para ser investido, algo que no le pueden garantizar los 62 votos de JxS. Necesitaría el apoyo de la CUP, que tiene diez diputados y que ya ha dicho que no piensa respaldarle. En caso de perder esta primera votación, Mas dispondría de una segunda oportunidad al cabo de dos días, el jueves, con una segunda votación en la que le bastaría la mayoría simple, lo que implica que podría ser investido con el apoyo de JxS, más dos diputados de la CUP y la abstención del resto del grupo de la izquierda independentista y anticapitalista.

Si tampoco en la segunda votación consigue ser investido el nuevo presidente catalán, algo que no ha ocurrido nunca, Forcadell tendrá que abrir de nuevo consultas para proponer candidato. Se abriría un plazo de dos meses para celebrar más debates de investidura y, si el 10 de enero no hubiese sido posible obtener la mayoría necesaria para nombrar al nuevo presidente, el Estatut prevé la convocatoria automática de elecciones anticipadas, que se celebrarían en marzo. Esa es un opción que no convence a la CUP que, tras su férrea oposición a la investidura de Mas, explora otras alternativas. El diputado de la formación, Benet Salellas, cree que la actual vicepresidenta en funciones de la Generalitat, Neus Munté, reúne “requisitos positivos” para poder ser postulada como candidata de consenso a la presidencia.

En una entrevista en RAC1, Salellas ha destacado el perfil socialdemócrata y el hecho de no estar “vinculada ni salpicada” en casos de corrupción. “Pensando en alguien de CDC es positivo”, ha dicho. Salellas, sin embargo, no ha querido revelar que ese sea el nombre que pondrán sobre la mesa de negociación con Junts pel Sí, al reiterar de nuevo que votarán en contra de la investidura de Artur Mas este lunes. Salellas, que ha descartado nuevas elecciones, ha criticado que algunos sectores de CDC “jueguen la carta de Mas o nada”. Posteriormente, en declaraciones al programa El suplement de Catalunya Ràdio, Benet Salellas no ha querido dar ninguna pista, si bien ha hablado bien tanto Raül Romeva como de Neus Munté, insistiendo de que no apoyarán Mas. Ha asegurado que unas nuevas elecciones “es un escenario que no se lo plantea a nadie” y ha afirmado que todos los que salieron escogidos el 27S tienen la obligación de hacer realidad el mandato democrático. El diputado de la CUP cree que “dentro del 9 de enero hay tanto de tiempo que estoy seguro de que encontraremos mucho antes una solución”.

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