JxSí y la CUP blindan derechos sociales en su moción de cara a la investidura de Mas

Los grupos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han presentado hoy un anexo al punto ocho de su propuesta de declaración para iniciar el proceso hacia la independencia con la finalidad de "blindar" derechos básicos en materia de pobreza energética, vivienda, sanidad, educación, entre otros. Se trata de un capítulo de tinte social que, presumiblemente, recoge todos los avances que ya se han producido en las negociaciones entre las dos formaciones independentistas para la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat.

romeva-cup-448El dirigente de la CUP, Antonio Baños, ha desvinculado este acuerdo de la investidura de Mas pero el blindaje de los derechos sociales que defienden tanto la formación anticapitalista como la izquierda parlamentaria que se agrupa en Catalunya Sí que es Pot, la plataforma en la que participa Podemos, no deja de ser un claro guiño a ambos grupos parlamentarios. De hecho, JxSí ha hecho posible que en el mismo pleno en el que se debatirá su resolución independentista se vea también otra propuesta del grupo que encabeza Lluís Rabell para pedir al Congreso una reforma de la normativa sobre referéndums que permita el ejercicio del derecho a decidir en Cataluña. JxSí ha cedido la firma de 17 de sus diputados para que la propuesta de SQEP pudiera tramitarse de urgencia y podría incluso votar a favor de un texto que considera superado por las circunstancias pero que no es incompatible con sus propios planteamientos.

El anexo que se ha incorporado este viernes a la propuesta de resolución -ha sido presentado en el registro del Parlament esta misma mañana- será votado conjuntamente con el resto del texto de la resolución que Junts pel Sí y la CUP pactaron la semana pasada. La resolución apuesta por la “desconexión” de Cataluña del Estado y por que las resoluciones aprobadas por las instituciones catalanas no quedarán supeditadas a las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).

Entre los derechos fundamentales que quedan incluidos en el anexo figuran el de que los ciudadanos puedan disponer de medidas que garanticen el acceso a los suministros energéticos básicos (pobreza energética), pero también en materia de vivienda, sanidad, educación, libertades públicas, y administraciones locales.

El texto del anexo se refiere, asimismo, a cuestiones como garantizar los derechos a las personas refugiadas políticas procedentes de otros países, y también al aborto, un aspecto sobre el cual se remite al cumplimiento de que estipula la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Ley 17/2015 de 21 de julio).

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