El Gobierno usará ‘toda la maquinaria’ para suspender la moción soberanista y avisa a Forcadell de que el TC alude a ella

La Mesa del Parlament ha aprobado que el lunes a las 10 horas se debata en el pleno la propuesta de resolución independentista de JxSí y la CUP, que tiene garantizada su aprobación porque la suma de ambas formaciones (62 votos + 10) supera la mayoría absoluta, que se sitúa en los 68 diputados. Inmediatamente después, si el pleno del Parlament aprueba la moción "ignorando la propia advertencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la obligación que tienen de velar por la Constitución, el lunes se iniciarán los trámites para el recurso (de inconstitucionalidad)", en palabras de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Para que el recurso se presente, es preciso que lo apruebe el Consejo de Ministros, que será extraordinario dado que el lunes es festivo en Madrid. Antes, se pedirá el preceptivo informe con carácter de urgencia al Consejo de Estado. En definitiva, el Ejecutivo central actuará en “los mínimos plazos en que podamos recabar los informes” y, en todo caso, la moción quedará suspendida “esa misma semana”, ha señalado Sáenz de Santamaría que ha advertido de que “pueden inventarse las cláusulas que quieran, dicen que el papel lo aguanta todo, pero no se van a saltar la Constitución ni las leyes”.

Lo más probable es que el Constitucional admita trámite el recurso el miércoles, con lo que la declaración del Parlament quedará automáticamente suspendida como ya ocurrió en 2013 con la declaración de soberanía que establecía que Cataluña es un “sujeto jurídico y político soberano”. Santamaría ha recordado que entonces se obtuvo una sentencia favorable por unanimidad. Ha destacado, por otra parte, que en el informe del TC en el que se admiten los recursos de PSC, PP de Catalunya y Ciutadans, el tribunal advierte de que el el Parlament tiene la obligación de velar por respeto a la Constitución, y que si no lo hace, ese tribunal actuará como ya hizo con la declaración de soberanía.

Por cierto que Santamaría ha considerado que “sin ningún género de dudas” la primera persona que debe sentirse aludida por el aviso del Tribunal Constitucional de que el Parlament debe velar por el cumplimiento de la Constitución es su presidenta, Carme Forcadell. Al ser preguntada sobre si la primera persona que debería sentirse aludida por ese aviso sería la presidenta de la Cámara catalana, la vicepresidenta no ha titubeado: “Sin ningún género de dudas”, tanto jurídicamente como políticamente. Forcadell debe velar como presidenta del Parlament para que no se vulneren los derechos de los diputados, ha apuntado, y ha invitado a los periodistas a imaginarse qué ocurriría si el presidente del Congreso o del del Senado dejaran de amparar los derechos de la mitad de la cámara.

De esta forma, Santamaría ha justificado que en el mismo minuto en que se apruebe la moción, el Gobierno pondrá en marcha “toda la maquinaria con urgencia para que se suspenda y sea declarada inconstitucional”. A partir de la suspensión, y según ha recordado la vicepresidenta, “no se podrán llevar a cabo acciones contrarias de suspensión” y, en el caso de que se produzcan, “el Gobierno actuará con proporcionalidad y prudencia”. Santamaría ha insistido en que “una vez que la declaración se anula, es como si no hubiera existido”, de manera que “no se pueden desplegar ninguno de sus efectos” y, si alguien lo quiere hacer, “hay mecanismos variados y amplios” para impedirlo. En cuanto a la aplicación de unos u otros, la dirigente ha señalado que “dependerá de cómo y cuándo se produzca, pero con firmeza y proporcionalidad”.

En cuanto a la ampliación de la moción presentada este mismo viernes por Junts pel Sí y la CUP, Santamaría ha recriminado que estas formaciones “no se pueden blindar por el incumplimiento de la ley” porque “España es un Estado de derecho y una democracia consolidada” y, mientras este Gobierno lo sea, “usaremos cuantos instrumentos sean necesarios”. La vicepresidenta esgrimido los apoyos con que cuenta el Ejecutivo y ha asegurado que desde el Gabinete de Rajo se sienten “arropados por formaciones políticas y entidades del tejido social” a favor del respeto a la ley, de manera que “cada actuación al margen de la ley tendrá una respuesta del Gobierno pero también del Estado, porque esto es una cuestión de Estado”.

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