El TC permite por unanimidad que el Parlament debata la moción independentista

El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad la suspensión de la tramitación de la moción independentista de Junts pel Sí y la CUP en el Parlament ya que ello constituiría "un control de constitucionalidad sobre una resolución que no se ha adoptado y cuyo contenido se desconoce". Los magistrados evitan hurtar al Parlament el debate político cuya residencia natural es, precisamente, la Cámara autonómica. Otra cosa es lo que hagan una vez que la moción se haya aprobado y sobre eso el TC también aporta algunas pistas. Este pronunciamiento es la respuesta a la solicitud de medidas cautelares que habían planteado el PPC y Ciudadanos en los recursos de amparo que presentaron el miércoles.

En sendos autos, el tribunal de garantías señala que pese a ser consciente del “riesgo” de que el Pleno del Parlament apruebe una resolución acorde con la propuesta separatista anunciada “ello no debe llevar a distorsionar el momento asignado por el Ordenamiento constitucional a cada institución para ejercer sus competencias”. Añaden que aunque la ley permitiría suspender cautelarmente la ejecución de cualquier acto que sea objeto de un recurso de amparo, hay que tener en cuenta que el Parlamento “es la sede natural del debate político” y el resultado de este debate “no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate”.

Los recursos de amparo no entrañan la suspensión automática de la actuación contra la que van dirigidos, tal y como sucede con los recursos de inconstitucionalidad. No obstante, el Tribunal Constitucional habría podido forzar un pronunciamiento que impidiera la celebración del llamado ‘pleno de la ruptura’ -el que se celebrará el próximo lunes, 9 de noviembre para debatir, votar y, previsiblemente, aprobar la moción independentista- habida cuenta de las circunstancias excepcionales que concurren en este caso. Pero en aras de la unanimidad que se quiere mantener en todo lo relativo a asuntos de Estado tan delicados como los que atañen a la relación de Cataluña con el Estado español, la opinión mayoritaria se ha inclinado a favor de utilizar la artillería pesada cuando el Parlament dé luz verde a la moción y el Gobierno presente su recurso de inconstitucionalidad.

Por otra parte, no existen antecedentes jurídicos de anulación por el TC de acuerdos parlamentarios. Baste recordar el caso que llevó al Constitucional, en abril de 2004, a inadmitir los recursos presentados por el Gobierno contra los acuerdos del Gobierno Vasco que aprobaron el denominado “Plan Ibarretxe”. Se trataba de adoptar medidas contra la decisión de la Mesa del Parlamento vasco que dio luz verde al inicio de la tramitación del proyecto. Siempre que se han pedido medidas cautelares en un recurso de amparo se ha hecho para tratar de dejar en suspenso ejecuciones de sentencias cuyo cumplimiento podría afectar gravemente a derechos fundamentales de las personas. Además, el Tribunal Constitucional sólo ha acordado este tipo de medidas de forma excepcional.

Eso sí, en sus autos los magistrados aprovechan para recordar al Parlament que “es a la propia cámara autonómica a la que corresponde velar por que su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución”. Las asambleas parlamentarias, insisten, deben vigilar por el cumplimiento de la Constitución y la ley, sin perjuicio “de que la última palabra” corresponde al TC. En este sentido, apelan a la sentencia que anulaba por inconstitucional la declaración de soberanía adoptada por el Parlamento catalán del 23 de enero de 2013.

Una vez superado el trámite parlamentario, habrá llegado el momento de que hablen los jueces porque las resoluciones de un poder público, “cualquiera que sea”, no afectan a las competencias del Tribunal Constitucional, que “ejercerá, cuando proceda, con prudencia y determinación”. Se refiere el TC a la resolución que tendrá que adoptar sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentará el Gobierno al día siguiente del ‘pleno de la ruptura’, es decir, el martes 10 de noviembre, según han confirmado tanto Mariano Rajoy como el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Fuentes de ese departamento han explicado que para ello se reuniría a primera hora de la mañana el Consejo de Estado para emitir su preceptivo informe y, una vez cumplido ese trámite, lo haría el Consejo de Ministros para autorizar el recurso ante el Constitucional. En principio, sería un representante de la Abogacía del Estado el responsable de presentar el recurso en la sede del tribunal de garantías, aunque no se descarta que lo haga directamente un miembro del Gabinete de Mariano Rajoy.

El Gobierno pedirá al Constitucional la suspensión cautelar de la iniciativa aprobada en aplicación del artículo 161.2 de la Carta Magna, que establece la suspensión automática durante un plazo de cinco meses de una norma autonómica cuando la impugne el Ejecutivo central. De ese modo, según los cálculos con los que trabaja el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional podría reunirse el miércoles 11, admitir a trámite el recurso del Ejecutivo y dejar en suspenso la iniciativa independentista.

En cuanto al amparo solicitado por el PPC, PSC y Ciudadanos, el TC ha admitido a trámite los tres recursos en los que denuncian la vulneración de su derecho fundamental a la participación política. En su resolución, adoptada también por unanimidad, el TC aprecia que los recursos plantean cuestiones sobre las que no hay doctrina de este tribunal y añade que “el asunto trasciende del caso concreto, al suscitar una cuestión jurídica de relevante repercusión social, con consecuencias políticas generales”. Además el pleno ha acordado también dirigirse al Parlamento de Cataluña para que, en un plazo que no exceda de 10 días, “remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones parlamentarias correspondientes a los acuerdos impugnados” y para que pueda personarse en el procedimiento.

Suspensión de los instrumentos para ir armando el ‘Estado catalán’

El Constitucional, por otra parte, ha acordado por unanimidad mantener la suspensión del decreto para crear el Comisionado para la Transición Nacional, promovido por la Generalitat, y también la ley de Hacienda Catalana, que ya habían sido suspendidos en julio tras admitirse a trámite un recurso del Gobierno central. En su resolución, el Pleno del TC considera ahora que son cuestiones “de gran relieve constitucional” que aconsejan -como ocurrió con la declaración soberanista aprobada por el Parlament en enero de 2013- ratificar la suspensión durante el tiempo indispensable para que se pueda resolver la impugnación.

Sobre el decreto del Govern que creó el Comisionado para la Transición Nacional, el TC recalca que esta entidad pretende “la culminación del proceso de transición nacional y el seguimiento de las estructuras del Estado”. “Las funciones que se atribuyen al comisionado no son solo preparatorias sino también necesarias para que el proceso pueda concluirse o culminarse”, añade el TC, que sostiene que el decreto del Govern incide en ámbitos de la máxima relevancia jurídico-constitucional, como es la integridad de la Constitución.

El Pleno concluye que todas estas cuestiones “aconsejan, atendida la relevancia de lo aquí en discusión, mantener la suspensión” de los preceptos que se habían impugnado. La suspensión afecta también al Plan Ejecutivo para la Preparación de las Estructuras del Estado, el Plan de Infraestructuras Energéticas y diferentes artículos de la ley catalana de medidas fiscales, financieras y administrativas.

El Pleno del Constitucional ha acordado mantener la suspensión cautelar también de un inciso de un artículo de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2015 para la puesta en funcionamiento de nuevos servicios públicos porque “pone en riesgo el interés general al impedir la eficacia de las medidas adoptadas por el Estado para contener el gasto público”.

Este inciso había sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad que presentó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que fue suspendido cautelarmente el 25 de junio, recuerda el TC. “La adopción por parte de las comunidades autónomas de medidas que puedan impedir la eficacia de las adoptadas por el Estado para contener el gasto público puede causar un daño grave e irreparable a los gastos generales”, razona el tribunal. Insiste en que “poner en riesgo la efectividad de las medidas estatales que tienen como finalidad contener el gasto público constituye un perjuicio con la entidad suficiente para acordar el mantenimiento de la suspensión”.

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