El Constitucional no suspenderá el pleno de la ruptura del día 9

Los líderes de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas; PSC, Miquel Iceta, y PPC, Xavier García Albiol, han pedido este miércoles el amparo exprés del Tribunal Constitucional para impedir que siga adelante la tramitación de la moción independentista de Junts pel Sí y la CUP. Ahora bien, mientras que Ciudadanos y el PP piden la suspensión de la convocatoria del pleno del Parlament que debe votar la propuesta y que probablemente se celebrará el próximo lunes, 9 de noviembre, el PSC se desmarca y no solicita ni esta ni otras medidas cautelares.

Básicamente, el PSC alega en su recurso de amparo que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha vulnerado el derecho fundamental de sus diputados a “acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”, que consagra el artículo 23 de la Constitución: “1. Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

Esa vulneración se produjo, según los socialistas, cuando Forcadell se negó a facilitarles las asistencia jurídica de los letrados de la Cámara que su grupo había solicitado tras manifestar “serias dudas sobre la adecuación de la propuesta de resolución soberanista de Junts pel Sí y las CUP al ordenamiento jurídico vigente”.

Los tres partidos invocan este artículo 23, que para Ciudadanos tiene “particular relevancia” cuando la petición de amparo se deduce por representantes parlamentarios en defensa del ejercicio de sus funciones, porque en tal caso resulta también afectado el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes. El PPC, por su parte, destaca que el artículo 23 de la Constitución también resulta vulnerado por la convocatoria de la Junta de Portavoces que se celebró el 2 de noviembre sin que estuviera constituido el Grupo Parlamentario Popular y por el acuerdo que se adoptó en dicha Junta para desestimar las peticiones de reconsideración de la propuesta de resolución de Junts pel Sí y la CUP que habían presentado los partidos de la oposición.

Las peticiones de reconsideración fueron tumbadas por la Junta y por la Mesa lo que, a juicio del PSC, supone también que se vulneró el artículo 38.3 del reglamento del Parlament ya que se hizo sin “motivación o fundamento alguno”. Ese artículo, recuerdan los socialistas, establece que la resolución definitiva de la petición de reconsideración debe ser resuelta por la Mesa “mediante una resolución motivada”.

Los tres partidos -Ciudadanos, PSC y PPC- hacen especial hincapié en los argumentos para solicitar que se declare nulo el acuerdo de la Mesa del Parlament por el que se admitió a trámite la propuesta de resolución independentista. A juicio de los socialistas, esa declaración “es absoluta y palmariamente incompatible” con la Constitución, con el Estatut y “con los principios de cualquier Estado de derecho”.

Los populares destacan en su recurso que la propuesta de resolución soberanista secesionista ignora y excluye “de forma notoria y grosera” los fundamentos básicos del sistema constitucional, como la democracia representativa, la soberanía nacional, la monarquía parlamentaria, el principio de legalidad, la división de poderes, la seguridad jurídica y el sistema autonómico. Es más, consideran que el texto de los partidos secesionistas incita a la desobediencia a la ciudadanía y al Gobierno autonómico y “está instando a una Cámara democrática, como la catalana, a la ruptura con el Estado de Derecho y a la instauración de un régimen en el que un conjunto de representantes, los integrantes de la Cámara ‘soberana’, gozaría de poderes soberanos e ilimitados”. Al hilo de esto, el PPC subraya que “aunque obvio, evidente y palmario, no parece baladí recordar que el Parlamento de Cataluña y su Mesa, que actúa como su órgano rector, carecen de cualquier legitimidad al margen de la Constitución y del Estatuto de Cataluña”.

Para Ciudadanos, la moción secesionista contraría de forma “palmaria” la naturaleza de la representación de los diputados electos del Parlamento de Cataluña, plantea cuestiones “manifiestamente ajenas a las atribuciones de la Cámara” y aborda asuntos sobre los que existen “claros límites” en la Constitución y en las leyes que integran el bloque de la constitucionalidad.

Por todos estos motivos, tanto el PPC como Ciudadanos solicitan medidas cautelares respecto a todas las actuaciones recurridas y se apela al artículo 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que dice lo siguiente: “En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite”. Y se subraya que esos supuestos a los que se refiere el artículo “demandan una inmediata decisión cautelar, so pena de convertir en inútil el recurso de amparo” por lo que, insiste, “el Tribunal Constitucional puede acordar la suspensión de la resolución impugnada (u otra medida cautelar) inaudita parte (sin necesidad de oír a la otra parte), como así lo ha venido haciendo este Tribunal desde la inicial redacción del art. 56 de la LOTC”.

Ciudadanos esgrime que las circunstancias “absolutamente excepcionales” exigen “la inmediata suspensión de la ejecución de los acuerdos impugnados”. “La situación de excepcionalidad constitucional en la que nos ha colocado la propuesta que nos ocupa reviste la suficiente la trascendencia constitucional para que el Tribunal, en fase de justicia cautelar y aún sin anticipar la resolución de fondo que en su día resulte procedente, pueda pronunciarse claramente a favor la suspensión de los acuerdos impugnados, antes de la admisión a trámite del presente recurso de amparo y de la celebración del pleno, señalado para el 9 de noviembre de 2015”.

Limitaciones de los recursos de amparo y la impugnación del Gobierno

Pese a todas las peticiones de medidas cautelares, la admisión de los recursos de amparo no supone la suspensión inmediata de la actuación sobre la que se pide al tribunal que se pronuncie, como sí sucede con los recursos de inconstitucionalidad. Para saber cómo puede actuar el TC, hay un precedente que estos días recuerdan no pocos cronistas: En abril de 2004, el pleno del Tribunal Constitucional emitió un auto en el que rechazó un recurso del Gobierno de José María Aznar en el que se impugnaba la decisión de la Mesa del Parlamento vasco de tramitar y someter a votación el llamado Plan Ibarretxe y se pretendía frenar el debate en la Cámara autonómica. En el auto, se decía que la única vía posible previa al debate de un Parlamento autonómico es la del recurso de amparo, pero sin posibilidad de suspensión y sin poder evitar el debate y la votación. Es decir que, salvo sorpresas, los recursos de amparo que se han presentado este miércoles son iniciativas casi simbólicas y con una efectividad más política que jurídica. La respuesta definitiva se conocerá este jueves.

En cuanto al recurso de inconstitucionalidad, el presidente del Gobierno ya ha anunciado que se presentará el día siguiente a la aprobación de la resolución soberanista por el Parlament, es decir, el martes 10 de noviembre. Para ello, Mariano Rajoy se siente apoyado por la mayoría de partidos, un respaldo que ha constatado en la ronda de contactos que ha mantenido con otros líderes políticos y tras los que no considera necesario firmar un documento específico porque cree que el principal texto sobre el que hay apoyo conjunto es la propia Constitución.

Rajoy ha hecho estas consideraciones en su intervención en el foro organizado por el diario El Mundo con el lema “La España necesaria” y en el que ha admitido que las entrevistas han ido “bien en lo fundamental” salvo con dos partidos (IU y Podemos) que no secundan el principio de soberanía nacional y proponen un referéndum, aunque se posicionen contra la independencia. “La Constitución se va a respetar y creo que tengo el apoyo de una mayoría de partidos que representan a una mayoría del pueblo español”, ha asegurado.

No ha querido detallar los pasos previstos ante las decisiones del Parlamento catalán porque prefiere no adelantarse a los acontecimientos, pero sí ha garantizado que, si se aprueba la resolución hacia la “república catalana”, lo recurrirá “al día siguiente o a los dos días”. “Esa es la única decisión tomada porque tenemos conciencia de que se va a celebrar un pleno sobre este asunto”, ha explicado Rajoy, quien ha subrayado que las decisiones que vaya a tomar las consultará con los partidos. Tras insistir en que Gobierno y partidos van a actuar conjuntamente “con prudencia y proporcionalidad”, ha negado que vaya a asumir el control de los fondos del Estado para Cataluña para evitar que financien el independentismo porque ya hay controles suficientes.

Respecto a la posibilidad de tener que utilizar el artículo 155 de la Constitución, que permite la suspensión de la autonomía, se ha limitado a señalar que se debe tener “la absoluta certeza de que si el Gobierno tiene que actuar, actuará y no renunciará a ninguno de los instrumentos de la ley”. No obstante, ha insistido en que confía en no tener que llegar a esa situación. Lo que sí ha querido dejar claro es que “ni España, ni su Gobierno, ni sus partidos políticos ni sus instituciones son responsables” de lo que ocurre en Cataluña.

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