El PP aprueba en solitario la norma que sustituye ‘imputado’ por ‘investigado’ y pone fin a las llamadas ‘penas de telediario’

Catalá subraya que la reforma "fortalece el Estado de Derecho" con una serie de medidas que "agilizan la Justicia" mientras la oposición lanza duras críticas por su contenido "propagandístico y chapucero" así como por la tramitación "atropellada e improvisada"

El Pleno del Congreso ha aprobado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija límites en la instrucción judicial, sustituye el término “imputado” por “investigado” y pone fin a las “penas del telediario”, medidas calificadas por la oposición de “propagandísticas”. Con 183 votos a favor -todos del PP-, 127 en contra y una abstención, la Cámara ha dado luz verde a los dos proyectos de ley que modifican una norma que data de 1882, de las más antiguas del ordenamiento jurídico, y que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha cerrado el debate destacando que la reforma “fortalece el Estado de Derecho” con una serie de medidas que “agilizan la Justicia” y que han sido realizadas “con las aportaciones de muchos”.

Y ha aprovechado su intervención para destacar la “independencia judicial en España”, como así ha defendido la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en alusión a la imputación del presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, por el 9-N. “No debería sembrar ninguna sombra de dudas”, ha aseverado.

Antes, la oposición ha lanzado duras críticas a las reforma por su contenido “propagandístico y chapucero” así como por la tramitación “atropellada e improvisada”, que hubiera necesitado de “más tiempo”, si bien Jose Ordóñez (PP) ha defendido la modernidad del texto y el trámite de la reforma en ambas cámaras.

Todo lo contrario que Manuel de la Rocha (PSOE), que ha tachado de “ineficaz” la fijación de plazos de instrucción, como si “la Justicia fuera lenta por culpa de los jueces y no por falta de medios”. “Es una lectura ridícula y ofensiva para los jueces”, ha añadido.

Pero también ha cargado contra la regulación de las comunicaciones, porque “no se pueden aplicar a todos los delitos”, ya que suponen una “injerencia en la vida privada de las personas”.

Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural, ha denunciado la regulación de la difusión de imágenes de los detenidos. “Cuando la policía judicial pone la mano en la cabeza a delincuentes comunes, no pasa nada; ahora, cuando se pone en la cabeza de Rodrigo Rato, todo el mundo a temblar”, ha afirmado.

Por su parte, Emilio Olabarría (PNV) ha dicho que da la impresión “de que este proyecto no ha sido redactado por el Ministerio sino por la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, en referencia al establecimiento de la doble instancia penal; mientras que Montserrat Surroca (CiU) ha calificado el texto como “una oportunidad perdida”.

“Un desastre de contenido y un atraco en la tramitación”, ha señalado Rosa Díez (UPyD), que ha reprochado a Catalá su forma de gobernar “distraída, incoherente e improvisada”. “Ha presumido de la herencia del exministro Alberto Ruiz-Gallardón y le ha hecho bueno”, ha agregado.

El texto establece límites en los plazos de instrucción de 6 meses para las causas ordinarias y 18 para las complejas, que podrán ser prorrogables por igual período por el fiscal, la acusación popular, acusación particular, defensa y Abogacía del Estado, pero no por el juez de instrucción.

Al respecto, la limitación comenzará a aplicarse a los sumarios ya abiertos, pero para el cómputo de los plazos no se tendrá en cuenta el tiempo ya transcurrido de instrucción, es decir, el contador empezará de cero para el caso Púnica, los ERE de Andalucía, Bankia, etc.

El fin de las penas de telediario

Además, se sustituye el término “imputado” por “investigado” en la fase de instrucción, que pasará a denominarse “encausado” tras el auto formal de acusación y se introduce un artículo que regula la protección de la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos.

Con ello, se pretende adoptar las “medidas necesarias” para respetar la imagen e intimidad durante una detención y acabar así con las denominadas “penas de telediario”, que sufren muchas personas antes de ser juzgadas.

La reforma afecta a la separación de las piezas en los llamados macroprocesos, de manera que se instruirá una causa por cada delito, introduce la figura del policía encubierto en internet y obliga a los jueces a justificar en un auto la detención incomunicada de los detenidos, quienes, además, serán sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas para comprobar su estado psíquico y físico.

También se regula por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS, el correo electrónico y los mensajes de Whatsapp, siempre con autorización judicial.