'Caso Bárcenas'

Ruz cierra la causa sobre los papeles de Bárcenas y acredita la caja B del PP

La contabilidad “clara, limpia y transparente” de la que presumía la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no es la que aprecia el juez que instruye el caso de los papeles de Bárcenas, Pablo Ruz, que ha cerrado dos años de investigación con un auto en el que da por indiciariamente acreditada la existencia de una caja B en el partido, al que considera responsable civil subsidiario por abonar 1.552.000 euros a Unifica -la empresa que llevó a cabo la reforma de la sede de la calle Génova- con dinero negro.

El magistrado propone juzgar a 6 personas, entre ellas los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez. También quiere sentar en el banquillo a los dos responsables de la empresa Unifica los administradores Álvaro Urquijo y Belén García, y la empleada de la misma, Laura Montero.

Se les imputan delitos contra la Hacienda Pública, tanto por parte de Unifica, (por el impuesto de sociedades de 2007 y el IVA de 2010) como por parte del PP, por el impuesto de sociedades de 2008, al no haber declarado las donaciones presuntamente recibidas en dicho ejercicio, sin perjuicio de la cooperación de los responsables del PP en la comisión de los delitos atribuidos a Unifica. A Bárcenas y Lapuerta se les imputa delito de apropiación indebida. A los responsables de Unifica también el delito de falsedad documental.

Por lo que concierne al Partido Popular, el juez considera “indiciariamente acreditado cómo la formación política, desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de distintas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que operase (…) con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o ‘cajas B’”, denominación que el propio juez utiliza para referirse a los pagos que no aparecen en los libros contables ni declarados a la Hacienda Pública.

Según el instructor, esta contabilidad habría sido destinada a diversos fines, como el “pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido”. También, “al pago de gastos generados en campañas electorales” y “al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido o relacionados con su actividad”. Asimismo, añade Ruz, “a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos” del PP que concreta en el auto, de 190 folios.

El auto de Pablo Ruz no solo deja en evidencia a la secretaria general del PP sino que contradice reiteradas declaraciones del presidente del partido, Mariano Rajoy, que queda como un contumaz embustero. Rajoy ha negado siempre la existencia de una “caja B” del PP. La última vez lo hizo en una entrevista en Telecinco, en la que llegó a decir: “Me niego a estar todo el día debatiendo con el señor Bárcenas cuando tenga a bien hacer una declaración. Llegará el momento en que los tribunales de justicia digan lo que tienen que decir”. Pues bien, no es previsible que los tribunales se pronuncien antes de 2016, que es cuando en principio se celebraría el juicio por esta causa, pero el juez instructor ya ha plasmado su punto de vista sobre la contabilidad paralela del PP y contradice las afirmaciones del jefe del Ejecutivo.

Los delitos del PP y la responsabilidad de Rajoy y Cospedal

En el apartado relativo a la calificación jurídica de los hechos objeto de su resolución, el juez deja constancia de que actualmente no se encuentra tipificada como delito la financiación ilegal de los partidos políticos, pendiente de ser introducida en una reforma legislativa actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados. Pero sí cree que las actuaciones del PP investigadas pueden ser constitutivas de un delito continuado de falsedad contable (que habría prescrito), de presuntos delitos electorales (que habrían prescrito), de un delito contra la Hacienda Pública (que es el único imputable al partido que no estaría afectado por la prescripción) y de un delito de apropiación indebida que habrían cometido los extesoreros Bárcenas y Lapuerta, al distraer fondos de la caja B aprovechándose de su opacidad.

Para acreditar el fraude fiscal, Ruz menciona que el PP habría dejado de ingresar una cuota de 220.167,04 euros por las donaciones que recibió en 2008, que es el cálculo que le hizo a regañadientes la Agencia Tributaria en el informe que Ruz tuvo que reclamar después de su negativa inicial a realizarlo. En contra del criterio de la AEAT y recogiendo la opinión de la Fiscalía Anticorrupción y la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, el juez señala que “las aportaciones privadas recibidas” en ese ejercicio por el PP carecen de “la consideración de rentas exentas “por no haber cumplido con “el criterio de transpartencia legalmente establecido” y haberse destinado a “pagos fiscalmente opacos y ajenos a la contabilidad oficial”.

Aunque el juez solo señala a los exaltos cargos del partido Bárcenas, Lapuerta y Páez, sus conclusiones comprometen seriamente a la cúpula actual y siembra dudas sobre su responsabilidad en todas las irregularidades detectadas. De hecho, la administración del partido la ejercen en el sentido más amplio el presidente -Rajoy, en este caso- y su segundo/a -la secretaria general, María Dolores de Cospedal-. El País publicaba este domingo unos documentos del partido muy esclarecedores, entre ellos una escritura de 2008 que dice lo siguiente: “El Partido Popular otorga los poderes generales y habilitaciones especiales a don Mariano Rajoy Brey y doña María Dolores de Cospedal, presidente nacional y secretaria general del Partido Popular, respectivamente, con carácter indistinto y solidario, con las más amplias competencias para la administración, disposición y representación de los bienes e intereses del partido y para la comparecencia con plenas facultades ante todos los organismos de las Administración Públicas y tribunales de todo el Estado en todas sus jurisdicciones e instancias, en los términos que dichos poderes han sido conferidos con anterioridad y dentro de las previsiones estatutarias”.

Como Rajoy y Cospedal son aforados, si el juez quisiera imputarles tendría que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Quienes de momento se libran de la imputación que pesaba sobre ellos son los 22 empresarios que aparecen como donantes del PP en los papeles manuscritos de Bárcenas, el supuesto ‘número dos’ de la trama Gürtel Pablo Crespo y el ex secretario general del PP Ángel Acebes, que fue investigado por el proceso de compra de acciones de Libertad Digital.

Los donantes y la comisión por la contrata de Toledo

El magistrado considera que “por el momento” no existen suficientes indicios que justifiquen la comisión de delitos de cohecho o tráfico de influencias por parte de los querellados y recalca que “no resulta posible establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigados y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes”. Eso sí, destaca que el conjunto de las actuaciones permiten dotar de “suficiente apariencia de veracidad” a las aportaciones económicas que fueron atribuidas a los empresarios que mantenían contratos de prestación de servicios o realización de obras o suministros para la Administración Pública entre 2002 y 2009.

Ruz, por otra parte, envía a un juzgado de Toledo, por un posible delito de prevaricación, la vertiente del caso que investiga la adjudicación supuestamente irregular a una filial de la constructora Sacyr de un contrato de basuras del ayuntamiento de la ciudad, que pudo responder a una donación de 200.000 euros de esa empresa para la campaña municipal de la actual presidenta de la comunidad, María Dolores de Cospedal.

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