La Audiencia Nacional rechaza investigar la tragedia de El Tarajal y devuelve el caso a Ceuta

Varias ONG reclaman justicia "sin retrasos ni dilaciones" cuando se cumple un año del fallecimiento de quince inmigrantes que intentaban entrar en España

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado la competencia de este tribunal para investigar la tragedia ocurrida hace un año en la playa de El Tarajal, donde murieron quince inmigrantes marroquíes, y ha devuelto la causa a un juzgado de Ceuta. El magistrado ha rehusado así, en un auto fechado el pasado 29 de enero y siguiendo el criterio de la Fiscalía, la inhibición en favor de la Audiencia Nacional acordada por el juzgado de instrucción 6 de Ceuta, que le mandó este caso considerando que es competente porque los hechos ocurrieron en Marruecos y no en España. Quince rosas blancas depositadas en una concertina colocada ante el Templo de Debod, en Madrid, por diversas organizaciones sociales recordaban este viernes a los fallecidos.

El juzgado de Ceuta argumentaba que en territorio marroquí se hallaron varios de los cadáveres de los inmigrantes, según afirma en un atestado la Guardia Civil, cuyos agentes -según indicó Interior el pasado mes de marzo- lanzaron 145 pelotas de goma y cinco cartuchos de humo ese día.

Andreu indica que hay una “certeza” en este caso, y es que “la actuación de la Guardia Civil se produjo en territorio español, sin que nadie ponga en duda esta circunstancia”, aunque añade que “no puede afirmarse con la rotundidad que en algunos casos se expone que dicha actuación haya sido la causa de la muerte de los inmigrantes”. Es precisamente la actuación de los agentes, recuerda Andreu, lo que se investiga en esta causa.

Lo que no se ha acreditado aún, indica, es si las muertes de los marroquíes se produjeron en España, en Marruecos o en ambos territorios, ya que se encontraron cadáveres tanto en aguas españolas como marroquíes y no se puede saber dónde fallecieron porque las corrientes marinas pudieron haber trasladado los cuerpos de un lugar a otro.

Sin embargo, indica que incluso en el “hipotético caso de que quedase acreditado que el resultado, el fallecimiento de los inmigrantes, se produjo en suelo o en aguas marroquíes”, la competencia seguiría siendo de Ceuta siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo sobre la ubicuidad. Esta doctrina sostiene que el lugar de comisión del presunto delito es tanto donde se produce la acción (en este caso la actuación de la Guardia Civil ante la llegada de los inmigrantes), como donde ocurre el resultado (la muerte de los marroquíes).

Exigen justicia

La decisión de la Audiencia Nacional se conoce justo cuando se cumple un año de la tragedia. Catorce cadáveres y uno más desaparecido. Ese fue el lamentable resultado del intento de decenas de subsaharianos que el 6 de febrero de 2014 intentaron alcanzar las costas ceutíes a través de la playa de El Tarajal.

Representantes de organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Red Acoge, SOS Racismo o Coordinadora de Barrios han querido homenajear a esos quince subsaharianos fallecidos en un acto simbólico que ha precedido a la entrega en el Senado de 95.000 firmas para pedir que no se legalicen las ‘devoluciones en caliente’.

Frente al Templo de Debod, quince miembros de estas organizaciones han colocado una a una en una concertina quince rosas para, en un grito silencioso, pedir a la Justicia que investigue la tragedia “de forma imparcial e independiente y sin retrasos ni dilaciones“, y al Gobierno que de un giro a su política migratoria.

Han sido la portavoz de AI, María Serrano, y la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, las que en nombre de estas organizaciones, han expresado su preocupación por el “lamentable desprecio hacia la vida humana” de un Gobierno que, según ellas, está llevando a cabo “devoluciones sumarias ilegales” de inmigrantes.

Ambas han recordado que tras un año de la tragedia, las víctimas y sus familias “siguen esperando justicia y verdad”, ya que aún no se ha esclarecido lo sucedido ni depurado responsabilidades a pesar de que se comprobó que la Guardia Civil había lanzado 145 pelotas de goma y cinco cartuchos de humo.

“La investigación judicial sufre retrasos y dilaciones y ahora está pendiente de la decisión de la Audiencia Nacional para que saber qué juzgado tiene la competencia”, ha explicado Serrano.

Y sobre este asunto, las organizaciones tienen “serias dudas” de que esa investigación esté siendo “imparcial, independiente y exhaustiva”, ya que el apoyo a ella recae sobre el mismo cuerpo que está siendo investigado, la Guardia Civil, y que, por ello, no se impulsa el proceso.

“Verdad, justicia y reparación para las víctimas” es, en resumen, lo que demandan estas organizaciones, que han asegurado que gracias a que ellas lo han impulsado se ha podido identificar a algunos agentes que intervinieron ese día y a los que aún no se ha tomado declaración, según ha denunciado.

Miedo entre los supervivientes

Tampoco han declarado los supervivientes de la tragedia, que pueden temer sufrir “consecuencias” si hablan, han dicho las portavoces antes de demandar pruebas de ADN para identificar a las víctimas que aún no lo están y reprochar que no se hayan facilitado todas las grabaciones del suceso.

“Interior debe hacer todo lo posible para esclarecer los hechos”, han reiterado.

En el trasfondo de esta tragedia, han insistido las portavoces, está una política migratoria en la que “prima la protección de las fronteras por encima de las personas” y que tendrá su culminación con la iniciativa del PP y del Gobierno de legalizar, a través de la ley de seguridad ciudadana, las devoluciones en caliente a pesar de las “voces críticas” de la UE y de organizaciones internacionales.

Por ello, estas organizaciones han recogido ya 95.000 firmas que han entregado en el Senado a fin de que se paralice la enmienda que el PP introdujo al proyecto de ley de seguridad ciudadana, que en breve se tramitará en la Cámara Alta.

No han observado estas ONGs ningún cambio en esa política en este año, sino “toda una estrategia para tratar de justificar y legalizar todo lo que ha pasado en la frontera: devoluciones en caliente, uso desproporcionado de la fuerza y violación sistemática de los derechos humanos”.

Se ha estigmatizado, opinan, el fenómeno migratorio y el Gobierno “no ha estado a la altura” justificando todo lo que está haciendo en la frontera sur y “salvaguardando a su propio cuerpo de seguridad”, han concluido.

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