El Gobierno acepta negociar con EEUU que Morón sea base definitiva contra el terrorismo yihadista

El secretario de Estado de Defensa, Chuck Hugel, pidió en diciembre pasado convertir en definitiva la presencia de una unidad de élite con 850 marines

El Gobierno ha autorizado el inicio de negociaciones con EEUU para convertir Morón en base permanente -ahora temporal- de despliegue de las fuerzas estadounidenses en la lucha contra el terrorismo en el Magreb y el Sahel. Así lo ha puesto de manifiesto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del Consejo de Ministros que ha dado luz verde al comienzo de las negociaciones para modificar el convenio hispano-estadounidense en materia de Defensa, que acometerán los ministerios de Exteriores y Defensa. Esta decisión responde a una petición de EEUU de utilizar la base de Morón de forma permanente, ya que hasta el momento el Gobierno mantiene la autorización, por un plazo de un año que culmina el próximo mes de abril, de desplegar a 850 marines, que se pueden elevar a 1.100.

El Gobierno acepta así la petición que el secretario de Estado de Defensa, Chuck Hugel, formuló en diciembre pasado en una carta a su homólogo Pedro Morenés: convertir en definitiva la presencia, hasta ahora temporal, de una unidad de élite con 850 marines en la base sevillana y aumentar a varios miles la cifra de efectivos en caso de crisis.

La Fuerza Especial Tierra-Aire de Respuesta de Crisis del Cuerpo de Marines (SP-MAGTF Crisis Response), creada tras el asalto al consulado de EE UU en Bengasi (Libia), en septiembre de 2012, llegó a España en 2013, con una autorización temporal para un año, y en 2014 se prorrogó su presencia por un año más, aumentándose la cifra de marines de 500 a 850 (1.100 en periodos de relevos) y los aviones de despegue vertical MV-22 Osprey de seis a 12.

Al querer convertir su despliegue en definitivo, la autorización ya no depende del Gobierno, sino que requiere la reforma del convenio bilateral -que para Madrid, aunque no para Washington, tiene categoría de tratado internacional- y su posterior ratificación por el Parlamento. De ahí que la intención sea plasmarla en un Protocolo de Enmienda al convenio bilateral de Defensa de 1988.

Saénz de Santamaría ha destacado que las relaciones con EEUU en materia de Defensa, junto con la relación con la OTAN, constituyen uno de los tres pilares básicos de la defensa nacional. En este sentido ha subrayado que el despliegue de los marines en Morón servirá para fortalecer la seguridad nacional y mundial.

La vicepresidenta también ha dicho que en las negociaciones sobre Morón el Gobierno también tendrá en cuenta los aspectos laborales de la base.

El pasado 7 de marzo el Gobierno decidió renovar por un año el acuerdo para el despliegue temporal de marines y de los medios aéreos en esa base, que acoge actualmente soldados estadounidenses encargados de proteger instalaciones y personal destacado en los países de la ‘primavera árabe’ y en el Sahel.

El acuerdo final sobre el nuevo estatus de Morón se plasmará en un Protocolo de Enmienda al convenio bilateral de Defensa de 1988, que ya ha sido retocado en dos ocasiones, en 2002 y en 2012. La primera modificación sirvió para legalizar la actuación en suelo español de los servicios de inteligencia de la Armada y la Fuerza Aérea estadounidenses y la segunda para permitir el despliegue en la base de Rota de cuatro destructores para el escudo antimisiles de la OTAN.

Reunión del Consejo de Seguridad

Antes de la reunión del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presidido el Consejo de Seguridad Nacional para analizar el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional aprobado el pasado viernes por el Ejecutivo. Además del presidente y la vicepresidenta del Gobierno, han asistido siete ministros y los jefes de las Fuerzas Armadas y del CNI. Teniendo en cuenta que uno de los aspectos fundamentales de la ley es la lucha contra el yihadismo, es probable que también se haya abordado el futuro de la base de Morón.

De hecho, esta ha sido la primera reunión de este máximo órgano encargado de la defensa y seguridad tras los últimos atentados terroristas de París. El anteproyecto de ley orgánica de Seguridad Nacional recibió el pasado viernes el visto bueno del Gobierno, para mejorar la respuesta ante nuevos riesgos y amenazas. Esta nueva normativa, remitida al Consejo de Estado, incluye como novedad la declaración de situación de “interés para la seguridad nacional” y regula los denominados estados de alarma y excepción. Esta declaración, que corresponderá en exclusiva al presidente del Gobierno, podrá adoptarse ante una crisis que no pueda abordarse con los medios ordinarios de la Administración.

Han asistido a la cita los ministros de Exteriores, José Manuel García-Margallo; de Defensa, Pedro Morenés; de Hacienda, Cristóbal Montoro; de Interior, Jorge Fernández Díaz; de Fomento, Ana Pastor; de Economía, Luis de Guindos, y de Industria, José Manuel Soria. También el director del Gabinete de Presidencia, Jorge Moragas; el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Fernando García Sánchez; el director del CNI, Félix Sanz Roldán; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el director adjunto del Gabinete de Presidencia y responsable de Seguridad Nacional, Alfonso de Senillosa.

El Consejo, que actúa como órgano colegiado, se convoca bimestralmente o cuando se considera necesario, bajo la presidencia del presidente del Gobierno, salvo cuando el Rey asista a sus reuniones. Tiene como objetivo impulsar y velar por el cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobar un informe anual de seguridad y planificar y coordinar la política de seguridad.

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