Rajoy hará balance de un año con una tibia mejoría económica, más corrupción y el desafío soberanista catalán aun en pie

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hará este viernes balance de 2014 y fijará sus prioridades para el año que resta de legislatura: avanzar en la mejora de la economía, luchar contra la corrupción y garantizar la soberanía nacional frente al desafío independentista catalán. Son los tres asuntos en los que centró el Rey su mensaje de Navidad y, aunque el jefe del Ejecutivo tratará de hacer énfasis en los avances que se han conseguido, lo cierto es que los resultados siguen siendo pobres en comparación con la gravedad de los problemas.

Rajoy comparecerá ante los informadores tras la última reunión del año del Consejo de Ministros y hará un análisis político y económico de la situación de España. Especial atención dedicará a la evolución de la situación económica y, según fuentes del Gobierno, expondrá la serie de datos que le han llevado a acentuar en sus últimas intervenciones públicas el discurso de que la crisis ya está quedando atrás.

Fue el pasado 11 de diciembre cuando Rajoy dijo en un foro económico que “podemos decir en muchos aspectos que la crisis es cosa del pasado”. El hecho de que olvidara con tanta facilidad a los 4.512.116 parados que había el día 2 del mismo mes, según los datos de Empleo, y a los millones de españoles que atraviesan por grandes dificultades no sentó bien, hasta el punto de que el presidente tuvo que matizar sus palabras poco después, reconociendo que efectivamente no se podrá hablar de recuperación con tanto desparpajo mientras las cifras de desempleados sigan siendo tan abultadas y más del 50% de los jóvenes permanezcan al margen del mercado de trabajo.

Si el jefe del Ejecutivo sigue mínimamente el guión marcado por el Rey en su mensaje de Navidad, tendrá que reconocer con él que “los índices de paro son inaceptables”. Lo que no es probable es que admita que, cuando queda un año escaso para el final de la legislatura, hay 91.654 personas más inscritas en las oficinas del SEPES (antiguo INEM) que cuando comenzó. El número de afiliados a la Seguridad Social ha retrocedido en 508.278, habiendo pasado de 17.204.030 a 16.695.752 cotizantes, entre asalariados y autónomos. No obstante, lo previsible es que Rajoy reitere su intención de mantener la política económica con el rumbo que ha seguido hasta ahora, para el que cuenta con la coartada de Bruselas, que sigue recomendando prácticamente las mismas recetas pese al escaso éxito del tratamiento.

El presidente podría caer en la tentación de volver a presumir de que “España encabeza el crecimiento de la zona euro”, una declaración que hizo el pasado mes de octubre y que después han repetido tanto él como sus portavoces con distintos matices. Lo cierto es que Eurostat también salió al paso de tanto triunfalismo para constatar que en el segundo trimestre España creció en ese periodo un 0,6%, lo mismo que Portugal y Eslovaquia, pero menos que Eslovenia, Letonia, Malta y también Irlanda, que lo hizo el 1,5%.

Como dato positivo, el jefe del Ejecutivo cuenta con el facilitado por el Banco de España en su último boletín económico del año: el PIB ha crecido el 1,4 % en 2014, una décima más de lo previsto, apoyado en la fortaleza de la demanda interna y en una recuperación de la competitividad. También advertía, no obstante, que esas mejoras podrían verse lastradas si se vuelve a “incrementos salariales generalizados” y calculaba que el PIB está avanzando un 0,6 % en el último trimestre del año, un 1,9 % interanual.

Corrupción y desafío soberanista catalán

En materia de lucha anticorrupción, Rajoy garantizará que el Ejecutivo va a seguir tomando todas las medidas que considere necesarias para hacer frente a esta lacra, que en abril contabilizaba más de 500 imputados y casi 1.700 causas abiertas. La operación Púnica, que ha supuesto la detención de Francisco Granados, ex número dos de Esperanza Aguirre, y otro medio centenar de personas entre políticos y empresarios, añade un grano de arena más a la enorme montaña de casos de corrupción de los que los casos Gürtel y Nóos siguen siendo los de mayor envergadura, tanto por el número de implicados como por su importancia y por el volumen de fondos públicos que trasegaron.

El presidente, además, ha tenido que hacer frente a la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que todo el mundo ha atribuido a las presiones ejercidas por el propio Gobierno, decepcionado ante la pasividad del fiscal ante las investigaciones judiciales que han puesto al descubierto la financiación ilegal del PP y que están a punto de sentar a la Infanta Cristina en el banquillo. Cataluña y el 9N fue la gota que colmó el vaso.

Sobre el desafío soberanista catalán, Rajoy seguirá poniendo la Constitución como límite, aunque no parece que eso vaya a alterar la intención de Mas y los demás partidos secesionistas de seguir adelante con su hoja de ruta. El presidente de la Generalitat lo ha dejado claro este jueves cuando ha valorado el mensaje de Navidad del Rey y, sin expresar ninguna preocupación por la querella contra él que tramita el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha recordado lo que supuso el 9N y ha dicho sentirse “especialmente orgulloso de haber contribuido, junto a miles de voluntarios, a que el pueblo de Cataluña pudiera expresarse con sus votos en favor de la libertad”.

Pensiones y salario mínimo

Rajoy comparecerá ante los informadores después de que el Consejo de Ministros haya adoptado sus últimas decisiones del año.

Entre ellas, la revalorización de las pensiones un 0,25 por ciento para 2015 y una subida del salario mínimo interprofesional que, según planteó el Gobierno a los agentes sociales, será de un 0,5 por ciento, con lo que la cuantía pasará de los 645,30 euros actuales a 648,52. El próximo año será el primer ejercicio en el que se aplica el Índice de Revalorización de las Pensiones, un mecanismo que, según el Ejecutivo, permite hacer más sostenible el sistema a la vez que garantiza su suficiencia. El Gobierno pone en valor el aumento del 0,25 por ciento de las pensiones ante variaciones anuales negativas del IPC de hasta un 0,4 por ciento en noviembre.
Además, se aprobará el real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional, que estuvo congelado en 2012 y en 2014, mientras que en 2013 experimentó un aumento del 0,6 %. Ahora, el Gobierno quiere subirlo un 0,5 por ciento, lo que representa un incremento de poco más de 3 euros al pasar de los 645,3 euros mensuales de la actualidad a 648,6.

La propuesta cuenta con el rechazo de los sindicatos que habían planteado una subida del 12,5 % en 2015 para llegar a 725 euros y de un 10,2 % en 2016 hasta alcanzar los 800 euros. Se trata, según los sindicatos, de que el SMI se aproxime al 60 % del salario medio, tal y como recoge la Carta Social Europea. De hecho UGT y CCOO han enviado una carta conjunta a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la que rechazan la propuesta por “pobre, injusta e incoherente” con el escenario de recuperación que preconiza el Gobierno.

También se aprobarán las medidas expuestas el pasado martes por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Montoro ofreció nuevos mecanismos de financiación al 0 por ciento de interés con el objetivo de garantizar los servicios públicos que prestan las autonomías, una medida que fue celebrada por la mayoría de las comunidades salvo Madrid, que se mostró radicalmente en contra.

El Consejo de Ministros tramitará asimismo el anteproyecto de ley de Auditoría de Cuentas. Con esta norma se adapta al ordenamiento jurídico español la normativa europea y se pretende incrementar la transparencia y la independencia de los auditores clarificando su función, alcance y limitaciones. El objetivo es reforzar y mejorar la confianza de los consumidores e inversores en la información económica-financiera auditada.