Querella por el 9N

El juez que instruye la querella contra Mas por el 9N podría llamar a declarar al gurú de Rajoy, Pedro Arriola

El magistrado Joan Manel Abril, que instruye en un único procedimiento todas las querellas presentadas contra Artur Mas y dos de sus consejeras por organizar la consulta alternativa del 9N, incluida la de la Fiscalía, podría llamar a declarar a Pedro Arriola. El gurú electoral del presidente del Gobierno fue, además, su enviado personal en las negociaciones a tres bandas para explorar una solución al callejón sin salida catalán.

Pedro Arriola, en nombre de Rajoy, Joan Rigol, el histórico dirigente de Unió y responsable del Pacte Nacional pel Dret a Decidir que actuaba como emisario de Mas, y José Enrique Serrano, en representación del PSOE liderado por Alfredo Pérez Rubalcaba, participaron en esos encuentros en los que se intentaba reconducir las relaciones entre el Estado y la Generalitat. Rigol desveló esas negociaciones y Rajoy lo confirmó en una rueda de prensa en noviembre: “Había una persona en representación del gobierno y de mí mismo”, en alusión a Arriola.

Se llegaron a barajar distintas posibilidades: la reforma constitucional como tercera vía, la posibilidad de cambiar la pregunta de la consulta que Mas había pactado con el resto del frente soberanista u otras fórmulas para buscar encaje constitucional al proceso como, por ejemplo, la que adelantó República.com de celebrar un referéndum en todo el Estado, lo que habría respetado el principio consagrado en la Constitución de que la soberanía nacional reside en el pueblo español y no solo en una parte.

Los contactos se interrumpieron abruptamente cuando Artur Mas compareció la noche del 9 de noviembre para valorar la consulta presentándola como resultado del impulso de su Gobierno, lo que se menciona en la querella de la Fiscalía como un hecho que apunta a su directa implicación en los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones de los que le acusa.

Pero, además, la búsqueda de una alternativa a un proceso ilegal -motivo por el que fue suspendido dos veces por el Tribunal Constitucional- demostraría que se cometió prevaricación ya que se adoptaron decisiones “escritas o no” y se perseveró “en vías de hecho que les sitúan (a los querellados) extramuro del ordenamiento jurídico” a sabiendas de que así era y con la única aspiración de “hacer prevalecer su voluntad” sobre las resoluciones del Constitucional. Esclarecer los términos en los que se produjo la negociación y la postura que mantuvo el representante de Mas podría llevar al juez a cursar citaciones como la de Arriola para tomar declaración a los participantes.