El Decálogo Democrático

En los últimos años España se ha visto inmersa en una seria crisis política, económica, moral e institucional (con desafíos secesionistas incluidos) ante la que los españoles no pueden permanecer impasibles a la espera de soluciones mágicas que nunca llegarán si no existe un compromiso ciudadano que obligue a gobernantes y representantes a rectificar y abordar esta situación en el nuevo contexto político español que incluye el fin del bipartidismo, así como en nuestro entorno -europeo afectado por el Brexit– e internacional.

Se trata de pasar de la Transición a la Democracia. Una cuestión fundamental que los primeros partidos nacionales debieron abordar tras el golpe del 23-F, recuperando el ideal de la ‘democracia plena’ que se sacrificó al inicio de la Transición en pos de la reconciliación y de la recuperación de las libertades. Pero en esta ocasión hay que poner el acento en alcanzar lo esencial de toda Democracia como lo que afecta a la necesaria separación de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los que hay que en España hay añadir la Prensa y los poderes económicos), la reforma de la Ley Electoral en defensa de una mas justa representatividad, y la actualización del sistema autonómico, pero no para centrifugar el país sino para todo lo contrario.

Y especialmente garantizando la lucha contra el abuso de poder y la corrupción (que ha invadido muchos años de la transición española) con comportamientos inmorales en la vida política y empresarial que solo se acabará cuando la Ley señale como los últimos responsables de la corrupción a los líderes de los Partidos y los miembros de los Consejos de Administración de la empresas implicadas en el cohecho.

Con el deseo de colaborar en el debate abierto de la ‘Reforma Democrática’ desde Republica.com hemos seleccionado un decálogo de propuestas que, en nuestra opinión han de estar, con sus posibles alternativas y variantes, contempladas en el nuevo marco democrático y constitucional del país.

  1. Ley Electoral y pacto económico y social. Urge la reforma de la Ley Electoral en pos  de un modelo mas justo que prime la representación directa de los ciudadanos y la elección directa y por su nombre de los principales gobernantes y representantes de la vida pública: Jefe del Ejecutivo, Alcaldes y Presidentes autonómicos, parlamentarios y concejales.

España es el único país de nuestro entorno que no elige directamente a ¡ninguno! de sus gobernantes y representantes dado que todo pasa por las ‘listas cerradas’ bajo el control de los aparatos de los partidos. Son muchas las variantes posibles y entre ellas, como se ha hecho en otros países europeos, se puede incluir normas que faciliten la estabilidad y gobernabilidad del país (elecciones directas y nominales a dos vueltas, o una prima de escaños para el partido ganador, etcétera).

La reforma de la ley electoral ha de ser acompañada de un gran pacto nacional por la recuperación económica y el empleo  con el objetivo de garantizar, en un ámbito de estabilidad económica y social que beneficie a los sectores mas afectados por la crisis económica y financiera de 2008, la elección de unas Cortes Constituyentes –que no existieron al inicio de la Transición- representativas del conjunto de la ciudadanía y ajenas a las que se derivan del actual modelo oligárquico y partitocrático español.

  1. Reforma Constituyente. Concluida la reforma electoral y pactado el modelo para la recuperación de la economía y el empleo, el Gobierno disolverá las Cortes y convocará elecciones “constituyentes” para reformar la Constitución de 1978 y su aprobación en Referéndum, en el que, además de la Carta Magna, se deberá de incluir una pregunta expresa sobre la elección de la forma del Estado, entre la Monarquía y la República.
  2. Separación de los Poderes del Estado. El nuevo y futuro texto constitucional debe garantizar la separación efectiva de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que en la actualidad está reducida a la simple ‘separación de sus funciones’, para que de ello resulte el equilibrio y el control democrático de todos los Poderes públicos y ahí incluido el llamado ‘cuarto poder’ relativo a los medios de comunicación públicos y privados y de especial manera el Poder económico y financiero que, hoy en estrecha relación con los medios de comunicación, practica en España una peligrosa ‘promiscuidad’ en la vida democrática.

El Estado, y el Gobierno velarán por la garantía y viabilidad del pluralismo informativo y libertad de expresión en medios públicos y privados, las redes sociales y los sistemas multimedia que se derivan de las nuevas tecnologías. Garantizando reparto equitativo de publicidad institucional con los criterios de difusión, cultura y calidad. Los medios de comunicación del Estado no pueden estar controlados por los gobiernos de turno y sus responsables y directivos han de acreditar su independencia y valía profesional. Los grandes grupos de comunicación que disfrutan de concesiones del Estado no podrán especular con las concesiones públicas que volverán al Estado en el caso de que cese su explotación, por lo que no podrán ser vendidas o alquiladas a terceros.

  1. La Justicia. En la reforma se ha de incluir la garantía e independencia de los órganos rectores del Poder Judicial mediante su elección -con unos exigentes criterios de alta calidad, preparación y experiencia- por el conjunto de los cuerpos jurídicos del Estado. Y sin injerencia en este proceso de los poderes Ejecutivo y Legislativo (que hoy son la misma cosa). Y todo ello poniendo fin a la dualidad y contradicción permanente entre los más altos tribunales del Estado, Constitucional y Supremo, revisando la posición de los Tribunales Superiores autonómicos las competencias de la Audiencia Nacional y a su vez garantizando la autonomía del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.
  2. El presidencialismo. La separación de los poderes Ejecutivo y Legislativo (ahora mas factible por el fin del bipartidismo) es la más difícil de garantizar. El ideal para dicha separación es el modelo Presidencialista, para que el Jefe del Ejecutivo –bien con la Monarquía o la República- sea elegido directamente por los ciudadanos de manera ‘mayoritaria’ con el sufragio universal (a dos vueltas si nadie obtiene mayoría absoluta en primera votación).

Lo que implicará la participación de todos los españoles en el nombramiento del Jefe del Ejecutivo. Como consecuencia de ello el Presidente y Jefe del Ejecutivo deberá de constituir un Gobierno –con o sin Primer Ministro- con el apoyo de su partido, o con coaliciones afines, e incluso con partidos de la Oposición siguiendo un modelo que en Francia se definió como ‘cohabitación’.

De esa manera los poderes Ejecutivo y Legislativo tendrían elecciones separadas. Las presidenciales cada cinco años y las legislativas cada cuatro, para el Congreso de los Diputados y el Senado (que podría convertirse en Cámara territorial).

  1. Presidencialismo y La Corona. El modelo presidencial constituye además, en lo que afecta a La Corona- y si así lo determina un referéndum previo-, un modelo de gran estabilidad que permitiría a la Monarquía asumir las funciones de la representatividad de la Jefatura del Estado, uniendo en ella la Tradición y la Historia española.

En este caso el Rey no tendría  funciones ejecutivas sino representativas en el Ejército y la Diplomacia, y de manera especial en América. Asimismo, habrá que regular por ley el estatus de la Corona y la Familia Real, así como la igualdad de derechos sucesorios entre el hombre y la mujer y lo relativo a posibles casos de Regencia o Abdicación.

  1. El Parlamento. El Congreso debe garantizar el derecho de palabra y la libertad de voto de los diputados con un nuevo Reglamento  que impida -y no como ahora ocurre- ‘el mandato imperativo’ de los jefes de los partidos políticos.

Asimismo el Parlamento tendrá garantías, al margen de la mayoría gobernante, de investigación independiente de cuestiones como la corrupción o presuntos abusos de los gobernantes. Y se exigirá a representantes y gobernantes la asunción y depuración de responsabilidades políticas al margen de las administrativas y judiciales (un código de ética política). Se eliminarán los aforamientos masivos de parlamentarios y altos cargos, con la excepción de los que afectan al Rey (sin inviolabilidad) y Presidente del Gobierno.

  1. Partidos y ‘calidad’ de los gobernantes. Los Partidos deben, mediante la reforma de la Ley de Partidos democratizar su actual sistema de organización interna, dando paso a unos procesos de elección directa por sus bases de dirigentes y los candidatos, para evitar abusos de poder orgánicos y el control de compromisarios o grupos de presión. A la vez se incluirán garantías de transparencia y el control de sus órganos directivos y de sus finanzas.

Por otra parte, los miembros del Gobierno, sus altos cargos y autoridades del Estado (Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, CNMV, Gobernador del Banco de España y embajadores del ‘primer nivel’, etcétera) deberán ser examinados por una Comisión del Parlamento antes de asumir sus funciones para que se que dictamine su idoneidad para el cargo.

Los ex ministros del Gobierno y ex altos cargos podrán trabajar, tras un periodo de incompatibilidad, como directivos o empleados en empresas, pero no ser nombrados ‘Consejeros’ ni empleados ‘fantasmas’ como escandalosamente ocurre en la actualidad con las llamadas ‘puertas giratorias’.

Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las fundaciones y organizaciones privadas (como la Iglesia Católica y otras religiones) que emanan de la sociedad civil no podrán recibir exenciones fiscales y  financiación del Estado salvo en lo relativo a la asistencia social y al patrimonio cultural.

  1. El modelo territorial. Las Cortes Constituyentes reformarán el vigente y deteriorado modelo territorial y autonómico sobre la base de la igualdad y la solidaridad, con el respeto y reconocimiento de las distintas identidades políticas y culturales de cada región. Un debate al día de hoy muy complejo por errores originales del modelo actual que podría incluir la reducción del número de Autonomías. Y que, visto lo ocurrido en Cataluña y otras regiones, debe devolver al Estado las competencias de Educación y Justicia, al tiempo que se deben homologar en toda España los sueldos públicos y los derechos de todos los funcionarios y ciudadanos en pos de la igualdad y solidaridad.

Y por supuesto se debe arbitrar un nuevo sistema de financiación autonómica, sin las excepciones insolidarias del ‘cupo vasco’, y revisar o cancelar las Diputaciones, a la vez que se han de establecer circunscripciones electorales para la elección directa de los representantes del Parlamento.

Y visto lo ocurrido en Cataluña, será necesario desarrollar con detalles el artículo 155 de la Constitución, así como los artículos del Código Penal relativos a la Sedición y a la Rebelión, y los que afectan al respeto a las personas y símbolos de la nación.

  1. Universidad y la Alta Escuela. El acceso a la enseñanza y la Universidad deberá garantizarse por el Estado de manera gratuita y sin ventaja alguna para los colectivos sociales económicamente más fuertes. Se debe recuperar cotas de máxima calidad para las Universidades españolas de profesores y catedráticos, con unas oposiciones justas. La investigación científica y tecnológica deben figurar como prioridades de la acción docente y la asignatura de Historia del país debe ser única e inequívoca en el conjunto del Estado. El uso, público y privado y el aprendizaje del idioma español, o castellano, debe ser obligatorio en la enseñanza y en las administraciones, y ninguna otra lengua cooficial puede imponerse como por encima de la lengua oficial del Estado.

El Estado en colaboración estrecha con Universidades públicas y privadas españolas y americanas promocionará una gran Universidad Hispana con proyección especial en la América de habla hispana (Latinoamérica y EE.UU.) y con la máxima calidad.

Asimismo se creará una Alta Escuela de Funcionarios del Estado para la formación de los altos Cuerpos y de los funcionarios del Estado, como diplomáticos, registradores, notarios, técnicos comerciales, de turismo, interventores, etcétera. Una Alta Escuela abierta también a ciudadanos de las naciones latinoamericanas.

Epílogo: Hasta aquí un resumen de propuestas para la reforma democrática de España, que ofrecemos desde Republica.com para su debate y mejora en la compañía de otras propuestas como las que ya circulan en distintos foros y medios de comunicación.