González admite ahora que ha comprado el ático de Marbella por 770.000 euros

Ignacio González intenta zanjar la polémica sobre el ático de Marbella que una juez de Estepona (Málaga) ha ordenado investigar por presuntas irregularidades de la empresa Coast Investor LLC que, al parecer, figura como propietaria del inmueble. El presidente de la Comunidad de Madrid, que hasta ahora siempre había asegurado ser un mero inquilino, ha admitido este miércoles que adquirió la propiedad por 770.000 euros a finales del pasado año y que las sospechas sobre presuntas irregularidades recaen sobre "el anterior propietario". La letrada Mariana Peregrina Blanco ha solicitado a Hacienda que le remita toda la información sobre Coast Investor LLC tras una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que señalaba que el alquiler abonado por González era "muy inferior" a la media de la zona, la denominada 'milla de oro', y veía "un trasvase de capital de dudoso origen" en la venta del inmueble a la entidad mencionada.

El presidente de la Comunidad de Madrid ha hecho esta revelación aprovechando un acto en Pozuelo de Alarcón, después de que fuentes del Gobierno regional informaran de que el 80 por ciento del piso (566.000 euros) corresponde a la mujer del presidente madrileño, Lourdes Cavero, empresaria y vicepresidenta de CEIM, mientras que el 20 por ciento (154.000 euros) responde al propio González. Ambos tienen separación de bienes.

González ha asegurado en Pozuelo que la investigación ordenada por la juez de Estepona “nada tiene que ver” con él y que se refiere “a las obligaciones fiscales del anterior propietario”. “Mi única relación es que era inquilino de ese inmueble, tengo mi contrato de alquiler, pagaba religiosamente mis alquileres y como también dije en su momento, mi intención era poder comprar ese inmueble”, ha reconocido el dirigente regional, que ha añadido que estaba “en conversaciones” con el propietario pero que no lo pudo “formalizar en su momento porque no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad”, y, por lo tanto, el banco en el que él tramitaba su crédito “no podía formalizar esa compra”. Sin embargo, ha explicado que esa “situación ya se regularizó”, que se hizo la inscripción y que “a finales del año pasado y una vez puesto de acuerdo con el vendedor”, formalizó “la compra que está pendiente de inscribirse por parte de la gestora del banco” en el que ha suscrito un crédito.

El presidente de la Comunidad de Madrid ha denunciado haber sido objeto de “una investigación ilegal” por este tema y ha recordado que por este motivo presentó una denuncia ante la Fiscalía en abril de 2012 para que se aclararan los hechos.

Lo cierto es que el caso del ático de Ignacio González desencadenó en julio una remodelación policial y varias destituciones. El primero en caer fue el comisario general de policía judicial, Enrique Rodríguez Ulla que sólo duró seis meses en el cargo. El Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, le destituyó por la apertura de una investigación secreta y oficial sobre el ático de lujo que usaba el que entonces era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y número dos de Esperanza Aguirre. Este miércoles, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que dicha destitución nada tuvo que ver con el asunto de la titularidad del ático de Marbella y que desconoce quién es su dueño: “Entre las responsabilidades del Ministerio del Interior no está el saber quién es el titular de un ático. Tengo cosas más importantes que hacer”.

Un alquiler muy bajo y una venta “dudosa”

El SUP ya denunció con anterioridad posibles irregularidades en la compraventa del ático alquilado por González y su esposa y la Policía abrió una investigación, pero después la Fiscalía Anticorrupción la archivó por no ver indicios de delito.

Según la nueva denuncia del SUP, que ha impulsado una nueva investigación, Pedro Javier Villate vendió en 2008 a través de una agencia inmobiliaria el citado ático y tres plazas de garaje a Coast Investor, por un importe de un millón de euros, aunque la compraventa no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad por “tema de impuestos”, según el vendedor. “Al momento de la trasmisión”, continúa la denuncia, la esposa de González suscribió un contrato de arrendamiento del ático de larga duración, al parecer por 2.000 euros al mes, “muy inferior” a la media que se paga en la zona, unos “6.000 euros al mes”, y pagados a una empresa “sin actividad”.

El SUP aporta diferentes datos en su denuncia y llega a la conclusión de que la venta del ático “ha supuesto un trasvase de capital de dudoso origen” y de que la operación “ha sido ocultada deliberadamente ante la Hacienda Pública, Banco de España y otros tantos organismos de control de movimientos de capital”. Y todo ello “eludiendo el fisco ante el flagrante impago de impuestos. Y siendo disfrutada su posesión por González y su esposa por un precio muy inferior a los del mercado, siendo presuntamente abonado a una empresa sin actividad”.

Una sociedad bajo sospecha

El SUP explica que, según algunas informaciones, Coast se creó en marzo de 2008 y quedó inactiva hasta el 19 de julio de 2010, fecha en la que es abandonada por su agente sin ser sustituido por ningún otro y, por tanto, sin funcionamiento ni actividad económica ni representatividad alguna. No obstante, el SUP asegura que “fue reactivada en marzo de 2012 tras las manifestaciones públicas” de González “de ser él quien abonaba el alquiler a dicha sociedad”.

El sindicato subraya que Coast está inscrita en Delaware, estado que “permite la creación de empresas en mínimo tiempo, admitiendo su constitución en la que aparece públicamente como socio y administrador, en tanto el beneficiario de la misma sea una tercera persona, como al parecer que es el caso que nos ocupa”. La denuncia explica que, al parecer, la propietaria de Coast es la sociedad Waldford Oversead Investements, “titular de numerosas cuentas bancarias abiertas en el paraíso fiscal de Panamá con ciudadanos españoles como últimos beneficiarios”.