El PP se apoya en las presiones de la Comisión y los mercados para lograr el adelanto electoral

La imagen de los acampados de la Puerta del Sol con su manifestación a las puertas del Congreso de los Diputados, donde ayer se escenificó la ruptura total del diálogo del Gobierno y del PP frente a la crisis económica, sumada a las presiones de la Comisión Europea y de los mercados para que Zapatero endurezca el ajuste del déficit presenta a un gobierno acorralado en todos los frentes –sindicatos y CEOE incluidos-, que se resiste a adelantar las elecciones generales.

Esa presión de la Comisión Europea y de “los mercados” sobre la deuda española no impresionan ni preocupan al Partido Popular sino que las considera realistas y útiles para forzar el adelanto de las elecciones generales, una vez que están convencidos que la permanencia de Zapatero y al frente del gobierno solo sirve para empeorar la situación de España porque es incapaz de tomar las medidas de choque necesarias para abordar la crisis de la economía y el paro.

El Partido Popular va a por todas, no acepta ningún pacto o acuerdo con el Gobierno y se ha lanzado en tromba en pos de lograr un adelanto electoral para el otoño. Rajoy lo dejó ayer bien claro frente a Zapatero en el Congreso de los Diputados, donde apoyó las nuevas medidas de ajuste económico del déficit que hizo públicas la Comisión de Bruselas (aumento del IVA, reducción de costes sociales de la empresas y control del gasto autonómico), que había rechazado una vicepresidenta Salgado desarbolada, que pocas horas antes había telefoneado al líder del PP para pedir ayuda y prudencia en el debate del déficit manchego y autonómico en general, a fin de evitar la furia de los mercados contra la deuda española, sin lograr compromiso alguno de Rajoy que se limitó a decir que ya hablarán en el consejo fiscal autonómico del mes de julio.

El mismo Rajoy que ha pedido al gobierno que desnude el verdadero alcance y monto de la deuda autonómica y local española –“a calzón quitado”, dijo-, en línea con las que han sido denuncias intempestivas de Cospedal sobre la presunta quiebra de Castilla La Mancha, desmentida ayer por Barreda. Una presunta quiebra manchega que unida a los problemas del déficit catalán y de comunidades como las de Valencia y Murcia, han desatado las alarmas entre los analistas financieros y los mercados, así como en el seno de la Comisión Europea y en la prensa internacional tal y como se vio ayer en la portada de Financial Times y en un desesperado editorial del diario El País pidiendo el apoyo del PP al gobierno.

Presiones a la CEOE y los nacionalistas

Otro frente abierto por el PP contra el Gobierno es el de la reforma laboral y de los convenios, estrechamente ligado a la pretensión popular de que los nacionalistas de CiU y PNV le retiren sus apoyos a Zapatero, como se ha visto en la ruptura del diálogo de los empresarios con CC.OO. y UGT sobre la reforma de los convenios colectivos sobre la que el Gobierno aprobará un decretó el próximo viernes.

Asunto que se ha convertido en esencial para la estabilidad del Gobierno porque si Zapatero no logra la convalidación del decreto sobre los convenios en el Congreso –PP y CiU parecen decantarse por el “no”- con el apoyo de PNV, CC, ERC y alguna otra minoría, el Ejecutivo de Zapatero quedará en la peor evidencia y visualizará el tormento que le espera para la aprobación de los Presupuestos Generales de 2012, lo que le conduciría inexorablemente al adelanto electoral, sin permitir el relanzamiento de la candidatura de Rubalcaba que ayer sufrió un duro ataque de Soraya Sáez de Santamaría, al que el vicepresidente no supo o no quiso contestar.

El PP está convencido que logrará el adelanto electoral y para ello mantiene permanentes conversaciones con CiU y con el PNV para lograr derribar el gobierno y el adelanto de las elecciones generales para el mes de octubre. Parece que con CIU –y a través de los pactos municipales en Cataluña- el PP parece haber logrado un entendimiento, lo que no está claro con el PNV, donde mantienen la tensión a propósito de Bildu en el País Vasco.

En cuanto a la CEOE todo apunta a que Rajoy logró que su presidente Joan Rossell decidiera romper “in extremis” la negociación de los convenios con los sindicatos tras el resultado de las elecciones generales del 22-M y la presión que Esperanza Aguirre hizo en la patronal a través de su colaborador y dirigente de la CEOE, Arturo Fernández.

El PP se prepara y desprecia los riesgos

En todo caso y en previsión de un posible adelanto de las elecciones para el mes de octubre el PP ha aplazado el congreso del partido previsto para el otoño y el relevo de Cospedal en la secretaría general, para que se ocupe en exclusiva de la presidencia de Castilla La Mancha. A la vez acordó iniciar en el mes de julio la elaboración de su programa para las elecciones generales. El que no quiere desvelar en su gestión al frente de las autonomías y los ayuntamientos conquistados en las elecciones del 22-M porque sus duras medidas –el famoso programa oculto para el recorte del bienestar social que denuncia el PSOE- podrían tener consecuencias en las elecciones generales.

El riesgo que corre el PP en su acoso al gobierno para lograr el adelanto electoral tiene dos vertientes: por una parte está el riesgo país, relativo a un acoso en tromba de los mercados contra la deuda española colocándonos ante la posibilidad de un necesario rescate financiero por parte de la UE y el FMI, lo que supone un desastre para España y la UE, e incluso para el futuro gobierno de Rajoy; y por otra parte existe un riesgo para el propio PP si al final los ciudadanos entienden que su electoralismo y negativa a colaborar con el Gobierno para luchar contra la crisis pone en peligro la economía española. Sin embargo el PP cree que el riesgo para ellos es mínimo o inexistente porque el alcance y daños de la crisis entre los ciudadanos españoles son tan importantes como para que los votantes culpen al Gobierno –como ocurrió en las elecciones del 22-M- y no a la oposición de su dramática situación.