Ley antipiratería: más Biden que Sinde

Tiene muchos nombres: disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, ley antidescargas, ley antipiratería, ley Sinde, ley de la patada en el router… y el más reciente, ley Biden-Sinde. Para que no le falte de nada, la ley nace bajo los auspicios de un misterioso pacto entre el Gobierno y el PP, que se ha conformado con una ligera capa de maquillaje para cambiar su radical oposición por un apoyo sólo condicionado a la revisión del canon digital. Ha conseguido soliviantar al ciberespacio que lleva meses en pie de guerra contra su aplicación. Pesa sobre ella la presunción de inconstitucionalidad que habrá de dirimir el TC. Y, según nos ha revelado Wikileaks, también es fruto de la sumisión del Gobierno a las indicaciones de la embajada de Estados Unidos. Lo dicho: lo tiene todo.

Teóricamente, la ley Sinde pretende evitar las descargas ilegales, concretamente las descargas directas y los enlaces para los programas de P2P. El problema es que todos los actores implicados en el debate que se ha suscitado en torno a ella dudan de que ese propósito se vaya a cumplir. El hecho de que algunos de los programas de descargas más populares como eMule utilicen buscadores internos para encontrar contenidos o que la mayor parte de los alojadores que pueden dar cobertura a estas web de descargas ilegales no esté en España hace que las intenciones de sus promotores resulten sospechosas. Por eso, sus detractores esgrimen que lo que la ley realmente persigue es recortar derechos cerrando aquellas páginas que puedan ser molestas para los poderes establecidos, es decir, reinventar la censura adaptándola a las nuevas tecnologías. Y por eso aseguran que la Ley Sinde no está hecha para asegurar la protección de la propiedad intelectual, labor que ya ejercen los jueces, sino para poder cerrar las webs que se quiera, sin pasar por un juez, en nombre de la propiedad intelectual. Recuerdan que la propiedad intelectual es un bien que ya está protegido por nuestro ordenamiento jurídico desde hace muchos años y que lo que ahora se pretende establecer es un procedimiento rápido para que la industria musical (o el Gobierno) pueda cerrar cualquier web sin pasar por el juez.

Se podrá argumentar que todo lo anterior no es sino una interpretación de parte, utilizada por los partidarios del todo gratis para defender que España siga siendo la campeona de las descargas ilegales en detrimento de los legítimos derechos de los creadores. Pero lo cierto es que los redactores de la ley han cometido torpezas de bulto que no hacen sino alimentar la teoría de la regresión franquista, en lo que a la libertad de expresión se refiere, y que le garantizan un montón de trabajo al Tribunal Constitucional durante los próximos meses o años. La peor de todas es ese carácter preventivo de la lucha contra el crimen a lo Minority Report que se desprende del punto más controvertido del texto, el que establece que las medidas punitivas podrán adoptarse cuando la prestación de un servicio “haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial”. Y la encargada de establecer que existe un riesgo cierto de que se cometa un delito es una comisión de carácter administrativo porque, no nos engañemos, el detalle de que el juez aparezca ahora no sólo al final de la obra sino también al principio -gracias a la enmienda pactada por PSOE, PP y CiU en el Senado- no incrementa en absoluto las garantías judiciales que con tanto énfasis han defendido los populares hasta hace un par de días. El juez sigue interpretando un papel de notario de las actuaciones de la comisión que, a todos los efectos, es quien tiene la iniciativa.

En este contexto, adquiere una especial relevancia el recordatorio de unas declaraciones del hoy ‘hombre fuerte’ del Gobierno, el vicepresidente primero Alfredo Pérez Rubalcaba, fechadas el 27 de febrero de 2002, cuando definía como una “ley de censura en el ciberespacio” la Ley de Servicios de la Sociedad de Información (LSSI) que quería aprobar el anterior Ejecutivo del PP. Decía entonces Rubalcaba que “el Partido Popular ha tratado de utilizar una ley que debería regular las relaciones comerciales en el ciberespacio para tratar de controlar el flujo de información en la Red”. La ley se aprobó en junio con los votos en contra de IU, del PNV y del PSOE cuyo secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, había aprovechado unas jornadas en Magaz del Pisuerga, el 3 de febrero, para hacer un alegato en su contra y poner como eje del progreso social y económico de nuestro país el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Para más inri, los socialistas criticaban, que la ley introducía el “ambiguo” concepto de “autoridad competente”, que según la LSSI, podría decretar el cierre cautelar de una página web. Según el PSOE, la ley no aclaraba si esa autoridad es administrativa o judicial. ¿Estamos pues ante otro giro de 180º del Gobierno socialista? Nada que pueda sorprendernos después de que nos enteráramos gracias a Wikileaks de que la ley Sinde no es ni más ni menos que el resultado de una nueva imposición de la embajada de Estados Unidos, que llegó a situarla incluso como una de sus prioridades. Como diría la Asociación de Internautas, esto sí que es un estado de alarma y no lo de los controladores.

El pasado 22 de enero, adslzone.net publicaba lo siguiente: “Las presiones de Estados Unidos hacia el Gobierno de España para que salga adelante la Ley Sinde continúan más allá del ámbito privado. Las grandes compañías y la Administración estadounidenses han asegurado que se encuentran “decepcionados” por el rechazo a la norma en el Congreso y abogan por endurecerla en un futuro”. Además, se citaba a Justin Hughes, asesor del subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual de Estados Unidos, como autor directo de estas presiones. Hughes, según la misma información, “se mostró confiado en que finalmente se apruebe una iniciativa que Wikileaks reveló cómo había partido directamente desde el país norteamericano al que ayuda “el liderazgo de la ministra Sinde”. Hughes aseguró que el problema en nuestro país es que “no se ha establecido un equilibrio entre la propiedad intelectual y la libertad individual”. O al menos si se ha establecido -como han sentenciado los jueces por ahora- no parece gustar mucho a la industria y a EEUU”.

Para exacerbar aún más los ánimos de quienes recelan ante la utilidad que se va a dar a la ley, el empujón que ha querido darle el Ejecutivo en el Senado pactando una enmienda con el PP y CiU coincide con los intentos de algunas grandes compañías extranjeras para entrar en el mercado español. Es el caso de Netflix, un modelo de negocio que nació en 1997 en Estados Unidos y que actualmente ofrece material audiovisual en streaming (cine, series, documentales, música) a través de una cuota mensual que paga el usuario. Hace unos días, las agencias recogían la noticia “Netflix, duda en España: ¿culpa de la piratería o de los “abusivos” derechos?”. La información comenzaba admitiendo que “es habitual escuchar que los grandes estudios de Hollywood miran con malos ojos a España por los altos índices de piratería que se registran. Que por eso no apuestan por nuestro país para distribuir películas o series. Que por eso los nuevos videoclubs online no quieren atravesar nuestras fronteras…”. Pero más adelante encontrábamos la otra posible explicación que ha ido adquiriendo más peso que la primera y es que según la Asociación de Internautas, que ha tenido acceso a algunos datos preliminares de un sondeo de Netflix, la compañía “ve cada vez más difícil entrar en nuestro país” debido a que los “abusivos derechos de autor en España representarían un coste de 2 a 3 veces mayor que esos mismos derechos en los países de nuestro entorno, como Francia o Alemania“.

La pregunta que queda en el aire es por qué en este país perdemos tanto tiempo en dilucidar cómo poner puertas al campo o, lo que es lo mismo, cómo controlar el ciberespacio para conseguir una red dócil, y no dedicamos ni un minuto a pensar cómo desarrollar negocios del mismo estilo que Netflix. A lo peor, tiene razón Red Sostenible cuando asegura: “La ley busca no sólo proteger los intereses de la industria del entretenimiento -mayormente norteamericana- sino también asegurar que su poder seguirá prevaleciendo sobre los propios ciudadanos”.