Las propuestas de la Comisión Europea para garantizar el futuro del euro

Como continuación del Libro Blanco sobre el futuro de Europa, publicado el 1 de marzo de 2017, la Comisión Europea está elaborando una serie de documentos que sirvan de base para la reflexión sobre el futuro de la Unión. El último, recién presentado, se dedica a la Profundización de la Unión Económica y Monetaria.

Una parte de las propuestas que contiene perfilan el camino para completar la ya iniciada Unión Bancaria, así como la proyectada Unión de los Mercados de Capitales. La Unión Bancaria consta de cuatro pilares: una regulación común para todos los bancos europeos, actualmente en funcionamiento; un supervisor único, encargado de velar para que se cumpla, que es hoy esencialmente el BCE; un Fondo Único de Resolución, dotado con aportaciones de los bancos, que sirva para hacer frente a futuras situaciones de crisis bancaria; un Fondo de Garantía de Depósitos común.

Es en los pilares tercero y cuarto donde quedan tareas pendientes, como bien señala la Comisión. Sus acertadas propuestas pretenden aumentar el pequeño tamaño del Fondo Único de Resolución, proporcionándole el respaldo del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), un fondo mucho mayor, en principio destinado únicamente a los rescates de gobiernos que sufran crisis de deuda soberana. La otra línea de avance, así mismo correcta, propone que el Fondo de Garantía de Depósitos sea verdaderamente común, pues actualmente siguen existiendo fondos nacionales, aunque hayan unificado sus normas de funcionamiento (de forma que en todos los países cubran los depósitos hasta 100.000 euros).

La Unión de los Mercados de Capitales, por su parte, busca que las empresas europeas (incluyendo las medianas y pequeñas) tengan más facilidades para financiarse emitiendo títulos en los mercados de capitales de cualquier país de la Unión, dejando así de depender tan fuertemente de la financiación bancaria.

Donde el documento de la Comisión resulta poco ambicioso es en el terreno de la Unión Presupuestaria. En este campo, la Unión Europea podría hacer más de forma inmediata, sin necesidad de grandes reformas institucionales, si existiese voluntad política. La política fiscal sigue esencialmente en manos nacionales. Es preciso, por tanto, avanzar en la coordinación de esas políticas fiscales nacionales, de forma que tengan en cuenta su efecto sobre el conjunto de la Unión. En las recomendaciones que se hacen a cada país como parte del Semestre europeo, sería preciso sacar los colores con la misma intensidad a los países con posibilidades de expandir su política fiscal y excesivos superávit, como Alemania, que a los deficitarios. Los ajustes deben de ser simétrico.

Por otro lado, el verdadero embrión de una política fiscal común ya existe: es el MEDE. Los títulos de deuda que emita estarán respaldados por todos los países participantes, de forma que son de facto eurobonos. Dada su enorme capacidad de préstamo, debería flexibilizarse su uso. Hoy está destinado sólo a los rescates soberanos. La Comisión propone que además respalde al Fondo de Resolución. En paralelo, debería ampliarse aún más su uso, de forma  que pudiese dar préstamos a países en crisis (con desempleo superior a la media, o que se ven obligados a recortar la inversión pública a causa de dificultades presupuestarias) para que pudiesen aplicar políticas anticíclicas. Por supuesto, estos préstamos deberían estar sujetos a una condicionalidad mucho menos estricta que la prevista para los rescates soberanos, y aprobarse por mayorías cualificadas en vez de por unanimidad.

A más largo plazo, las propuestas de la Comisión se quedan cortas, pues aceptan como restricción que no haya transferencias permanentes entre países. El objetivo último debería ser, por el contrario, un presupuesto común mucho mayor, que desempeñe funciones de estabilización macroeconómica. Para ello, la Unión debe dotarse de nuevos recursos propios, como la tasa Tobin a las transacciones financieras, o un Impuesto de Sociedades en que se armonice entre países no solo la base, sino también los tipos, y parte de la recaudación (o toda) vaya al presupuesto común. Con estos recursos, la Unión Europea debe involucrarse en el apoyo a los desempleados, tanto en forma de prestaciones como de mejores políticas activas de empleo destinadas a formarlos. Esto, además de tener efectos económicos positivos, permitiría que los ciudadanos visualizasen más claramente a la Unión como su defensor, con el consiguiente aumento de respaldo social al proyecto europeo.

Tales políticas implicarían transferencias de recursos entre países. Sin embargo, Alemania debería recordar los enormes beneficios que obtiene de la Unión: un mercado de 500 millones abierto a sus productos, totalmente libre de aranceles y otras barreras, un euro más depreciado de lo que estaría una moneda alemana propia, o el papel que desempeña como potencia mundial en cuanto que país líder de la Unión. Pagar por todo esto un precio en términos de transferencias no sería en absoluto descabellado.