Marejada de pleitos bancarios

Ha llamado la atención  a  la mayoría de los  observadores y analistas financieros la forma en la que el Banco de España despacha, en su informe sobre la crisis bancaria española, el análisis de su  propia conducta y de sus responsabilidades. Tanta indulgencia no se entiende bien  cuando ha transcurrido tiempo más que suficiente para un análisis sosegado y minucioso de los hechos, a pesar de que uno de los asuntos más graves, la crisis del Popular, se haya precipitado de forma bastante sorprendente en los últimos días.

Es muy probable que la forma en la que se ha desarrollado el último tramo de la crisis del Popular sirva para acelerar e intensificar la búsqueda de responsabilidades entre todos los estamentos implicados.  El Banco de España se ha limitado en su informe a despachar su  nula  o insuficiente intervención  en la larga crisis bancaria   apelando a la inadecuada  eficacia de los instrumentos de que disponía.

Parece una argumentación exculpatoria  de baja  calidad justificativa, ya que los mecanismos de inspección del banco público siempre han contado con información más que suficiente y con  capacidad de  emprender acciones legales  destinadas a remover gestores  o a  impulsar su revocación.  La rapidez con la que han crecido en algunos momentos las listas de quebrantos en las carteras de créditos de algunos bancos (no sólo cajas de ahorros, en donde estaba  ciertamente el epicentro del problema) era cosa de dominio  público. No había más que observar  las listas de  concursos de acreedores en las quiebras empresariales para constatar la reiterada presencia de algunas entidades en estos listados.

El quebranto de la crisis bancaria  sumaba hasta ahora unos 60.000 millones de euros,  en gran medida  financiados con dinero público e institucional, pero la crisis del Popular  ha dejado un reguero de pérdidas que proporcionalmente es incluso más considerable. No tanto por el volumen de dinero afectado como por el  hecho de que en la crisis del Popular hay un componente de patrimonios particulares y  de inversores de clase media (las cifras llegan hasta las 300.000 personas que se habrían quedado sin nada) que amplifican  el impacto de la crisis de una envergadura muy superior.

Los resortes de todo tipo que va a movilizar la crisis de esta entidad empiezan a contemplarse con preocupación ya que en este caso podrían llegar a ser  más evidentes las responsabilidades directas del Estado e incluso de instancias europeas, dada la precipitación con la que se adoptaron las últimas decisiones en relación con la propiedad del Banco Popular y su adjudicación directa a otra entidad bancaria.

Lo que está claro es que la maquinaria legal se está poniendo en marcha  de forma aparentemente masiva y lo está haciendo en varios frentes, tanto en la  vía penal como en la administrativa y  en el terreno de las responsabilidades civiles.  Dicho de otra forma, el caso del Popular puede elevar el tono de los contenciosos legales, dejando en entredicho las  actitudes exculpatorias  del sector público.  Lo que es seguro es que el asunto va para largo, pero también lo es que puede dar paso a algunas sorpresas que pongan en cuestión las bondadosas versiones oficiales que estamos viendo estos días.

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