El nuevo colapso judicial que viene

La Hacienda Pública es hace tiempo, y más desde el aterrizaje de Montoro como el hombre del dinero del presidente Rajoy, uno de los problemas más serios que padecemos los españoles. Los impuestos, directos e indirectos, son confiscatorios, no tratan igual a todos los ciudadanos, benefician a los que más tienen, se ceban con las clases medias hasta tenernos como nos tienen y generan, indirectamente, otros problemas. Y no es solo Montoro, es que el ministro ha creado escuela y muchos Ayuntamientos siguen su estela. El último ejemplo se va a producir con el impuesto de plusvalías, que la mayoría de los municipios insisten en cobrar, aunque el Tribunal Constitucional se lo ha cargado en una sentencia que afecta a Irún, pero que debiera disuadir a todos los alcaldes de seguir cobrándolo. Pero no.

El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que es como se denomina a la plusvalía municipal, se va a convertir para la Administración en lo que han sido las cláusulas suelo para la banca, o sea, en un rio de denuncias que culminarán con miles de derrotas tardías en los tribunales para terminar desembolsando cantidades millonarias en devoluciones con intereses. El Tribunal Constitucional ha sido tajante, y “en ningún caso el legislador podrá establecer un tributo tomando en consideración actos que no sean exponentes de riqueza”. O sea, que los Ayuntamientos no pueden cobrar sin incurrir en ilegalidad a quienes venden sus pisos por menos dinero que el desembolsado al adquirirlo. De cajón. Pero ahí están los municipios, de todos los colores políticos, saltándose a la torera la sentencia y cobrando. Y les importa una higa, cobran ilegalmente, se gastan la tela a lo suyo, el ciudadano reclama y gana tres o cuatro años después. Entonces, han de devolverle el dinero más los intereses, pero los ediles ya no están, han llegado otros, y pagan lo que deben, un dinero que nunca debieron cobrar. Un dislate al que nadie pone fin, ante el que el Gobierno y el Constitucional hacen oídos sordos. Y los ciudadanos, jodidos, pero claro, eso es lo de menos para ellos.

El Ministerio de Hacienda, leo en varios medios, está “estudiando la situación”, el Ayuntamiento de Madrid “cuantificando el impacto” y agentes del mercado inmobiliario dicen que “es cuestión de tiempo que se resuelvan en el mismo sentido las numerosas cuestiones planteadas por otros juzgados relativas a la legislación de ámbito estatal”. Se calcula que son más de 500.000 los ciudadanos afectados por esta tropelía. En los últimos cuatro años los Ayuntamientos han recaudado ilegalmente, y a sabiendas de que estaban vulnerando la ley en muchísimos casos, 8.000 millones de euros mediante este impuesto. Como la crisis ha afectado también al mercado inmobiliario, son muchas las operaciones de venta que se han cerrado con pérdida para el vendedor, lo cual anticipa un rio de reclamaciones que se van a ganar. La pregunta es, ¿por qué los Ayuntamientos han insistido en cobrar impuesto de plusvalía si no había plusvalía? ¿No estamos ante un delito masivo de prevaricación? ¿No va a ordenar el Gobierno que la Fiscalía actúe de oficio ante la gravedad del asunto? Los especialistas estiman que la reclamación media será de 5.000 euros más intereses, y tras la reclamación administrativa, que siempre es negativa, se inician los trámites contenciosos. Total, que hasta 2018 o 2019 los ciudadanos afectados no recuperarán su dinero. Y ahí llega el siguiente problema, que es el más que previsible embudo en los Juzgados. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Justicia? ¿Va a habilitar como ha hecho con las cláusulas suelo un mecanismo extrajudicial y juzgados especializados para poder hacer frente a la avalancha?

La respuesta inevitable es que sería mejor para todos, menos costoso y más razonable que de modo inmediato los Ayuntamientos dejaran de cobrar ese impuesto. Que todos los partidos políticos sin exclusión se pongan por una vez de parte de los ciudadanos españoles y les eviten a tantos el calvario que les espera. En su mano esta, porque ellos gobiernan los municipios. Pero claro, quizá sea mucho pedir. Demasiado.