La Sentencia del 9-N

Don Artur Mas i Gabarro, expresidente de la Generalitat Catalana, y otros dos acusados por los delitos de prevaricación y desobediencia han sido absueltos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el primero de ellos, pero condenados como responsables criminales del segundo. A los tres responsables se les han impuesto, en diferentes cuantías, penas de multa e inhabilitación especial para “el ejercicio de cargos públicos electivos ya sean de ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el ámbito autonómico como en el del Estado”.

La pena privativa de derechos es de dos años para el expresidente mientras que se fija en un año y nueve meses para la exvicepresidenta doña Joana Ortega i Alemany y en un año y seis meses para la exconsejera doña Irene Rigau i Oliver. Puesto que la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña no es firme, tampoco cabe adelantar el cumplimiento de las penas impuestas.

Habrá que esperar al resultado de los más que previsibles recursos de casación ante el Tribunal Supremo, tanto por infracción de Ley como por quebrantamiento de forma, para ejecutar las que entonces ganen firmeza. Los recursos al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos carecen de efectos suspensivos o interruptivos, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en las correspondientes ejecutorias.

Según el artículo 42 del Código Penal, las inhabilitaciones especiales producen “la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recaigan, así como la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos durante el tiempo de la condena”. Nuestro ordenamiento no prevé su utilización como medida provisional o cautelar.

Por lo que hace a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, ésta, en lo que aquí importa, se limita a declarar inelegibles en su artículo 6.2 a) y b) a los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, por el periodo que dure la pena, así como, aunque la sentencia no fuera todavía firme, a los condenados por determinados delitos entre los que se incluye el de desobediencia, pero ninguno de ambos supuestos afecta al cargo que ya se ostenta.

Entramos, pues, en un compás de espera que puede prolongarse bastante más de lo que desearía la opinión pública y convendría para el prestigio de nuestra Justicia. Y el caso no estará definitivamente resuelto, pese a que ya se estén cumpliendo las penas o incluso se hayan cumplido por completo, hasta que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se pronuncien, si se les solicita, sobre posibles lesiones a los derechos fundamentales proclamados en nuestra Constitución o recogidos en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.

Por lo demás, y al margen de las casi inevitables consideraciones políticas del intérprete, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es sólida en sus razonamientos estrictamente jurídicos.

Lástima, sin embargo, que por falta de acusación no haya podido examinar la comisión de unas posibles malversaciones que se castigarían con pena de prisión.