Alquimia en las finanzas públicas

Jeroen Dijsselbloem

En noviembre de 1980, durante la campaña de las elecciones presidenciales estadounidenses, Ronald Reagan prometió bajar los impuestos, reducir el déficit fiscal e incrementar sustancialmente los gastos militares para combatir el imperio del mal, todo a la vez. Como se puede apreciar, la cuadratura del círculo, lo que ponía en un serio aprieto a sus asesores.

La iluminación llegó de un encuentro en un restaurante chino. Jack Kemp, director de la campaña, se reunió con un profesor de Economía en la Universidad de Stanford en California, Arthur Laffer, entonces sin demasiado renombre, y que de no haber sido por esta coincidencia hubiera pasado a la historia sin pena ni gloria. Laffer, según parece, le dibujó sobre una servilleta la famosa curva que llevaría en adelante su nombre. La curva relaciona niveles de recaudación fiscal (ordenadas) con tipos impositivos (abscisas). En una primera parte es ascendente pero, llegada a un determinado punto, se convierte en descendente. La tesis de Laffer se enunciaba así: aun cuando en un principio los ingresos fiscales crecen según se incrementan los tipos del impuesto, una vez alcanzado un determinado nivel, la recaudación comienza a disminuir.

Se había dado solución al dilema. Desde ese momento parecía posible bajar los impuestos, gastar más y al mismo tiempo reducir el déficit. Kemp le mostró el hallazgo a Reagan, que le creyó y, nada más ganar las elecciones, se puso manos a la obra tratando de hacer posible el milagro.

No hubo que esperar mucho tiempo para comprobar los errores que encerraban las teorías de Laffer y cómo podían conducir a la debacle más absoluta de la economía. El primero en tomar conciencia de ello fue David A. Stockman, director de la Oficina del Presupuesto. Las reducciones fiscales sin recorte en las partidas presupuestarias acarreaban inevitablemente un crecimiento explosivo del déficit. Stockman discrepó abiertamente de la política de Reagan y presentó la dimisión, explicándola en un libro de sumo interés, “El triunfo de la Política”, que constituye el mejor alegato contra la curva de Laffer. El argumento fundamental era que no funcionaba; se trataba, según él, de una ilusión. Y el nuevo presidente, que había hecho campaña en contra del 2 % del PIB que alcanzaba el déficit público en tiempos de Carter, lo incrementó de tal manera que en 1986 se situaba en el 6 %.

Lo que también aumentó notablemente fue la desigualdad social y económica. Pero tal vez fuese esta el objetivo último de la reforma, y de esta teoría, que colma de satisfacción a los políticos y, en mayor medida, a las clases altas de la sociedad, que encuentran en sus enunciados la justificación perfecta para desarmar la progresividad de los sistemas fiscales. Ello explica que a pesar de no haber funcionado nunca y de los desastres a los que siempre ha conducido a las finanzas públicas se haya seguido manteniendo y se continúe defendiendo en todas las reformas fiscales.

Los asesores de Trump se encuentran en una encrucijada parecida a la que hallaban los de Reagan hace 35 años. Durante la campaña electoral el presidente electo ha prometido una bajada generalizada de impuestos, siguiendo para ello los patrones más clásicos de disminución de la progresividad. Eliminación del impuesto sobre sucesiones; en el gravamen sobre la renta personal, reducción de tramos, de los siete actuales a tres y una rebaja del tipo marginal máximo; ha prometido minorar el tipo del impuesto de sociedades del 35% al 15%; incluso al 10% para aquellos beneficios obtenidos en el extranjero y que se repatríen. Esto último no puede extrañarnos mucho a los españoles ya que nuestro fisco es más generoso y no grava a las empresas por los beneficios obtenidos en el extranjero.

Al mismo tiempo, Trump ha ofrecido incrementar los gastos en infraestructura nada menos que en un billón de dólares y los gastos militares en unos 300.000 millones. El dilema vuelve a plantearse, porque ante los ojos vigilantes de sus compañeros de partido que desconfían de cualquier política fiscal expansiva, no ha tenido más remedio que afirmar que su plan será neutral en términos fiscales o, lo que es lo mismo, que no incrementará la deuda. Aun cuando pensase, tal como alguna vez ha dejado entrever, que eliminará o al menos reducirá el Obamacare, programa de ayuda sanitaria que da cobertura a más de 20 millones de personas al año, en ningún caso se compensarían los desequilibrios anteriores. En el mejor de los casos, el ahorro sería de 110.000 millones de dólares.

Una vez más, para huir de la cuadratura del círculo se recurre a la curva de Laffer, pero esta tesis se encuentra ya muy desprestigiada. Por ello, los asesores de Trump precisan sacar otro conejo de la chistera. En este caso son el economista Peter Navarro y el inversor Wilbur Ross los que han diseñado el plan de infraestructuras del próximo gobierno y lo hacen pivotar sobre la cooperación del sector privado. La clave se encuentra en que Trump no ha hablado de aumentar el gasto público en un millón de dólares sino en incrementar la inversión en infraestructuras en esa cantidad, pero apoyándose en la empresa privada. Ahora bien, para que la empresa privada se implique será preciso incentivarla con deducciones, deducciones que prevén que costarán al fisco americano 167.000 millones de dólares.

El truco no es nuevo ni original. Son muchos los países (sin ir más lejos, España y la mayoría de los de la Unión Europea) que se han lanzado por esta vía de la cooperación público-privada. El resultado siempre ha sido negativo, porque o bien no ha funcionado y no ha se ha producido inversión, o bien en el caso de que esta se realice, los beneficios, si los hay, terminan siempre en manos privadas y las pérdidas se adjudican al sector público. Buena prueba de lo último la constituyen por ejemplo las autopistas radiales de peaje en España que están a punto de ser un coste extremadamente oneroso al erario público.

Desde la curva de Laffer hasta las asociaciones público-privadas son muchas las fórmulas que los políticos han querido utilizar para cuadrar el círculo. Bajar los impuestos, subir el gasto y no incrementar el déficit. Se transforman en chamanes dispuestos a practicar la alquimia de convertir el hiero en oro.

En Europa hace tiempo que hizo presa la alquimia financiera, no solo porque los distintos gobiernos hayan utilizado frecuentemente la curva de Laffer para justificar reformas fiscales regresivas (caso de España) sino porque Juncker se apuntó a la tesis de la asociación público-privada, en un intento absurdo de realizar una política fiscal expansiva sin emplear fondos públicos. En los momentos actuales el relevo ha sido asumido por Pierre Moscovici, Comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, que acaba de recomendar un estímulo adicional de 50.000 millones de euros, se desconoce si por miedo al posible triunfo de Le Pen en Francia o porque realmente comienzan a ser conscientes en la Comisión de que la Eurozona se encuentra condenada, de no tomar medidas, al estancamiento y a la baja inflación y de que la política monetaria resulta insuficiente para rescatarla.

El planteamiento, sin embargo, es ingenuo no solo por la cuantía del estímulo requerido, también por no querer aceptar que la verdadera trampa es la propia unión monetaria. Los estímulos se reclaman una vez más a los Estados individuales, ya que el presupuesto de la Unión (dado su escaso montante y la carencia de gravámenes propios) resulta radicalmente impotente para acometer cualquier política fiscal. Pero los países se encuentran en situaciones muy diferentes, los que quieren no pueden dado el nivel de endeudamiento que acumulan y los que pueden -como Alemania y Holanda- no quieren y lo que es peor no hay nada en los Tratados que les obligue a hacerlo. Tanto el ministro alemán de economía, Wolfgang Schäuble, como el holandés Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, ya se han posicionado abiertamente en contra de la recomendación.

En nuestro país la alquimia financiera está tentando también a los partidos políticos a la hora de aprobar los presupuestos. Ciudadanos acepta obedientemente el mandato de Bruselas de reducir el déficit, pero se niega a que se suban los impuestos, a pesar de que pretende incrementar el gasto, especialmente eso que llaman complemento salarial y que califica falazmente dentro del gasto social cuando constituye simple y llanamente subvenciones a los empresarios. En España, a estas alturas, dado el volumen alcanzado por el stock de la deuda, la contención del déficit público no es ya una imposición de Bruselas sino una necesidad económica. Todo aquel que afirma que quiere incrementar el gasto social pero al mismo tiempo se niega a subir los impuestos miente, o nos quiere hacer creer que es capaz de convertir el hierro en oro. Pura alquimia en las finanzas públicas.

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