Ética, política y corrupción

COMIENZA EL REGISTRO EN EL DESPACHO DE IGNACIO GONZÁLEZ

Me consta que, más o menos diez años atrás, a Esperanza Aguirre se le advirtió sobre los oscuros manejos que Ignacio González y otros sujetos practicaban desde el gobierno de la Comunidad de Madrid -¿cuántos “familiares” trabajan en el Canal de Isabel II?–. Aún más, era vox populi que no todos eran especialmente honrados o, cuando menos, rectos.

Sin embargo, nunca se tomó ninguna medida. Cuando Esperanza Aguirre dejó la presidencia, la desfachatez más absoluta colocó al rey de los favores y desfavores al frente de la Comunidad de Madrid. Así, con Aguirre advertida y la sospecha instalada en el magín colectivo, González continuó ocupando un importante cargo público sin que nadie en el PP moviera un dedo para evitarlo. Ahora se le ha detenido… y debemos mantener la presunción de inocencia.

Ese, empero, es un asunto penal, no político. En España confundimos por completo la deshonestidad de los representantes públicos con las conductas tipificadas como delitos. No todos los favores que se pueden realizar desde una oficina pasan por un juzgado. Pero, desde un punto de vista ético, siempre serán reprobables cuando beneficien al amigo y no al interés general.

Así, aquí se habla de imputaciones y demás terminachos jurídicos cuando deberíamos hablar de valores y principios. Pongamos un ejemplo menos polémico: imaginemos que un ministro jamás acude al Ministerio, que se dedica a pasear por el Retiro y tomar cañas por la zona de Huertas; evidentemente, no estará cometiendo ningún delito, pero su comportamiento, inmoral, le convertirá en indeseable para su cargo, en culpable desde un punto de vista deontológico, práctico y personal.

Entonces, ¿qué pensar de todos aquellos que manejan los asuntos públicos como si se tratasen de empresas privadas, que confunden, dolososamente, los presupuestos de una administración con la cuenta de pérdidas ajenas y ganancias propias de una aventura empresarial particular? Quizás sus actos no puedan considerarse delito, pero siempre serán reprobables desde un punto de vista moral, inhabilitadores desde la perspectiva del sentido común, práctico y democrático.

A Ignacio González, tras muchos años en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se le apartó del poder por la puerta de atrás, e incluso estuvo bastantes meses más como secretario general del Partido Popular de Madrid. Había sospechas, aunque no juicios, lo que, a mi entender, servía para haberle alejado de las arcas públicas. Pero no se hizo nada. Omisión que alcanza a Aguirre y muchos otros prebostes del PP.

Si, por fin, queremos convertirnos en una democracia seria, deberíamos dejar de considerar la justicia penal como la única manera de considerar la honradez de los políticos. La incorrección en cualquier actividad pública debería ser castigada con el desprecio del común de la sociedad pero, sobre todo –porque hay que considerar que la atocinada sociedad española suda de todo–, con el alejamiento de la “profesión”, de cualquier cargo que corra a cuenta del presupuesto.

Esto sería la auténtica revolución… que afectaría a la práctica totalidad de los políticos. Porque no solo se refiere a la actividad diaria, al hacer político, sino también a ese mirar hacia otro lado que muchos convierten en costumbre, incluso en rasgo esencial de personalidad.

Ignacio González, ahora, será juzgado. Pero aún espero el juicio ético y social a su persona, punto de partida para uno más amplio sobre cada uno de los muchos políticos sospechosos de no haberse comportado correctamente, ya sea por acto u omisión. Ciertamente, realizar una lista sería una tarea ímproba (1) mas, sobre todo, baldía.

(1) Aparte de “falto de probidad”, ímprobo se refiere también a un trabajo “intenso, realizado con enorme aplicación”. Curioso, cuando menos, nuestro idioma.