El Comité de Bioética pide prohibir la gestación subrogada a nivel internacional

El organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, defiende que así se protege "la dignidad de la mujer y del niño"

El Comité de Bioética de España, que asesora al Gobierno sobre materias relacionadas con la ética y la salud, pide prohibir la maternidad subrogada, al considerar que todo contrato de gestación entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor. También reclama “dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, de manera que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero, para lo que podría considerarse la posibilidad, entre otras medidas legales, de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad“.

En todo caso, pide asegurar “una transición segura” que evite que queden desprotegidos los niños resultantes de los procesos de maternidad subrogada internacional en los que pueden estar inmersos actualmente varios españoles. Para ello, considera que puede garantizarse que su filiación en el extranjero se realice conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo.

“El CBE considera que, si bien el deseo de una persona de tener un hijo constituye una noble decisión, ello no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas“, explica el organismo en un documento publicado en su página web.

La mayoría del CBE entiende que “todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio”.

El informe, elaborado a iniciativa del propio Comité, se ha llevado a cabo “dada la preocupación que suscitaba a sus miembros el debate presente en la opinión pública y en algunas instituciones sobre la conveniencia de regular o, al menos, dotar de legalidad, a los contratos de maternidad subrogada“.

En cualquier caso, el Comité de Bioética precisa que, en atención a su naturaleza y funciones, no le corresponde traducir su parecer en una concreta propuesta de reforma legal aunque ofrece algunos criterios que orienten aquélla, como el citado marco regulatorio común a nivel internacional.