El caso del chalet del expresidente riojano Pedro Sanz llegará al Supremo

El vicepresidente del Senado convirtió una casa de labranza en vivienda sin los permisos correspondientes en Villamediana de Iregua

El Tribunal Supremo determinará si el vicepresidente primero del Senado y expresidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, cometió delito urbanístico al convertir una casa de aperos, situado en Villamediana de Iregua (La Rioja), en un chalet, sin la licencia oportuna, según se desprende del auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño, Rosa Esperanza Sánchez.

En la diligencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza eleva a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el caso, ante la situación de aforado de Sanz, en su condición de senador y vicepresidente primero de la Cámara Alta.

Además, pide que declare como investigado el exalcalde Villamediana, Tomás Santolaya, ante “la posible existencia de un delito de prevaricación presuntamente cometido” por éste “por haber finalizado un expediente de legalización del artículo 212 LOTUR contraviniendo la ley para favorecer a Pedro Sanz y evitar la demolición de su construcción”.

El origen de este nuevo auto se encuentra la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Villamediana, presentada el 15 de marzo de 2017, por un presunto delito de prevaricación por parte de Santolaya. Asimismo, el Consistorio, dirigido por la socialista, Ana Belén Hernández, sospechaba que Sanz, su esposa, y la empresa encargada de ampliar la entonces casa de aperos (Foralia), cometieron un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo.

De hecho, según el escrito de la jueza, el suelo era no urbanizable en el momento de la ampliación, y está además se hizo sin la licencia correspondiente, puesto que se presentó un permiso de obras para el “cambio de tejas existentes por mal estado y cubrir 4 m2 de terraza para evitar las goteras”.

Sin embargo, el matrimonio Sanz llevó a cabo “obras más complejas, consistentes en la ampliación de la superficie habitable de la primera planta de la vivienda en 23 metros, que pasó a albergar un dormitorio, al que extendieron las instalaciones de electricidad y calefacción”.

La jueza, en su auto, indica que los hechos serían “provisoria e indiciariamente, constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo, tipificado en el articulo 319.2 Código Penal, cuya instrucción podría corresponder a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por ser uno de los partícipes D. Pedro Sanz Alonso, senador y vicepresidente Primero del Senado en la actualidad, en calidad de autor junto a su esposa y al constructor al que encomendó la construcción presuntamente ilícita”. Fija la posibilidad de presentar un recurso de apelación.

Pedro Sanz aprovechó una serie de licencias municipales bajo sospecha para convertir una casa de labranza en un chalet familiar de dos plantas y 155 metros cuadrados en Villanueva de Iregua, según denunciaron tres concejales de la oposición. Después de que el escándalo estallara en la prensa, el alcalde del municipio aceleró en 2013 el Plan General Municipal que permitió regularizar 69 viviendas, entre las que se encontraba la de Sanz.

Según publicó El Mundo el pasado 16 de febrero, la Fiscalía General del Estado frenó la acusación de Sanz a pesar de que el fiscal que investigó el caso vio motivos para actuar contra él, en un caso similar al del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

El PP cierra filas

El PP de La Rioja ha recordado, a través de un comunicado, que existen ya cuatro sentencias de tres jueces distintos que “dicen que no existe delito respecto al asunto de la finca” y ha señalado que “no existe ninguna imputación contra Pedro Sanz y que el exalcalde, Tomás Santolaya, actuó siempre conforme a la legalidad”.

En esta línea apunta que el Plan General de Ordenación Urbana de Villamediana se aprobó en 2013, empezó a tramitarse 8 años antes y “no ha sido recurrido por nadie, por lo tanto, es firme”. Este es el primer Plan de Ordenación Urbana que tiene Villamediana en su historia y, según el PP, “gracias al mismo se puede ordenar el urbanismo de este municipio”.

En este asunto, añaden que estamos “ante la utilización de la justicia para conseguir fines políticos y se está sometiendo a una persona a una persecución política, a pesar de que con ello con ello se perjudica a todos los vecinos de Villamediana”.

El PP gobierna en La Rioja con el respaldo de Ciudadanos, que tras las elecciones municipales de 2015 exigió que Pedro Sanz no fuera el candidato popular a la presidencia con el argumento de que llevaba ya veinte años -desde 1995- en el poder.