El fiscal jefe Anticorrupción impone retirar la acusación de organización criminal a Ignacio González

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, sigue estando en el centro de la polémica. Tras fracasar en el intento de impedir registros que estaban previstos en la Operación Lezo y que finalmente se llevaron a cabo después de que la junta de fiscales se pronunciara en contra de su criterio, ha impuesto otra limitación a la causa contra el expresidente madrileño, Ignacio González.

Se trata de que los fiscales del caso, Carmen García y Carlos Yáñez, no podrán acusar a González del delito de organización criminal a a la hora de formular sus peticiones de prisión. Es decir, que cuando este viernes pidan prisión, con toda probabilidad, para Ignacio González, no lo harán por este delito, sino por el resto que también le han sido atribuidos y que componen un completo catálogo de actividades corruptas.

La limitación es más teórica que real ya que no significa que se retire esa acusación a González y al resto de detenidos, porque no ha sido eliminada de la querella. Simplemente, no figurará en este momento procesal, a los efectos de las peticiones de prisión. Además, la última palabra la tiene lógicamente el juez. De hecho, el juez Eloy Velasco está acusando por este delito en los autos por los que ya ha ordenado dos ingresos en prisión. Se trata de la directora financiera del Canal Isabel II, María Fernanda Richmond, a quien ha enviado a prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros, y al exgerente del Canal, Adrián Martín, a prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros.

La retirada de la acusación sería una cesión de los fiscales del caso, a cambio de que el fiscal jefe accediera a permitir el polémico registro a cuya práctica se oponía en principio y que motivó la rebelión de la junta de fiscales Antocorrupción.