El fiscal general releva a los investigadores del caso del 3%

El fiscal general del Estado, Jesús Maza, ha relevado a los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo que hasta ahora llevaban la causa en el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) que investiga la presunta financiación irregular de Convergencia Democrática de Catalunya CDC, conocido como "caso del 3 por ciento".

Serán sustituidos por otros dos fiscales del departamento Anticorrupción que tienen sus despachos en Barcelona, Fernando Maldonado -que lleva también los casos Caixa Catalunya e ITV- y Teresa Duerto. Esta última es la que sustituyó en su día a Bermejo cuando éste fue trasladado a la sede de la Fiscalía en Madrid. La decisión estaría dirigida a evitar que estos fiscales invoquen el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal por estar en desacuerdo con alguna directriz de su superior, el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix, en el marco de la investigación judicial por este asunto.

Y es que desde su llegada a la jefatura de Anticorrupción, Moix ha estado envuelto en la polémica. De hecho, se acaba de saber que ordenó por escrito a los fiscales instructores de la Operación Lezo (en la que ha sido detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González), Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez, que no solicitaran una serie de registros. Los fiscales invocaron su estatuto orgánico y forzaron la celebración de una junta de fiscales anticorrupción. La práctica totalidad de los miembros de esa fiscalía especial se posicionaron en contra del criterio de su jefe, que, aunque no estaba obligado a ello, revocó su orden inicial.

Según ha confirmado oficialmente la Fiscalía General del Estado mediante una nota, la sustitución de los fiscales del 3% persigue sin embargo “que los Fiscales delegados de la Anticorrupción asuman los casos de su territorio y los de la fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid”. Añade que este cambio “no supone modificación alguna en la línea que ha mantenido la Fiscalía en cada uno de los procedimientos y facilitará la asistencia a la práctica de diligencias”.

En el marco de esta causa, la Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que el exconseller de Justicia y exsecretario de Govern, Germà Gordó, era “el conseguidor o el recaudador” de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas. La Fiscalía sostiene que “no existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones” que Gordó ha mantenido con empresarios, algunas de ellas en la sede de la antigua CDC e incluso en el Palau de la Generalitat.

En base a informes de la Guardia Civil, la Fiscalía enumera cinco casos en que Gordó habría actuado “decisivamente”: obras del Consorcio de Educación, trabajos en un dique en el Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la plaza de les Glòries de la capital catalana y en un instituto en Manresa (Barcelona).

Todo ello figura en un escrito con el que la Fiscalía –dentro de la causa del 3% que instruye un juzgado de El Vendrell (Tarragona)– pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la necesidad de abrirle una investigación.

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