Ignacio González, detenido en la operación contra la corrupción en el Canal de Isabel II de Madrid

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid -cargo en el que sustituyó en 2012 a Esperanza Aguirre, de quien fue mano derecha durante muchos años- ha sido detenido en el marco de una operación contra la corrupción vinculada al Canal de Isabel II. Y es que antes de acceder a la presidencia regional, en 2009, González compaginaba la vicepresidencia primera del Gobierno madrileño con la Consejería de Cultura y Deportes y la presidencia del Canal, la empresa pública que gestiona el agua en Madrid que controló durante una década.

COMIENZA EL REGISTRO EN EL DESPACHO DE IGNACIO GONZÁLEZ

En la operación que ha puesto en marcha la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra la corrupción política, ha habido doce detenciones, entre ellas la del expresidente de la Comunidad de Madrid, su hermano Pablo y Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica y cesado hace meses por Cristina Cifuentes cuando el actual Gobierno regional detectó las anomalías que durante años se habían producido en la gestión del Canal.

También se estaría investigando a Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 y con un activo papel en las irregularidades que se investigan. Se da la circunstancia de que De Miguel dimitió cuando se supo que había sido víctima de la ‘gestapillo’, el espionaje político en la Comunidad de Madrid, que puso al descubierto el importante patrimonio del que disfrutaba.

Pero es sin duda Ignacio González quien está en el epicentro de esta operación bautizada como ‘Lezo’ en honor de Blas de Lezo, el almirante español que defendió Cartagena de Indias del asedio británico en el siglo XVIII. El nombre viene a cuento porque la investigación se centra en adquisiciones llevadas a cabo por el Canal en Latinoamérica, concretamente en Colombia y Brasil, que sirvieron para desviar dinero de los fondos públicos en beneficio propio. Además, ese nombre alude al famoso viaje que González hizo a Cartagena y en el que también fue espiado. La prensa publicó entonces fotos suyas y de Ildefonso de Miguel, ambos cargados con grandes bolsas que, según dijeron después, contenían toallas.

El hilo del que ha tirado la UCO es la sospechosa compra que Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II, realizó en el año 2013 para adquirir el 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, SA Ltda. Los investigadores creen que se pagó cuatro veces más de lo que valía, es decir, la compra se cerró por 21 millones y medio de euros, cuando la incertidumbre económica y financiera por la que atravesaba Brasil la hubieran desaconsejado. Un año después, el valor contable de la sociedad era de solo cinco millones y en diciembre de 2015 había entrado en pérdidas con un balance de cinco millones pero en negativo.

El descubrimiento de ese desfase es lo que llevó a Cifuentes a cesar como presidente de Inassa a Rodríguez Sobrino, quien aparecía en los ‘Papeles de Panamá’ del despacho Mossack Fonseca como titular de varias sociedades ‘pantalla’. Cuando se llevó a cabo la desastrosa adquisición, González era el jefe del Ejecutivo madrileño y el presidente del Canal era Salvador Victoria, imputado en el caso Púnica.

En Colombia, por otra parte, se sigue la pista de la adquisición de la sociedad que gestiona el agua de la localidad de Barranquilla. Ex trabajadores de la filial colombiana del Canal denunciaron también prácticas corruptas a la propia empresa pública. El Canal tiene el 67,9% de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA ESP (más conocida como la Triple A colombiana).

El campo de golf, el cuñado y un agujero de 60 millones

Junto a todo esto, los investigadores han puesto bajo la lupa operaciones sospechosas relacionadas con la venta de suelo propiedad de la empresa de aguas de Madrid. Una de esas operaciones es la construcción del parque deportivo de golf en Chamberí, que se encuentra a escasos metros de la sede central del Canal Isabel II en la calle Santa Engracia de Madrid, en la que intervino José Juan Caballero que es cuñado de Ignacio González.

Las obras y la explotación del campo de golf en Chamberí fueron adjudicadas durante su etapa como máximo responsable del Canal a empresas temporales dirigidas por un entramado familiar en el que figuran su hermano Pablo y su cuñado. El juez también ha requerido información a Mercasa, empresa pública que gestiona los mercados de abastecimiento de las ciudades españolas, como Mercamadrid o Mercabarna, y de la que es directivo Pablo González.

En todos estos casos, el dinero desviado habría ido a parar a los bolsillos de González y del resto de los investigados. En total, se calcula que el agujero que pudo dejar en la Comunidad de Madrid ronda los 60 millones de euros. El expresidente madrileño también aparece en los ‘Papeles de Panamá’ lo que, junto al escándalo que ya se había destapado sobre su lujoso ático de Marbella, terminó en 2015 con su carrera política. Aunque él había reiterado en numerosas ocasiones su deseo de presentarse a la reelección como presidente de la Comunidad de Madrid, Mariano Rajoy le apartó de la carrera electoral y puso en su lugar a Cifuentes.

Fue la nueva presidenta regional quien entregó a la Fiscalía provincial a mediados de 2016 un dossier sobre la gestión de González al frente del Canal de Isabel II, motivo por el que ha sido citada a declarar este mismo miércoles por el juez Velasco. Unos meses después, Anticorrupción se puso al frente de la investigación. Cifuentes ha hecho una breve declaración ante los medios, en la que ha destacado su intención de colaborar “absolutamente” con la Justicia.

En cambio, la que fuera jefa de Ignacio González, Esperanza Aguirre, guarda silencio, mientras representantes de otras fuerzas políticas piden que dimita como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid debido al aumento exponencial de la población de ‘ranas’ -el apelativo en el que ella misma se refiere a sus antiguos subordinados implicados en casos de corrupción- que la rodea.

Cabe recordar que Aguirre defendía en marzo de 2015 a su mano derecha, después de ser investigado por su ático de Marbella y tras dejar el cargo con la llegada de Cristina Cifuentes. “Ignacio González tiene todo mi apoyo para ser candidato porque ha sido un magnífico presidente, porque tiene un historial absolutamente intachable y porque en cuanto a las insinuaciones que hablan de que recibió como regalo su piso en Estepona, él ha demostrado, como no ha demostrado ningún político, de dónde ha sacado el dinero, de dónde lo compró, qué crédito tomó y todo lo demás. Por lo tanto, todo mi apoyo a Ignacio González, porque verdaderamente creo que hay muy pocos políticos que hayan demostrado con documentos de donde procede su patrimonio”.

El ‘Caso Ático’, Púnica y Subastas Segre

La investigación sobre el Canal de Isabel II no es el único frente judicial que tiene abierto el expresidente madrileño. Hace algo más de un año, en marzo de 2016, el Juzgado de Instrucción 5 de Estepona (Málaga) citó como investigado / imputado a González en el marco del procedimiento para dilucidar cómo adquirió el político del PP su ático de lujo en este municipio de la Costa del Sol, valorado en algo más de 750.000 euros.

Ya entonces había trascendido la grabación de una conversación mantenida en noviembre de 2011 en una cafetería de Madrid entre González y los comisarios Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo en la que el entonces presidente de la Comunidad pedía a los policías que taparan la investigación sobre su ático. En la grabación se escuchaba cómo los comisarios explicaban que un implicado en el caso Gürtel había revelado que le habían regalado un dúplex en Marbella del que disfrutaba mediante un alquiler ficticio que pagaba a una sociedad pantalla de Delaware. “El tema es que si sale… eso es lo que yo no quiero”, les pidió González a los policías.

En el ‘Caso Ático’ se llegó a imputar también a Lourdes Cavero, la mujer de Ignacio González. Y, precisamente, uno de los registros que se están llevando a cabo afecta a la sede de Subastas Segre, la empresa que preside Cavero. Esta empresa fue fundada por ella y Carmen Cafranga, expresidenta de la Fundación Caja Madrid y condenada por el uso de las tarjetas black.

El año pasado, Subastas Segre puso a la venta 110 lotes de relojes, joyas y plumas de David Marjaliza, uno de los principales encausados en la trama Púnica, causa que instruye el propio Eloy Velasco y en la que ya ha investigado posibles trabajos para mejorar la reputación de González pagados por el Canal de Isabel II. Segre logró vender buena parte de las joyas de Marjaliza, incluida una pluma de una edición limitada de cuatro, de oro amarillo y esmalte rojo y 274 diamantes en talla brillante, adjudicada por 18.000 euros.

 

RELACIONADO