La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el exvicepresidente socialista Narcís Serra

La Fiscalía ha pedido cuatro años de cárcel para el expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, por el aumento de sueldo a directivos de la entidad en 2010, cuando ya había acudido al FROB para pedir 1.200 millones de euros. Finalmente, la entidad nacionalizada necesitó más de 13.000 millones para su rescate. El escrito de Anticorrupción solicita la misma pena para el exdirector general de la entidad, Adolf Todó, por los mismos hechos.

serra-448El escrito se dirige contra un total de 41 personas, miembros del consejo de administración. A 17 de ellos se les atribuyen dos delitos de administración desleal y a las 24 personas restantes solo uno y una pena de dos años de prisión. El fiscal anticorrupción Fernando Maldonado pide además a los acusados que indemnicen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con 2,5 millones de euros.

A Serra se le acusa de administración desleal por aprobar una subida del porcentaje variable de su director general del 30% al 50%, a pesar de que Caixa Catalunya estaba en pleno proceso de fusión con las cajas de Manresa y Tarragona e iba a despedir a 1.300 personas. Su situación era tan precaria que estaba a punto de ser intervenida por el FROB. Todó llegó a ganar cerca de 700.000 euros al año.

Los ingresos del que fuera vicepresidente de Felipe González eran mucho más espectaculares, cifrándose en algo más de 1,2 millones de euros durante los últimos años de su etapa como presidente de la entidad. Directamente de Caixa Catalunya, ‘sólo’ percibía unos 275.000 euros anuales -en 2009 ingresó 175.000 euros en concepto de salario y 80.000 por dietas de asistencia-, pero su presencia en los consejos de administración de participadas de la caja como Gas Natural, la compañía de certificaciones Applus, propiedad en un 23% de Volja Plus, de la que Serra era también vicepresidente, le reportaban esos suculentos ingresos complementarios con los que redondeaba su salario hasta la cantidad mencionada.

Serra declaró ante el juez en octubre de 2013 y defendió que sus actuaciones al frente de Catalunya Caixa fueron “legales” y “leales” y hasta “convenientes”, pese a que se produjeron en plena crisis. Y no solo defendió ante el juez su gestión sino que argumentó que los aumentos retributivos se aprobaron como una medida para dar empuje económico a la entidad, en base a unos informes encargados a consultorías que recomendaban subir el salario de los directivos para igualar su sueldo al del mercado.

Narcís Serra fue vicepresidente del Gobierno con Felipe González entre 1991 y 1995 y llegó a la presidencia de Catalunya Caixa diez años después de dejar la política, tras unos años centrado en el sector privado, como consejero de las filiales de Telefónica en Brasil y Chile. En 2005 se puso al frente de Catalunya Caixa, fruto de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, entidad que recibió un total de 13.221 millones de euros en ayudas públicas y que ahora se ha convertido para él en un quebradero de cabeza por partida doble.

El de las subidas de sueldos no es el único caso que tiene abierto Serra de su etapa al frente de la caja catalana. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, le investiga junto al que fuera su director general y a otros 13 cargos por la presunta administración desleal que habría originado un agujero en la entidad de más de 720 millones. Se trata de una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en los que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50% junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea(PROCAM). El fiscal distingue dos períodos, el primero entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos “relevantes”, y entre 2008 y 2013, momento en el que ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos y que fue justo cuando se aprobaron las vertiginosas subidas de sueldos.

Al primer periodo pertenece la operación de Catalunya Caixa con la trama Púnica en Valdemoro, el ‘reino’ de Francisco Granados, que desveló este domingo ‘El Mundo’. El trato se hizo en 2005 con Ramiro Cid, dueño del grupo Obras y Vías, socio de Granados e imputado en la causa sobre Púnica. Por 50 millones Cid vendió a la entidad sus derechos y terrenos para edificar 400 viviendas unifamiliares en hasta 40.000 metros cuadrados aprovechando un nuevo plan urbanístico que, según el empresario, era cosa hecha. Finalmente, la operación ha terminado siendo rescatada por el contribuyente a través del llamado banco malo Sareb que se ha hecho cargo de las pérdidas.