El 'caso Yak-42'

Cospedal da un giro al ‘caso Yak-42′ y asume ‘íntegramente’ el dictamen que responsabiliza a Trillo

La ministra de Defensa se compromete a colaborar en la reapertura de la investigación del caso en sede judicial

cospedal

La Asociación de Víctimas del Yak 42 ha pedido este martes a a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que asuma que los errores del pasado en relación con el accidente aéreo que costó la vida a 62 militares españoles -además de los 13 tripulantes del aparato- y que ayude a reabrir la investigación del caso en sede judicial, para que se puedan depurar todas las responsabilidades. La ministra, según los familiares de las víctimas, se ha comprometido a que su departamento cumpla el dictamen del Consejo de Estado, aunque no sea vinculante para el Ejecutivo, han fuentes del Ministerio.

La ministra se ha reunido con la asociación que agrupa a las víctimas del siniestro, ocurrido en Turquía en 2003 y en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán, y le ha transmitido su máxima disposición a colaborar en sus peticiones.

En el encuentro, que ha transcurrido en clima de cordialidad y franqueza, según el Ministerio de Defensa, Cospedal ha escuchado las reflexiones de los familiares y les ha transmitido su apoyo y el “compromiso inquebrantable con el recuerdo y la memoria de las víctimas por parte del Ministerio de Defensa, del Gobierno, y de toda la sociedad española”.

El Ministerio destaca que, con independencia de que los tribunales determinaron en su día que Defensa “no tuvo responsabilidad civil o penal” en el accidente aéreo, el dictamen sí declara la responsabilidad patrimonial del Estado, indemnizaciones que ya fueron sufragadas.

No obstante, el dictamen señala también que el reconocimiento de esta responsabilidad patrimonial de la administración pública “no está asociado a la afirmación de la concurrencia de actuaciones subjetivas generadoras de cualquier tipo de culpa”.

Es decir, que la responsabilidad patrimonial del Estado no requiere más requisito que el daño se haya producido en relación con sus funciones pero sin que tenga que llevar aparejada “ilicitud, culpa o negligencia”.

De este modo, el Consejo de Estado admite, como ya lo hizo la Audiencia Nacional, el archivo definitivo del procedimiento penal abierto contra seis mandos militares por un delito de imprudencia con resultado de muerte.

Sin embargo y frente a la tesis de que la responsabilidad del siniestro fue exclusivamente de la agencia de la OTAN con la que Defensa había acordado delegar la gestión de los transportes de tropas, NAMSA, el dictamen entiende que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, y más en actividades de riesgo.

Se refiere a la existencia de “hechos” anteriores al siniestro que habrían permitido a la administración ponderar el “especial riesgo” que concurría en este tipo de transporte de las tropas.

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