Polémica reabierta este lunes por Iglesias

El plan de pensiones del Congreso está congelado desde 2012, pero los diputados pueden hacer aportaciones si lo desean

Los parlamentarios electos el pasado día 20 pueden sumarse a él si quieren

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El plan de pensiones privado que ostentaban los parlamentarios está congelado desde el año 2012, cuando se eliminó la aportación que realizaban las Cortes Generales. Sin embargo, los diputados de la pasada legislatura podían hacer aportaciones personales si lo deseaban y los electos el pasado día 20 pueden suscribirlo si quieren, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reavivado este lunes la polémica sobre este plan de pensiones al anunciar en La Moncloa tras su reunión con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que los diputados de su formación renunciarían a él. El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, le ha acusado poco después de “mentir” porque este plan, ha dicho, no existe desde el año 2012.

El plan de pensiones se quedó sin aportación pública a finales de enero de 2012, cuando las Mesas del Mesas del Congreso y del Senado decidieron suprimir la aportación que las Cámaras realizaban mensualmente al plan de pensiones privado creado para parlamentarios y funcionarios de ambas instituciones.

Entonces, el Congreso y el Senado destinaban unos 280 euros mensuales a este plan por cada uno de los parlamentarios, cantidad equivalente al 10 por ciento de su asignación constitucional. El plan incluía un seguro de vida, otro de invalidez y un concepto denominado ‘prestación de supervivencia’ que se sustanciaba mediante un pago al llegar a la edad de jubilación.

Desde que se tomó esa decisión, los diputados de la pasada legislatura podían seguir haciendo aportaciones personales a este plan si así lo deseaban. En la misma situación estarán los parlamentarios electos el pasado día 20, que pueden sumarse a él si quieren.

Los primeros en abrir la polémica fueron los diputados de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Unión, Progreso y Democracia tras las elecciones de 2011, cuando anunciaron su intención de renunciar al plan de pensiones privado que la Cámara tenía contratado.

Como se trataba de una póliza colectiva, la Mesa del Congreso les pidió entonces que formalizaran esa renuncia por escrito para que dejasen de constar como beneficiarios.