Las ONG, sin subvenciones por un conflicto de competencias entre Cataluña y el Estado

Las asociaciones aseguran que la sentencia del Tribunal Supremo que veta las ayudas nacionales les ha hecho perder diez millones de euros

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Un conflicto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas denunciado por Cataluña ha hecho perder a las ONG de ámbito estatal diez millones de euros y ha dejado en suspenso los 250 millones procedentes del 0,7% destinada a fines sociales en la declaración de la renta, informa la Cadena Ser. El enfrentamiento tiene su origen en un recurso presentado por la Generalitat ante el Tribunal Supremo, que confirmó que el reparto de las ayudas es competencia de los gobiernos regionales y no del central.

La senadora de CiU María Teresa Rivero reclamó la semana pasada al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que el Gobierno cumpla con la sentencia que dicta que es Cataluña la que debe gestionar el reparto de subvenciones procedentes del 0,7% del IRPF en su territorio.

Rivero acusó al Gobierno de no cumplir 12 sentencias que obligan a territorializar el 0,7% a Cataluña esquivándolas mediante Reales Decretos, mientras que el Tribunal Supremo pide al Gobierno que “no haga trampas al solitario” porque no tiene esas competencias.

En este contexto, la senadora reprochó al ministro que Cataluña ha sido “siempre” maltratada porque los catalanes aportan 55 millones de euros de los cuales solo revierten 31 millones con criterios de territorio y con criterios de población le faltarían aún 11 millones de euros.

El TS ha dado la razón a un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña y ha anulado el Real Decreto de 2013 que regula las subvenciones a organizaciones del tercer sector, como ONG y otras entidades privadas de ámbito estatal y sin ánimo de lucro que desarrollan actividades de interés general, porque invade competencias autonómicas.

Esta rocambolesca situación ha impedido a las asociaciones que trabajan con la población más necesitada recibir 10 millones de euros que hasta ahora les concedía el Estado para mantener su estructura y a sus empleados.

Las ONG temen ahora que peligren los 250 millones procedentes de la casillas solidaria de la declaración de la renta y piden una solución urgente para seguir trabajando mientras se resuelve este conflicto.