Denuncian en Galicia el “acarreo” de votos por parte del PP de una residencia de ancianos

La Junta Electoral Central rechaza anular el voto por correo pese a la denuncia de compra de votos por parte del PP

Pese a la tranquilidad general con que se ha desarrollado las elecciones autonómicas y municipales de este domingo la jornada no ha estado exenta de polémicas. Por un lado, en Galicia ha sido denunciado el presunto acarreo de votantes por parte del PP en dos localidades, en una de ellas con personas mayores, en muchos casos con capacidades mentales mermadas. Por otro lado, la Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado la anulación del voto por correo en Melilla, una medida que había sido solicitada por los representantes de Coalición por Melilla (CPM) y Podemos ante la supuesta compra de votos por parte del PP que ambas formaciones habían denunciado.

Dos personas han sido detenidas este domingo en la jornada electoral gallega, que ha registrado varias denuncias por “acarreo de votos” y alguna incidencia sin mayores consecuencias por pintadas en locales electorales, el sellado de una cerradura en la sede del PP de A Coruña y sustituciones en varias mesas electorales.

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha comparecido esta tarde en rueda de prensa para dar cuenta del desarrollo de las elecciones municipales en Galicia, donde se han constituido 3.997 mesas en las que habían votado más de 2,2 millones de gallegos.

Hasta las 18:00 horas, la participación en la Comunidad se había situado en el 50,97 por ciento, un 1,35 por ciento más que en 2011, según datos del Ministerio del Interior.

Las incidencias más reseñables han ocurrido en Monforte (Lugo) y Cambre (A Coruña), donde han sido detenidas dos personas que ya han sido puestas en libertad tras prestar declaración.

En la localidad lucense, la presidenta de una mesa electoral fue detenida por negarse a cumplir su función, y en A Barcala, en Cambre, un hombre fue detenido tras votar dos veces, una con su DNI y otra con el de un amigo.

En Baiona (Pontevedra) se ha borrado una pintada en un colegio electoral y en la sede del PP de A Coruña ha habido que llamar a un cerrajero al aparecer la cerradura del local sellada con pegamento.

Papeletas que faltaban y han sido repuestas, miembros de mesas electorales en A Coruña y Pontevedra que han sido sustituidos y algún error en la votación han sido otros incidentes menores de esta jornada.

También en la localidad coruñesa de Pontedeume, el PSdeG ha denunciado, con imágenes, el presunto acarreo de votantes por parte de personas del PP, y en Rairo, en Ourense, los grupos del PSdeG, Anova y Ourense en Común también han denunciado lo mismo con personas mayores, en muchos casos con capacidades mentales mermadas.

Sobre estos casos, el delegado del Gobierno se ha remitido a lo que dictamine la Junta Electoral.

 Polémica en Melilla

Según el escrito al que ha tenido acceso Efe, firmado por el presidente de la JEC, Carlos Granados, y fechado a día de hoy, se desestiman los recursos de ambas formaciones contra el dictamen inicial de la Junta Electoral de Zona (JEZ) por el que se denegó la propuesta de invalidar todos los votos remitidos por correo.

Para la JEC, resulta contrario a la legislación electoral adoptar una decisión “tan grave” como la de anular todo el voto por correo emitido en una circunscripción cuando “no existen datos objetivos, más allá de sospechas o conjeturas genéricas”.

No obstante, la JEC deja abierta la posibilidad de que se puedan producir resoluciones judiciales que puedan adoptarse respecto a “denuncias concretas” que puedan haberse presentado.

Coalición por Melilla anunció la petición de anulación del voto por considerar que existían indicios de “compra de votos” y “de manipulación” por parte del PP.

Esta solicitud se produjo tras un incidente en la oficina de Correos donde simpatizantes de CPM increparon a miembros del PP que acudieron a depositar votos por correo ya emitidos, algo que, según los populares, es legal.

El acuerdo de la JEC es firme en vía administrativa y contra el mismo sólo cabe la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.

Acarreo de votantes en Galicia