La citación de Imbroda y el ático de González ponen a prueba al PP a tres meses del 24M

La decisión del Tribunal Supremo de abrir un proceso penal a Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla y senador popular, generó a principios de febrero un nuevo problema a Mariano Rajoy, que aún no ha terminado de confeccionar sus listas para las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. “No sé si podré presentarme al 24-M, pero estoy disponible y mi partido me apoya”, dijo Imbroda pero, una vez más, la última palabra la tiene el presidente. Quien por cierto tiene abierto otro frente más conflictivo, el de Madrid, una plaza que podría perder y para la que tampoco hay nada decidido.

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Este lunes se ha sabido que el Tribunal Supremo ha citado a Imbroda como imputado para el próximo día 11 a las 11.00 horas, para tomarle declaración en relación con un supuesto delito de prevaricación en la contratación irregular de un abogado por parte de la ciudad autónoma. Si se confirmaba que existen indicios de delito y de la posible implicación del imputado, el instructor de la causa, el magistrado Francisco Monterde, pediría el suplicatorio al Parlamento para actuar contra él ya que Imbroda es senador y, por tanto, aforado ante el Supremo.

El caso se inició a partir de una denuncia de una asociación de letrados, en el año 2001, por la contratación de varios letrados externos a la Administración de la Ciudad Autónoma para que colaboraran en la defensa de los intereses de la institución ante 150 denuncias que fueron presentadas por el despido de unas cooperativas cuya contratación pudo ser ilegal. El artículo 404 del Código Penal castiga la prevaricación que comete “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo” y la castiga con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años. El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Melilla, que sigue instruyendo la causa, investiga otros posibles delitos como malversación de caudales públicos y fraude a la Administración.

Pese a este complicado panorama y a que la Justicia aún no se ha pronunciado, el vicesecretario general de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha salido en defensa de Imbroda asegurando que el presidente de Melilla ha sido llamado a declarar por “una decisión que tomó con todos los informes a favor”. Fuentes de la dirección nacional insisten en que la preocupación por la imputación de Imbroda es “cero”, lo que mantendría las posibilidades de que el presidente de la ciudad autónoma repita como candidato del PP a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 24 de mayo. El propio Floriano aseguró hace dos semanas, cuando se conoció la imputación de Imbroda, que “todos los casos no son iguales” e insistió en destacar que Génova estudiaría “caso por caso”.

Quizá por los casos que se le acumulan al PP, la corrupción fue el tema al que menos tiempo dedicó Rajoy en el discurso con el que abrió el reciente debate sobre el Estado de la Nación. Apenas dos minutos que, luego, en las réplicas y contrarréplicas con el líder de la oposición, se estiraron hasta convertirse en el monotema. Fueron las acusaciones de Pedro Sánchez sobre la relación de Bárcenas con el partido y con la cúpula popular las que sacaron de quicio a Rajoy, hasta el punto de llevarle a protagonizar el momento más tenso del debate y probablemente el que más puntos le quitó de cara a la valoración ciudadana. Fue cuando llamó “patético” a Sánchez y le instó a no volver al Parlamento.

Si ese episodio molestó tanto a Rajoy, es de suponer que no quiera que la campaña para las elecciones de mayo se vea también monopolizada por los asuntos pendientes con la Justicia de sus candidatos. Por eso, si hasta hace unos días muchos dirigentes populares pensaban que la pareja del PP para aspirar a la presidencia de la Comunidad de Madrid y a la alcaldía serían Ignacio González y Esperanza Aguirre, ahora la apuesta no parece tan sólida. El caso del ático de Marbella del presidente regional y la supuesta implicación de su número dos en la trama Púnica han emborronado su foto. Y si tenemos en cuenta la huida de la presidenta del PP de Madrid de los agentes de movilidad que quisieron multarla ha acaparado titulares meses, no parece que el tándem Aguirre-González sea la opción favorita de alguien que no quiere ni oír hablar de líos judiciales.

Ignacio González, que no se ha caracterizado precisamente por mantener una relación ‘pacífica’ con el Gobierno de la nación –son sobradamente conocidos sus encontronazos con el ministro Cristóbal Montero a cuenta de la financiación autonómica- ha dado un paso más este lunes hacia el divorcio. El presidente madrileño ha denunciado nada menos que una conspiración policial para responder a algunas de las acusaciones que se le hacen sobre su ático de Marbella.

González ha convocado a la prensa para desmentir rotundamente la información publicada por ‘El Mundo’, según la cual mantuvo una reunión, en noviembre de 2011, con varios mandos policiales para pedirles que le ayudaran para que no transcendiera que era el inquilino de un ático adquirido por un testaferro a través de una sociedad creada ‘ad hoc’ y radicada en un paraíso fiscal. El presidente madrileño ha confirmado la reunión, pero ha precisado que se trató simplemente de un café a petición de los comisarios Enrique García Castaño y José Villarejo, que le informaron de que se habían iniciado actuaciones policiales en relación con su ático.

Según González, en ese encuentro, celebrado al mediodía y al que acudió acompañado por cuatro colaboradores, los comisarios le dijeron que si les facilitaba algún recibo del alquiler de la vivienda se podía evitar que esas “actuaciones policiales” salieran a la luz, lo que ha calificado de “chantaje” para tratar de encubrir una actuación policial ilegal. “Como no tenía nada que ocultar, no caí en el chantaje que me hacía este señor, que lo que pretendía era tapar una actuación policial que, como se ha demostrado posteriormente, era ilegal”, ha relatado el presidente de la Comunidad de Madrid.

Después, él mismo acudió al “juez que correspondía” -juzgado de instrucción número 47 de Madrid- para denunciar “toda la estrategia” contra él, lo que conllevó la apertura de un procedimiento ratificado por la Audiencia Nacional y por el que ha sido imputado el comisario jefe de la Policía de Marbella, Agapito Hermés, quien inició la “investigación ilegal”, según el relato del presidente.

Tras señalar que “curiosamente” esas informaciones se publican en unas fechas que coinciden con un “periodo electoral”, se ha reafirmado en su “empeño” de “seguir trabajando en favor de los madrileños”, es decir, de ser el candidato autonómico de su partido. Pero, para que eso sea así necesita el plácet del líder de su partido, Mariano Rajoy, quien a día de hoy aún no se ha pronunciado. Y muy clara no debe estar su designación cuando Carlos Floriano, en la misma rueda de prensa en la que ha defendido a Imbroda, ha evitado respaldar explícitamente a González. El Comité Electoral del PP estudiará “todos los elementos” para tomar la “decisión más acertada posible” sobre la candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, se ha limitado a decir el número tres del partido. Menos todavía ha querido ‘mojarse’ el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando le han preguntado los periodistas tras sobrevolar la zona afectada por el desbordamiento del Ebro. “No tengo nada que decir porque está bajo tutela judicial”, ha precisado Fernández Díaz, quien ha añadido que esa reunión tuvo lugar antes de que él tomara posesión de su cargo.

Sobre el detonante de las explosivas declaraciones de González, la información publicada por ‘El Mundo’, circula ya la teoría de que se trata de ‘fuego amigo’, una carga de profundidad lanzada desde las propias filas populares para minar las posibilidades del aspirante a que se confirme su candidatura y justificar así un cambio de cartel electoral que Rajoy ya tendría decidido.
En cualquier caso, la acusación de chantaje y extorsión lanzada por el presidente de la Comunidad de Madrid contra dos conocidos comisarios de la Policía reviste una gravedad que sin duda no va a pasar desapercibida para los partidos de la oposición. De momento, ya se han levantado varias voces reclamando unas explicaciones que, antes o después, tendrán que producirse.

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