La Fiscalía Anticorrupción solicita 42 años y medio de cárcel para Bárcenas y 110 para Correa

La Fiscalía Anticorrupción solicita 42 años y medio de prisión para el extesorero del PP Luis Bárcenas por cinco delitos que presuntamente cometió durante la "primera época" de actividades de la red Gürtel, entre los años 1999 y 2005. La pena más alta es la que se reclama para el líder de la trama, Francisco Correa, que podría ser condenado a 109 años y diez meses de cárcel. La ex ministra de Sanidad, Ana Mato, y el PP tendrán que responder en el juicio como partícipes lucrativos de los negocios de la red y la sorpresa ha sido la petición de que Esperanza Aguirre declare como testigo.

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Para el PP, la Fiscalía pide, en concepto de responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo en los beneficios obtenidos por Gürtel en los Ayuntamientos de Pozuelo de Alcorcón y Majadahonda, 328.440 euros, y a Mato, 28.468 euros por lucrarse supuestamente de los regalos que la trama hizo a su exmarido, el exalcalde de Pozuelo de Alcorcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, quien también figura entre los 41 imputados.

El escrito de Anticorrupción responde al auto del juez Ruz del pasado 26 de noviembre, en el que se daba por cerrada la investigación de la primera fase del caso Gürtel, con operaciones que se circunscriben a las comunidades de Castilla y León y Madrid, y a los ayuntamientos de Madrid, Pozuelo y Majadahonda, así como la localidad de Estepona (Málaga).

Como hiciera el propio juez en ese auto, las fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, relatan cómo desde finales de 1999 y hasta 2009, “Francisco Correa lideró un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos; bien mediante la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para empresas de terceros -a cambio, en este caso, de la correspondiente comisión-, bien mediante el apoderamiento directo de fondos de las entidades públicas. En ambos supuestos, el acusado actuó con un grupo vertebrado en torno a él y contó con la esencial colaboración de cargos públicos a los que compensaba con pagos y regalos en especie”.

Para todo ello se valió de “sobornos a funcionarios y autoridades, creación de una trama de facturas falsas, creación de entramados societarios para obtener contratos públicos y ocultar la procedencia ilícita y el destino de los fondos y contratación con las Administraciones Públicas vulnerando la normativa administrativa”. Además, el escrito constata que “Francisco Correa desplegó, al menos durante el citado periodo, una continua actividad dirigida a la ocultación a la Hacienda Pública de los ingresos procedentes de la ilícita operativa, ingresos que ascendieron a más de 40 millones de euros”.

Las fiscales detallan que Correa recibió 8.400.000 euros, durante el periodo 2000 a 2008, de contratos públicos adjudicados a sus empresas y que supusieron un “importante perjuicio” a las entidades por cuanto que el margen de beneficio del acusado era “notoriamente superior” al de otras empresas dedicadas a la misma actividad y además se cobraba de los propios clientes las comisiones que pagaban a autoridades y funcionarios. Además, en este periodo Correa ingresó 2.850.000 euros de comisiones por intermediar en favor de empresas ajenas a su grupo.

En cuanto a los cargos públicos con los que contrataba, las prácticas más habituales utilizadas para beneficiar a las empresas vinculadas a Correa fueron “la de dividir artificialmente los servicios disminuyendo de ese modo la cuantía del contrato alterando, en consecuencia, el procedimiento de contratación aplicable”.

Después de Correa, las fiscales reclaman la siguiente mayor pena, 85 años y medio, para el considerado número 2 de la trama, el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, y para el contable de la red, José Luis Izquierdo, solicitan 43 años y 8 meses. En cuanto a los dos exalcaldes imputados en esta pieza, para el de Majadahonda Guillermo Ortega piden 50 años y 10 meses y para el de Pozuelo Jesús Sepúlveda -exmarido de Ana Mato-, 15 años y 4 meses.

El también extesorero del PP Álvaro Lapuerta se enfrentará a tres años de cárcel por un delito de apropiación indebida, mientras que su predecesor en Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís tendrá que afrontar una petición de pena de ocho años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo de capitales.

Bárcenas se encuentra imputado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. Este último delito se le atribuye por justificar sus cuentas en Suiza con facturas falsas de supuesta compra venta de cuadros. A Correa la Fiscalía le acusa de asociación ilícita, falsedad, malversación, tráfico de influencias, delitos fiscales y estafa, entre otros tipos penales.

24 años para Rosalía Iglesias, la ‘fortuna’ de Bárcenas y la ‘caja B’ del PP

La que también tendrá que hacer frente a una elevada petición de condena es la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, para quien se reclaman 24 años de cárcel. Y es que en el escrito de Anticorrupción se afirma que “desde al menos el año 2000, (…) Luis Bárcenas desarrolló una operativa dirigida a enriquecerse de modo ilícito intermediando en adjudicaciones públicas y apropiándose de fondos del Partido Popular que ocultó a través de un entramado financiero en Suiza y que afloró mediante la simulación de distintas operaciones comerciales. Por su parte, Rosalía Iglesias, en connivencia con su cónyuge, también utilizó estos procedimientos para ocultar sus propias rentas y las de su esposo ingresando una parte de ellas en efectivo en cuentas de su titularidad abiertas tanto en España como en Suiza y simulando realizar alguna venta de cuadros”.

Llama la atención que al hombre que acumuló 48 millones de euros en sus cuentas de Suiza, se le acuse de haberse apoderado solo, entre 1999 y 2005, de 299.650,61 euros de la caja B del PP para después ingresarlos en cuentas bancarias abiertas en España y fuera de ella. Las fiscales, eso sí, añaden la coletilla “como mínimo”, pero a simple vista parece una cantidad ínfima en comparación con la fortuna que atesoraba Bárcenas. La cuestión es que este escrito se refiere nada más a una parte del ‘caso Gürtel’, la que se refiere a la etapa probablemente menos lucrativa del excargo popular. La aportación más importante de Bárcenas a la causa es, no obstante, que ha servido de hilo conductor para armar la acusación sobre la financiación ilegal del PP, en la que el juez Ruz viene insistiendo desde hace tiempo. Ese también es asunto no solo de esta causa, sino de otras muchas que componen el mosaico de Gürtel, entre ellas la de ‘los papeles de Bárcenas’.

De momento, el escrito que hemos conocido este viernes coincide con el auto del juez Ruz en que la caja B del PP “se nutría de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”. Gracias a la opacidad que ofrecía esa doble estructura contable del partido y “con el consentimiento de Álvaro Lapuerta”, Bárcenas detrajo entre 2001 y 2003 al menos 150.059 euros que ingresó en una cuenta en el banco suizo Dresdner Bank (actualmente LGT). En 2005, “prevaliéndose de las mismas circunstancias y, especialmente, del secreto y ocultamiento de la doble contabilidad instaurada en la formación política”, Bárcenas se apropió de 149.600 euros, que con la conformidad de su mujer Rosalía Iglesias para pagar parcialmente unos inmuebles adquiridos por el matrimonio.

En esa ocasión, los fondos sustraídos a la caja B del PP “no declarados a la Hacienda Pública ni al Tribunal de Cuentas” se produjo con motivo de la compra de acciones de Libertad Digital “decidida en el seno de la formación política con el fin de colaborar con esa sociedad ocultando el verdadero aportante de los fondos”, hechos que se investigan en la pieza separada de los papeles de Bárcenas y que le valieron la imputación al exsecretario general del PP Ángel Acebes. “Aprovechando la compra de acciones de Libertad Digital con fondos opacos”, Bárcenas, con la anuencia de Lapuerta, dispuso el 24 de octubre e 2004 de 149.600 euros con los que adquirió 1.360 acciones a nombre de su esposa, quien conocedora de toda esta operativa se prestó a ello.

Esas acciones se vendieron el 15 de marzo de 2005 a Francisco Yañez, fallecido hace un año, por el mismo importe, con lo que no se reintegró el dinero “a su verdadero propietario, el Partido Popular”, sino que se lo quedó el matrimonio con el visto bueno de Lapuerta, ya que “no reclamó en ningún momento la reintegración de esos fondos”. El matrimonio ingresó ese dinero en una sucursal de Caja Madrid (ahora Bankia) como pago parcial de la compra de unos inmuebles en la estación de esquí de Baqueira Beret.

Aguirre, señuelo de López Viejo para contratar con Gürtel

En cuanto al exconsejero de Deportes del PP Alberto López Viejo, la petición es de 46 años de cárcel y que devuelva a la Comunidad de Madrid 430.228 euros: 341.430 euros por el sobrecoste de los facturado entre 2004 y 2008; 1.891 por la duplicidad del acto de colocación del Belén de 2005 y por duplicidad en la factura de tres atriles 86.976.

De él dicen las fiscales que “durante el periodo en que desempeñó su cargo en el Ayuntamiento de Madrid, Alberto López Viejo percibió, al menos, una comisión de 682.197,99 euros por facilitar la adjudicación irregular del contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria de la zona 3 de Madrid a la entidad SUFI. S.A. Desde que accedió a la actividad pública en la CAM y hasta al menos 2008, (…) acordó con Francisco Correa, con el pleno conocimiento, respaldo y colaboración de Pablo Crespo, adjudicar arbitrariamente los contratos referidos a actos institucionales o conmemorativos con asistencia de la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, a las empresas del llamado ‘Grupo Pozuelo’”.

Las fiscales señalan, en definitiva, que la presencia de Aguirre era la ‘novedosa’ estrategia diseñada por López Viejo para captar el interés de las empresas con las que contrataba y hacer caja. A la presidenta del PP de Madrid se le ha preguntado este viernes por su declaración como testigo y se ha mostrado dispuesta a prestarla:  “Yo ya declaré una vez y volveré a hacerlo. Por supuesto que sí, claro que sí”. Aguirre  declaró a finales de 2013, por escrito, en su despacho de la calle Génova, ante un secretario judicial y sobre adjudicaciones públicas a una empresa vinculada a la trama Gürtel.

 

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  • Lucyinthe Sky

    12 meses de publicidad gratis para el PP en año electoral, entre los juicios de Madrid y los de Comunidad Valenciana —– que bien !!!!