Gobierno y PSOE cierran su primer ‘pacto de Estado’ contra el terrorismo yihadista

El PP y el PSOE pactarán una proposición de ley orgánica urgente, a la que desean se sumen todos los grupos, para abordar las medidas para luchar contra el terrorismo yihadista. De esta manera, se pondrá en marcha una iniciativa independiente de la reforma del Código Penal, a la que el PP ya presentó una batería de enmiendas que se pretende tomar como base para el nuevo proyecto. Es el primer y único 'pacto de Estado' entre los dos partidos para combatir un fenómeno que se acaba de cobrar 17 vidas en Francia.

fernandezdiaz-catala-500

“Es una manera de llevar adelante la reforma, de forma coordinada y conjunta”, ha explicado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Significa que toda la parte del Código Penal relacionada con el terrorismo yihadista -once artículos- se separa de esta norma y se tratará en la nueva proposición no de ley, con lo que de paso se propicia el acuerdo con los socialistas que no estaban conformes con la reforma. De todas formas, el PSOE ya ha advertido de que hay unos cinco artículos que pueden suponer una inseguridad jurídica y con los que, en principio, no estaría de acuerdo. Una delegación de este partido, encabezada por su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, se ha reunido este martes con los ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Rafael Catalá.

Entre las medidas concretas que se pretende impulsar, destaca el registro de pasajeros en aviones que desde 2010 impulsa la Unión Europea pero que hasta ahora ha rechazado el Parlamento Europeo por suponer una vulneración de la privacidad de los datos. El ministro de Interior cree que después de cinco años será posible desbloquearlo. La pretensión es que cuando la Eurocámara lo apruebe, España ya tendrá preparados los medios tecnológicos, el personal y el “amparo legal”, ha añadido Fernández Díaz, quien ha dejado claro que ese registro no atentará contra la “privacidad” de las personas porque, entre otras cosas, no atenderá a perfiles ideológicos, étnicos o religiosos y sólo podrá ser utilizado por los investigadores.

Sobre las medidas de control de pasajeros, Antonio Hernando ha reconocido se han “demostrado eficaces” en su aplicación con Estados Unidos, Canadá y Australia, si bien ha señalado que su implantación en los desplazamientos dentro de la Unión Europea debería hacerse “con muchas limitaciones y con todas las cautelas” posibles. Con la proposición de ley orgánica se ha superado otro de los reparos que objetaban los socialistas. Y es que el principal partido de la oposición se oponía a que las medidas sobre los registros de pasajeros fueran incluidas, a través de una enmienda en el Senado, en la “ley mordaza” (ley de seguridad ciudadana), ya que el PSOE y el resto de los grupos de la oposición van a votar en contra de esa ley.

El plan incidirá en internet porque es un medio que los yihadistas utilizan para adoctrinar, incitar al odio y captar a personas que quieran combatir en países en conflicto. Sobre este tema, sin embargo, el PSOE mantiene algunas reservas ya que esgrime que se podría llegar a penalizar con cárcel a personas que nada tienen que ver con el terrorismo yihadista aunque consulten habitualmente webs de esa ideología.

No ya solo del PSOE sino del mismísimo Poder Judicial procede la crítica a otra de las medidas que barajaba el Gobierno: que las fuerzas de seguridad del Estado realicen escuchas telefónicas sin autorización judicial. Tanto el ministro del Interior como el de Justicia han admitido, antes de la reunión de este martes, que estaban dispuestos a renunciar a esta idea si existe la más mínima duda de que pueda ir contra la Constitución.

En declaraciones a la COPE, Fernández Díaz ha aclarado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente de 1988 permite ya escuchas telefónicas sin autorización judicial en casos de urgente necesidad en delitos terroristas. Ha añadido que ahora hay que tener en cuenta una nueva realidad a la existía en 1988, con nuevas actividades delictivas, pero “ni el Ministerio del Interior ni el de Justicia tenemos la intención de imponer iniciativas que tengan dudas de encaje constitucional”, por lo que ha mostrado su disposición a renunciar a esta parte de la reforma ante las dudas del CGPJ.

En la SER, Rafael Catalá ha precisado que la idea era ampliar esta posibilidad a otras actividades delictivas graves como las cometidas por bandas organizadas, de trata de menores y de mujeres, para una mayor eficacia en las investigaciones. No obstante ha coincidido en que si el CGPJ desconfía, “no queremos forzar las cosas y estamos dispuestos a negociar a la vista de los informes que se emitan y a reflexionar, para hacer un proyecto en el marco del mayor consenso posible”.

Invitación a todos los grupos y tramitación

La intención de todas las partes, tal y como han expresado los ministros y Hernando, es incorporar al resto de los grupos parlamentarios, para lo que trabajarán en los próximos días. Una negociación a la que no van a invitar a partidos extraparlamentarios, como Podemos o Ciudadanos, porque la proposición de ley tiene que ser suscrita por los grupos que tengan representación en las Cortes.

Sin fecha aún para la aprobación definitiva de estas medidas, Catalá ha asegurado que será en el actual periodo de sesiones, es decir, en el primer semestre de este año, cuando pueden entrar ya en vigor.

En definitiva, ha dicho Hernando, en los próximos días se pondrá “negro sobre blanco en un texto que será distinto a las enmiendas presentadas por el PP, asumible y más garantista. Esa es la voluntad que hemos mostrado ambos interlocutores y estamos convencidos de que vamos a poder llegar a un acuerdo y que este será amplio”.

RELACIONADO