Caos en los salarios del Estado: más de 260 altos cargos cobran más que Mariano Rajoy

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El portal de transparencia que ha puesto en marcha el Gobierno para que los ciudadanos conozcan informaciones hasta ahora poco asequibles nace entre críticas de la oposición y de los expertos, que denuncian que la mayoría de los 530.000 registros prometidos ya figuraban en otros dominios y que la nueva web no tiene ni un acceso sencillo para que cualquiera pueda consultarla, ni un funcionamiento rápido y eficaz. Gracias a la información contenida en transparencia.gob.es, sí hemos podido constatar lo que ya se sospechaba hace tiempo: que el presidente Mariano Rajoy y sus ministros no son los mejor pagados de sus departamentos. Es más, Rajoy, con 78.185 euros al año, gana unos 35.000 menos que su jefe de gabinete, Jorge Moragas, que percibe 113.186 euros anuales.

Lo mismo le ocurre a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que gana 75.744 euros, 34.600 menos que la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, que percibe 110.363,97 euros, un salario idéntico al del secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica del presidente con 112.733 euros, es uno de los mejor pagados. El director del Boletín Oficial del Estado y el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas también están en un nivel salarial superior a los del presidente y la vicepresidenta. Su sueldo es de 97.877,92 y 94787,54 euros anuales, respectivamente.

En el departamento que encabeza la vicepresidenta, tienen un sueldo bruto superior su jefa de gabinete, María González Pico (104.571 euros); el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales (105.699 euros); la directora del gabinete adjunta de la vicepresidenta, Edelmira Barreira (90.271 euros); la directora general de Comunicación, Consuelo Sánchez Vicente, y el director general de Relaciones con las Cortes, Ignacio Carbajal (90.271 euros cada uno).

Los ministros se mueven en torno a los 70.000 euros. El Ministerio del Interior, Jorge Fernández tiene una retribución de 68.981 euros, pero es que su número dos, el secretario de Estado de Seguridad se embolsa 104.435 euros. Lo mismo que Fernández Díaz gana el titular de Defensa, Pedro Morenés, mientras que los ministros de Economía, Luis de Guindos, con 71.478,95, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro (76.319,34), están ligeramente por encima de ese baremo.

En ambos casos, las retribuciones de los segundos escalones también son superiores. Los secretarios de Estado de Hacienda (Miguel Ferre), Presupuestos (Marta Fernández Currás) y Administraciones Públicas (Antonio Beteta) ganan 110.937,26, 111.308,72 y 106.986,32 euros al año. En el departamento de De Guindos, el secretario de Estado de Economía y Competitividad, Iñigo Fernández de Mesa, y el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, perciben cada uno 111.382,84 euros. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez Rubio, es otro de los miembros del Gobierno que más ganan, 115.351,04 euros, una cantidad muy superior a los 68.981.88 que recibe su ministro, José Manuel García-Margallo.

Capítulo aparte merecen las indemnizaciones y pensiones de oro que cobran exaltos cargos de la Administración tras su cese. Estas pensiones son, desde 2012, incompatibles con cualquier otra remuneración ya sea pública o privada. Entre los beneficiarios, se encuentran el exsecretario de Estado de Economía Fernando Jiménez Latorre, que cobró 12.622 euros durante los dos meses que estuvo sin ocupación; el expresidente de la CNMV Julio Segura, que recibió una indemnización de 236.789,88 desde que dejó el cargo en octubre de 2012 -algo más de un año después de haber autorizado la salida a Bolsa de Bankia- y el exconsejero Luis Pedroche, que mantiene una retribución mensual de 8.640 euros desde el pasado 1 de mayo. Un poco más, 9.389 euros, cobra el expresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones Bernardo Lorenzo.

Partidos y fundaciones

En cuanto a las subvenciones a los partidos, la lista la encabeza el más votado, el PP, con 25,2 millones de euros, seguido del PSOE, con 14 millones. El Partit dels Socialistes de Catalunya supera los 2 millones, al igual que Izquierda Unida, que ha recibido 2.413.877,15. A UPyD le corresponden 1,98 millones.

Los nacionalistas suman entre todos más de tres millones, con Convergencia Democrática de Catalunya en cabeza (1.754.732,21), seguido de Amaiur (857.00). Esquerra Republicana de Catalunya supera el medio millón con 539.348,88 euros. Aparte, hay que contabilizar los gastos de seguridad: más de 120.000 para CDC, 44.000 para Amaiur y 27.693 euros para ERC. De las fuerzas sin representación parlamentaria que sí se presentaron a las elecciones europeas, figuran Ciudadanos, que ha recibido 375.541,02 euros “para gastos electorales”, y Podemos con 112.439.

Respecto a las fundaciones, las que dependen del PP cobran diez veces más en ayudas y subvenciones que las socialistas. Las primeras -FAES, Humanismo y Democracia y la Fundación Mujeres en Igualdad- han recibido durante este año en torno a los 6,5 millones de euros repartidos de esta manera: 1.320.000 euros fueron a parar a la que preside José María Aznar, la segunda fundación recaudó 5 millones y la tercera 75.000 euros. La Fundación Pablo Iglesias, vinculada al PSOE, se ha quedado en poco más de 650.000 euros. Europa de los Ciudadanos, que está en la órbita de IU, consiguió ayudas por valor de 103.445 euros.

Ausencias, omisiones y trabas del portal

Hasta aquí algunas de las informaciones que podremos conocer a través del portal recién estrenado. Pero hay otras muchas referencias que no están a disposición del ciudadano, ausencias que ya han llevado al principal partido de la oposición, el PSOE, a calificar de “fraude” la iniciativa. Los expertos tampoco están satisfechos. Los socialistas denuncian, concretamente, que las declaraciones de bienes de 257 altos cargos permanezcan ocultas por la sencilla razón de que tomaron posesión tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. UPyD, por su parte, ha exigido al Gobierno que publique sus reuniones con los lobbies, cosa que tampoco está prevista, si de verdad quiere fomentar la transparencia.

La información anterior a 2014 tampoco está a plena disposición. Quien tenga curiosidad, por ejemplo, por saber lo que cobraban los ministros de José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que pedir la información por la vía electrónica, para lo que tendrá que registrarse.

Por otra parte, y aunque por primera vez podremos saber qué altos cargos acaban en empresas privadas tras su salida del sector público -lo que popularmente se conoce como ‘puertas giratorias’- no se publicarán en la web los informes que autorizan a dar el salto a la esfera privada. En todo caso, quien esté interesado lo podrá solicitar. Y en este trámite, el ciudadano tropezará con un nuevo obstáculo. La Administración sólo dará aquellos datos que tenga registrados, no los que tenga que elaborar ad hoc para la petición que se le ha formulado.

Hay, además, una serie de documentos que, según la ley de transparencia, no se facilitarán bajo ninguna circunstancia. Se trata de “la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”. Esto significa que será imposible seguir el proceso para la toma de decisiones y que solo se podrá conocer el resultado final, saltándose todos los pasos que se han dado y que justifican o no que se haya llegado al mismo.

En este apartado, hay que resaltar que los informes perceptivos que elaboran el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial sobre los anteproyectos de ley que aprueba el Consejo de Ministros se publicarán, pero solo una vez que esa norma haya sido aprobada como proyecto. En ese momento se publicarán los textos para cuya confección han sido determinantes y la redacción final de la legislación.

Desde el punto de vista puramente operativo, también hay reparos. Lo denuncian Access Info Europe y la Fundación Civio: A los ciudadanos que deseen formular preguntas a las administraciones se les exigirá identificarse mediante un DNI electrónico o mediante una clave personal. Este sistema, que ha ocasionado problemas por ejemplo en la declaración del IVA el pasado mes de enero, supone un obstáculo al ejercicio del derecho a la información. De hecho, como recuerda el propio Consejo General del Poder Judicial (que no va a exigir esos sistemas de identificación), el acceso a la información “es un derecho fundamental de carácter universal en cuya garantía priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso”.