El fiscal del caso Nóos pedirá exculpar a la infanta Cristina y 15 años de cárcel para Urdangarin

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El marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, se enfrentará a una petición de 15 años de cárcel por parte del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, que le acusa de ocho delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, blanqueo de capitales, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil y dos delitos fiscales. A su exsocio, Diego Torres, le acusa de siete delitos -los mismos que atribuye al duque de Palma pero uno menos contra la Hacienda Pública-. A su mujer, Ana María Tejeiro, la acusa de blanquero de capitales y, en cambio, exculpa totalmente a la Infanta, tal y como ya había anticipado. Ambas son responsables a título lucrativo de los fondos desviados por la trama que constituyeron Urdangarin y Torres, por lo que doña Cristina tendrá que devolver en torno a 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil, la mitad de lo desviado a través de la empresa Aizoon, de la que era copropietaria al 50%.

La situación de Urdangarin, no obstante, aún podría variar antes de que las partes acusadoras presenten al juez José Castro los escritos donde definirán los imputados a quienes acusan, por qué delitos y qué penas piden para ellos en el futuro juicio por esta causa centrada en el desvío de fondos públicos al instituto que presidió el duque de Palma.

La Fiscalía lleva semanas negociando un acuerdo con la defensa de Urdangarin que podría rebajar su petición de cárcel a menos de la mitad -unos seis años- siempre que devuelva los seis millones de euros que adjudicaron de forma irregular los Gobiernos de Baleares y Valencia al Instituto Nóos y que fueron desviados. Ese es el dinero que fue a parar a Aizoon a través de facturas falsas y que los duques emplearon fundamentalmente en gastos personales. Sería un pacto al estilo del alcanzado por otros imputados como el ex director general de Deportes del Gobierno balear, José Luis Pepote Ballester, que ha reconocido las irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y se ha comprometido a devolver parte del dinero desviado. Por otra parte, Urdangarin aún no ha depositado los 337.000 euros defraudados a Hacienda, cuya entrega podría suponer la aplicación del correspondiente atenuante en su petición de condena.

En lo que a la hermana del Rey Felipe VI se refiere, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de Aizoon. A través de esta empresa, que se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó esos 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.

No es la única cantidad de dinero que reclamará el fiscal Pedro Horrach, puesto que tanto Urdangarin como Torres y el resto de inculpados -excluidas Cristina de Borbón y Tejeiro- deberán hacer frente a una solicitud de unos 6,3 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).

La acusación dirigida contra Urdangarin es la que ha impedido que a la Infanta se le aplicara la conocida como ‘doctrina Botín’ y sea señalada como partícipe a título lucrativo. Lo reseñaron los jueces de la Audiencia Provincial de Palma en un auto en el que constataban que “existe un matiz” que diferencia el caso de Botín del de la infanta, que es que ella está imputada como cooperadora de los delitos fiscales que cometió Urdangarin, a quien la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí que tienen intención de acusar. Contra la decisión de sentarla en el banquillo no cabría recurso, pero si el juez opta por no incluirla entre los acusados aún le restaría a Manos Limpias la posibilidad de apelar a la Audiencia. Este sindicato tiene la intención de solicitar una condena de 8 años de prisión para la hermana del rey, 4 por cada uno de los dos delitos fiscales que le atribuirá en su escrito de acusación.

Entre las novedades del escrito del fiscal hay que destacar que entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrentará a una solicitud de entre 10 y 12 años de cárcel por delitos de malversación, prevaricación, falsedad y fraude. A Matas se le considera ‘reincidente’ por estar ya condenado por algunos de los delitos que le van a ser atribuidos en este caso. El resto de exaltos cargos de las islas -José Luis ‘Pepote’ Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico de ésta Miquel Àngel Bonet- afrontarán peticiones que en conjunto suman unos 20 años de prisión.

En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público solicitará un total de 30 años de privación de libertad para todos ellos. Se trata del exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela; la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y el también exdirector general José Manuel Aguilar.

Finalmente, a cerca de siete años se enfrentará la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen, mientras que también engrosarán la lista de acusados la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.

El fiscal Horrach tiene previsto solicitar el archivo de las actuaciones para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el cuñado de Diego Torres y ex secretario del Instituto Nóos,Miguel Tejeiro; el testaferro que utilizaron Urdangarin y Torres para colocar los fondos públicos en paraísos fiscales como Belice o Luxemburgo, Salvador Trinxet; o el ex director financiero de la Candidatura Madrid 2016, Gerardo Corral.

A partir de este martes, 9 de diciembre, empieza a correr un nuevo plazo para que el juez Castro dicte auto de apertura de juicio oral donde determinará quiénes se sentarán en el banquillo.