La Generalitat llama a votar el 9N mientras el Consejo de Estado apoya por unanimidad que se recurra al TC

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El Gobierno celebra este lunes su Consejo de Ministros extraordinario que aprobará los recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley de consultas catalana y la convocatoria del referéndum del 9N hecha por Artur Mas el sábado. El Consejo de Estado ha aprobado este domingo por unanimidad los dictámenes en los que apoya que el Gobierno recurra ante el TC. El informe del Consejo de Estado es preceptivo pero no es vinculante, pero no cabe duda de que en esta ocasión se tendrá muy en cuenta. Mientras, el Govern ha puesto en marcha su maquinaria para la celebración de la consulta consciente de que va a ser suspendida, pero amparándose en tres presunciones para no tener que desconvocarla echándose encima a las fuerzas políticas y sociales que ha movilizado en su proceso soberanista y para salir más o menos airoso del trance.

La primera, es que el referéndum que ha convocado no tiene efectos jurídicos vinculantes por lo que no entra en el supuesto contemplado en la Constitución que invoca el Gobierno. El Consejo de Estado, sin embargo, considera que es un referéndum en toda regla y que su convocatoria “corresponde exclusivamente al Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.1º de la Constitución. Y, además, debe hacerse mediante ley orgánica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución”.

“Sí” ha contestado Artur Mas cuando Ana Pastor le ha preguntado este domingo en ‘El Objetivo’ si las urnas estarán en la calle el 9 de noviembre. “Nosotros hemos hecho toda la arquitectura correcta”, ha añadido cuando la periodista le ha preguntado por los recursos al Constitucional que va a plantear el Gobierno y ha recordado que la votación no significa que el Govern vaya a declarar la independencia al día siguiente. “Convertir el acto de votar en algo ilegal es una monstruosidad”, a juicio de Mas que insiste en que su iniciativa no se sitúa fuera de la Constitución.

La segunda presunción es la que Artur Mas defendió en su entrevista televisiva del sábado por la noche: el Tribunal Constitucional podría acabar levantando la posible suspensión de la consulta para lo que la Generalitat contribuirá con una batería de recursos, que no excluyen acudir a la Justicia internacional. “Suspender significa que se tienen que dirigir a nosotros y nos tienen que pedir nuestra opinión. (…) Nosotros podemos hacer nuestras alegaciones”, ha dicho Mas en su última entrevista y ha asegurado que respeta la autoridad de todos los tribunales pero que cree que este es un problema político que no deben resolver los magistrados del TC.

La tercera presunción es que, mientras llega la decisión definitiva, el Govern puede seguir con los preparativos de la consulta para estar preparado en el caso de que finalmente pueda celebrarse.

“Si queda suspendida, que no anulada, en cualquier momento se puede levantar la suspensión”, dijo Mas en esa entrevista. Sin embargo, la voluntad del Gobierno, tal y como señaló el viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es que se suspenda cualquier actividad alrededor de la consulta del 9N pese a que la campaña institucional de la Generalitat sólo es informativa y no hace campaña por el SÍ-SÍ en la doble pregunta: “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?”. “Y en caso afirmativo: ¿Quiere que este estado sea independiente?”. Solo los que respondan sí a la primera pregunta podrán votar sobre la segunda, lo que excluye de hecho en la votación por la independencia a todos los que rechacen un Estado catalán.

“Una vez suspendida la ley, no podrá llevarse a cabo ninguna actuación”, precisó la vicepresidenta y lo reiteró el sábado, después de la convocatoria, además de advertir de que cualquier acto tendente a ejecutar el referendo sería una violación de la resolución, por lo que tanto el Gobierno como la Fiscalía lo perseguirán: “Se suspende y deja de producir efecto. Una vez suspendido no se puede continuar ejecutando. Ese es el derecho y lo que ha pasado siempre”. Preguntada sobre la voluntad de los grupos nacionalistas de manifestarse cuando se suspenda la norma, insistió: “En este país todos estamos sujetos a la ley”. “Artur Mas se ha metido solo en el lío. Supongo que él pensaba que íbamos a recular, pero vamos a hacer lo que dijimos”, había señalado un día antes Rajoy en una conversación informal con periodistas en China, desde donde ya ha regresado para poder presidir el Consejo de Ministros de este lunes.

Calendario de actuaciones contra la consulta

Cuando el Gobierno haya dado luz verde a los recursos y los haya puesto en manos de la Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional convocará durante esta semana, previsiblemente el martes, un pleno extraordinario, algo que solo puede hacer su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, para tratar el asunto. El tribunal se limitará a constatar que la materia entra dentro de las que son recurribles por el Gobierno y a admitir a trámite el recurso, sin entrar en el fondo de la cuestión. De inmediato, tanto la ley de consultas como la convocatoria del referendo quedarán suspendidos. Esa suspensión puede mantenerse durante cinco meses, al cabo de los cuales el Constitución tendrá que decidir si levanta la suspensión o la prorroga hasta que haya decidido sobre la materia recurrida.

De momento, tanto la Generalitat como los grupos que apoyan el referéndum han tratado de rentabilizar al máximo el período en el que la convocatoria esté vigente, que será previsiblemente de dos días, sábado y domingo. Apenas unas horas después de que Mas firmara el decreto, la Generalitat inició una campaña institucional para llamar a la participación, con una web específica en la que se publicitan la lista de participantes y los puntos en los que se ubicarán las urnas. También se habilita una base de datos que cruzará diversos ficheros para identificar a las personas que puedan votar. No se habla de censo para no violar la ley. Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) iniciarán una campaña en favor de la consulta a partir del 4 de octubre y han llamado a concentrarse en las plazas de Cataluña si el Tribunal Constitucional anula la ley y suspende la consulta independentista.

Mas alentó el sábado a los movimientos ciudadanos que le han acompañado en el proceso soberanista para que lo mantengan vivo: “Pido capacidad de resistencia. No puedo esconder que no será fácil pero esto no funciona saliendo a la calle una vez al año; el futuro es una conquista no un regalo y nos lo tenemos que ganar”.

La legalidad a la que apela el ‘Govern’

Tanto el Govern como los partidos en los que se sustenta están convencidos de actuar conforme a la legalidad. El secretario general del comité de gobierno de Unió (UDC), Ramon Espadaler, lo ha asegurado este domingo: “Haremos una defensa firme del decreto, de la legalidad, de la consulta. Por lo tanto, defenderemos con firmeza y con contundencia lo que creemos que se ampara en el Estatuto, que desarrolla bien el Estatuto, que se ampara en el marco constitucional”. El propio decreto de convocatoria de la consulta establece que “entre los asuntos o materias que pueden ser consultados en una convocatoria en todo el territorio de Cataluña, se encuentran aquellos, incluidos los de especial relevancia colectiva para el país, respecto de los cuales la Generalidad tiene la potestad de ejercer la iniciativa formal ante las instituciones del Estado, tal como se lo reconocen los artículos 87 y 166 de la Constitución y el artículo 61 del Estatuto”.

Pese a ello, los funcionarios que trabajen en la celebración de la consulta soberanista pueden exponerse a duras sanciones. El Gobierno lo ha dejado caer al avisar de que cualquier actuación relacionada con la convocatoria, una vez que esta sea suspendida por el Constitucional, será contraria a Derecho. Y hace unos días el fiscal José María Mena, ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dijo en Catalunya Radio que los particulares que desempeñen un cargo público y trabajen para la consulta, tras la suspensión, podrían ser acusados de desobediencia y prevaricación y ser multados o inhabilitados por ello.

En el caso contrario, el de los ciudadanos que incumplan el llamamiento de la Generalitat a conformar las mesas para poder votar el 9 de noviembre, no hay sanciones previstas. Eso es al menos lo que ha dicho la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, que este domingo ha presentado el dispositivo logístico preparado para la consulta sin adelantar cómo actuará si el Constitucional la suspende, advirtiendo que no va a entrar en “actitudes preventivas”, porque está convencida de que es “legal, constitucional y estatutaria”.

La logística de la consulta

Según Ortega, está previsto que se instalen 8.130 mesas de consulta, con un total de 10.800 urnas, en 2.718 locales de todos los municipios de Cataluña, para lo que ya se ha facilitado a los ayuntamientos el listado provisional de esos espacios, con un plazo de diez días para que puedan “presentar alternativas”.

La vicepresidenta ha asegurado que, pese a las declaraciones públicas de algunos alcaldes, la Generalitat no ha recibido hasta ahora ninguna notificación oficial de ayuntamientos que estén en desacuerdo con ceder sus espacios para acoger las urnas. En todo caso, “no será por locales que la gente no podrá ejercer su derecho a voto, la Generalitat lo garantizará”, ha asegurado Ortega, que no ha precisado de qué forma lo hará el gobierno catalán y se ha limitado a defender que colaborar en la consulta “es cumplir con una ley” aprobada por el Parlament.

Joana Ortega se ha mostrado también convencida de que 24.390 miembros titulares de mesas de votación que deberán ser elegidos por sorteo cumplirán con su “deber cívico” de acudir, pese a reconocer que no están obligados a hacerlo -al contrario de lo que sucede con los procesos electorales- y que la ley de consultas prevé que puedan renunciar a comparecer. En ese caso, ha detallado Jordi Barrat, subdirector general de Relaciones Institucionales de la Generalitat, está previsto que haya suplentes, que se pueda realizar un nuevo sorteo -si la persona elegida anuncia su renuncia por escrito, como establece la ley de consultas- o incluso que la mesa se constituya con las primeras personas que acudan a votar, como prevé la legislación electoral.

Además de los 5,4 millones con la “condición política” de catalanes cuyos datos ha extraído la Generalitat del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), que se nutre de padrones municipales, el 9N podrán votar los extranjeros comunitarios con un año de residencia y los no comunitarios que lleven al menos tres años viviendo legalmente en esta comunidad. Sin embargo, para votar los extranjeros deberán solicitar formalmente poder participar en la consulta entre los días 1 y 7 de octubre próximos, para lo que deberán aportar el certificado de empadronamiento que le facilite su ayuntamiento.

Ortega ha insistido en que la Generalitat “no está haciendo un uso ilegal de ningún dato”, dado que el registro de que se dispone para la consulta “es fruto del desarrollo de la ley de consultas, aprobada por el Parlament con una amplísima mayoría”. Junto a la votación presencial, está previsto que puedan participar de forma anticipada por depósito, entre los días 20 y 25 de octubre, los trabajadores movilizados el 9N, personas dependientes, hospitalizados, presos y residentes en el extranjero.

Siete comisiones de seguimiento, integradas por juristas y politólogos, se encargarán de supervisar el proceso de consulta, ha añadido Ortega, y el próximo miércoles se designará a los miembros de la Comisión de Control que debe garantizar su legalidad. El Departamento de Gobernación firmó el sábado cuatro convenios con entidades que colaborarán en la consulta: con el Centro Tecnología de la Información encargado de gestionar los datos del registro, con el Idescat del que se extraerán los datos censales, con el Departamento de Presidencia para disponer del registro de catalanes en el extranjero, y con el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), cuyos presos confeccionarán el material para el 9N.