Montoro niega en el Congreso que Pujol se acogiera a la amnistía fiscal de 2012

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha advertido este martes al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol de que su responsabilidad con la Hacienda pública no se agota en un comunicado y de que tiene intención de actuar en su caso por la vía administrativa y la judicial, porque a la vista de las informaciones conocidas no puede descartarse “que se hayan cometido varios delitos”. Montoro, que cree que este caso es “uno de los más graves de fraude fiscal ocurridos en España”, se ha referido con dureza a la estrategia del expresident, desmontando en definitiva lo que hasta ahora era su principal línea de defensa: “Si creía que pidiendo perdón públicamente se hacía borrón y cuenta nueva se equivocaba de pleno”. En ese comunicado no se daban cifras de lo defraudado a través de cuentas en el extranjero donde se habría depositado la supuesta herencia del padre de Jordi Pujol y Montoro tampoco ha podido aportar cifras ni datos nuevos, lo que hubiera supuesto romper el compromiso de confidencialidad de la Agencia Tributaria. Sí ha negado, sin embargo, que Pujol se hubiera acogido a la amnistía fiscal del año 2012 y ha anunciado que la Abogacía del Estado ha solicitado personarse en las investigaciones judiciales abiertas.

El ministro de Hacienda se ha presentado ante la Comisión correspondiente del Congreso haciendo gala de espíritu justiciero adobado con rapapolvos de carácter ético a los defraudadores y especialmente a aquellos que se aprovechan de sus cargos para aprovecharse de lo público. En ese sentido, ha subrayado que la obligación del Ministerio es perseguir el fraude fiscal lo cometa quien lo cometa, e independientemente de su poder “económico, mediático o político”.

Pero el titular de Hacienda ha reservado el grueso de la artillería para cargar contra el expresidente de la Generalitat, cuyo comportamiento ha calificado de “turbio”. “¿De qué vale la confesión si no hay voluntad de enderezar el rumbo? Confiesa el fraude pero no asume la responsabilidad del mismo. No hace nada que demuestre que está dispuesto a hacerlo bien a partir de ahora”, se ha lamentado el ministro, que cree que Pujol se ha limitado a “justificarse públicamente” y a arremeter contra la banca andorrana ante la posibilidad de que desvele información sobre su fortuna. “Lo que no está diciendo es que si no se hubiera visto obligado lo habría revelado”, ha señalado. A su juicio, Pujol “está reaccionando a las investigaciones de la Agencia Tributaria, de la policía y de los servicios que persiguen el blanqueo de capitales. (Ha confesado) cuando se ha visto acorralado”. Su confesión “no es un acto espontáneo ni casual”.

Al negar que Pujol se hubiera acogido a la amnistía fiscal, Montoro ha confirmado lo que el propio ‘expresident’ decía en su comunicado del mes de julio: que no presentó declaración tributaria especial aunque, si lo hubiera hecho, eso “no le eximiría de responsabilidad o culpa por hechos constitutivos de delito”. El ministro, sin embargo, se ha escabullido ante la insistencia de los grupos que le han preguntado varias veces si sus hijos recurrieron a la herramienta aplicada por su departamento en 2012. Lo que habría llevado a cabo la familia Pujol es una regularización de bienes en el extranjero no declarados durante 30 años que, según Montoro, pueden implicar uno o varios delitos fiscales y que ya le está suponiendo al expresidente catalán el pago de una cuantiosa cantidad en concepto de multa que se desconoce, ya que tampoco ha sido revelada la cuantía total de lo defraudado.

La mayoría de los miembros de la familia Pujol no han podido acogerse a las ventajas de la amnistía fiscal (un solo pago del 10% del capital oculto) ya que esa posibilidad expiró el 30 de noviembre del 2012. Además, el Gobierno español había aprobado otra norma que obligaba a declarar los bienes en el extranjero antes del 30 de abril del 2013, y que establecía que quienes incumplieran no podrían acogerse a ninguna prescripción y que a las cantidades descubiertas o declaradas fuera de plazo se les aplicaría el cálculo desde el periodo más antiguo posible, en el caso de los Pujol, desde el año 2010, con una multa del 150% más intereses de demora. Es decir, para un millón de euros detectado, el pago final a Hacienda ascendería a 1,219 millones.

Con este panorama, Montoro ha avisado a Pujol de que el fraude fiscal “no se expía con una carta novelada” y de que su supuesta voluntad de colaborar “no es creíble” puesto que aún tiene “cuentas pendientes”. Millones de euros ocultados al fisco “no son una anécdota ni un error”, ha dicho y ha recordado que colaborar sería ponerse a disposición del Parlamento catalán y facilitar a la Agencia Tributaria y, en su caso, a la Justicia, toda la información que le piden y no hacer una carta en la que pretende “justificarse” y “humanizar” el asunto aludiendo a una herencia.

Aunque el ministro ha avisado en todo momento que no podía revelar mucha más información de la que ya se conoce, sí ha confirmado que las investigaciones a la familia Pujol Ferrusola en las que ha colaborado Hacienda arrancan en la época de José María Aznar, entre ellas una entre 2000 y 2002 en la que estaba involucrada una empresa del Ibex 35. Se ha referido también a la colaboración del servicio de vigilancia aduanera en el caso de las ITV y la investigación de posibles operaciones en Estados Unidos, Suiza, Argentina, Reino Unido, Holanda, México, Luxemburgo y Andorra.

Montoro ha comparecido para dar explicaciones sobre este caso y sobre la evolución general de la lucha contra el fraude fiscal a petición no solo del PP, sino también del PSOE, la Izquierda Plural y el grupo Mixto, y ha precisado que si puede hablar ahora es porque, al igual que sucedió con el extesorero del PP Luis Bárcenas, es porque el interesado ha hecho pública su situación tributaria, de modo que “no buscan el amparo de confidencialidad” que ofrece a los ciudadanos la Ley General Tributaria.

El ‘caso Pujol’ como arma contra el nacionalismo

De la comparecencia del ministro han sido especialmente polémicas sus arremetidas contra el nacionalismo al criticar a aquellos que cuando se publican o salen a la luz “indicios” contra una persona, “hacen alusiones de conspiraciones del Estado”. Es más, ha considerado relevante que el ‘expresident’ Jordi Pujol se haya reconvertido “en un adalid del independentismo” a la par que la Agencia Tributaria investigaba la fortuna familiar.

“No deja de ser significativo que el escenario fiscal en que se produce tenga que ver con la radicalización de los discursos políticos y de la propia estrategia de quienes quieren acompañar esos discursos políticos, pidiendo instituciones propias del Estado que no se muestran contentos con las actuaciones del Estado”, ha asegurado Montoro. Aunque ha querido precisar que respeta “profundamente” los nacionalismos democráticos “como expresión de las aspiraciones legítimas de autogobierno”, el ministro ha denunciado a los dirigentes “que se amparan y se escudan en ellos radicalizando los discursos políticos” a la vez que “se están lucrando y sacando partido personal”.

Sus críticas contra el nacionalismo le han valido al ministro una dura réplica de CiU y del PNV. En nombre de los nacionalistas catalanes, el diputado Pere Macias le ha pedido que no utilice el caso Pujol contra la consulta, le ha reprochado la dureza de su intervención inicial y la ha comparado con otras anteriores de Montoro sobre casos que afectan de lleno a su partido: “Le he visto más excitado que cuando compareció por Bárcenas”. Macias cree que en esta ocasión el ministro ha llevado a cabo “un ejercicio de teatralidad muy notable” y ha realizado “juicios de valor temerarios” en un ejercicio, como mínimo, “de alto riesgo” para un miembro de un Gobierno.

En cualquier caso, ha dejado claro que su formación es la que se considera “más afectada” por este asunto y le parecerá bien lo que haga el ministro para que se haga justicia y se restablezca la legalidad. “No vamos a poner ninguna traba”, ha insistido.

Tampoco lo socialistas y la Izquierda Plural se han librado de las andanadas del ministro, que les ha acusado de hacer oídos sordos a los indicios de corrupción que ya existían cuando ellos fueron Gobierno en Cataluña, como miembros del tripartito -a partir de 2003 cuando ya se habían iniciado las investigaciones de la AEAT- en aras de un supuesto “bien superior”. Previamente, el diputado socialista Pedro Saura había atacado la amnistía fiscal del Ejecutivo que preside Rajoy por ser una ley que ha permitido “irse de rositas” a los Pujol y a otros defraudadores. Saura ha recordado que se han acogido a ella “gran parte de los delincuentes económicos y políticos de la democracia española”, entre ellos Bárcenas.

El titular de Hacienda, por su parte, ha aprovechado para defender la reforma fiscal que plantea el Ejecutivo, que “debe ser ante todo eficaz en la lucha contra el fraude”, de manera que el plan del Gobierno es hacer “leyes adecuadas” y liderar el “impulso político para que las leyes se cumplan”. En su opinión, “el sistema funciona” porque “no importa quién sea el defraudador y cuál ha sido su poder”. Y al hilo de esta reflexión, ha lamentado que Pujol decidiera “vivir en la clandestinidad fiscal” antes de tomar posesión como presidente de la Generalitat.