El Poder Judicial hace un llamamiento descafeinado en apoyo del juez Castro frente al fiscal

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La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reclamado hoy al fiscal anticorrupción Pedro Horrach que no utilice expresiones que puedan desacreditar “injustificadamente” la labor del juez José Castro. Eso es lo que se deduce de un acuerdo en el que en ningún momento se menciona por su nombre ni al juez ni al fiscal del caso Nóos que, a estas alturas de la investigación, han acaparado titulares no solo por su trabajo sino también por un enfrentamiento que han trasladado a sus autos, recursos y resoluciones. Fueron los vocales progresistas del CGPJ los que reclamaron que se actuase contra el fiscal por las “imputaciones” contra el juez que contiene su recurso contra el auto de cierre de la instrucción. De hecho, Horrach recriminó a Castro haber llevado a cabo una instrucción “a la carta” y haber practicado investigaciones “contradictorias” en torno a la infanta Cristina “a modo de encaje de bolillos”. El juez le respondió que si piensa lo que escribe, debería querellarse contra él por prevaricación.

En un llamamiento genérico y descafeinado, el CGPJ considera necesario solicitar “de todas las partes en cualesquiera tipo de procesos y actuaciones judiciales, que no utilicen expresiones que puedan desacreditar, injustificadamente y al margen de las consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor jurisdiccional” de los jueces y magistrados. El órgano de gobierno de los jueces ha advertido de que la utilización en escritos o alegaciones procesales de expresiones “que puedan sembrar dudas sobre la objetividad e independencia” de los jueces en el ejercicio de su cometido, “más allá de la legítima y necesaria crítica a las resoluciones judiciales, no contribuye a reforzar la confianza de los ciudadanos en la Justicia“.

El pasado jueves, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach sostuvo que el juez del caso Nóos basaba su decisión de mantener la imputación de la hermana del Rey en “meras conjeturas”, al tiempo que consideró que sufría “contaminación judicial por la influencia de los medios de comunicación” y despreciaba indicios exculpatorios.

El Poder Judicial ha recordado que el pasado 23 de enero ya puso de manifiesto en otro acuerdo que los jueces asumen la decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades “en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad”. Subraya, asimismo, el CGPJ que la confianza pública que merecen los jueces en su trabajo reclama “de todos los agentes públicos y de la ciudadanía en general el necesario respeto a la actuación de los órganos judiciales“.

La reacción del Poder Judicial se ha producido a instancia de los seis vocales progresistas, que reclamaron que el CGPJ manifestara la necesidad de que las partes, en cualquier proceso, “mantengan el respeto y la lealtad institucional debidos y se cuiden de no desacreditar la labor jurisdiccional de los jueces y magistrados”. Los vocales que mostraban su preocupación “por las imputaciones” del fiscal fueron Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáenz y Pilar Sepúlveda.

Estos vocales han considerado que en el recurso el fiscal utilizó expresiones como que el juez se fundamenta en “el pilar inicial” de la “certeza absoluta” de la culpabilidad de la infanta o que el instructor tenía “el puerto de destino determinado antes de iniciar la investigación”, con relegación de “los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia”.

Pero las 63 páginas del recurso contenían más descalificaciones contra el juez como la afirmación de que Castro ha actuado “imbuido por oleadas previas de interesados inputs mediáticos” y le ha achacado que despreciara “indicios de notable fuerza exculpatoria” hacia la infanta. Todo ello habría redundado, según el fiscal, en que el instructor ha construido “un andamiaje probatorio con una falsa apariencia de solidez” para imputar a la infanta, que se desmoronaría con “una leve brisa” porque se basa en tres circunstancias de “nulo valor incriminatorio”: que es socia de Aizoon, esposa de Iñaki Urdangarin y pagó gastos personales con cargo a dicha empresa que poseen al 50 %.

Un año y tres meses de agrios y continuos enfrentamientos

El último recurso de Pedro Horrach es la guinda de un largo año y medio de enfrentamientos con José Castro, que estallaron en abril de 2013, cuando el juez decidió imputar por primera vez a la infanta Cristina por considerarla cooperadora necesaria en los delitos que su marido presuntamente cometió al frente del Instituto Nóos, una figura jurídica, la del cooperador necesario, que conllevaría las mismas penas que las aparejadas a las infracciones penales en las que habría incurrido el duque de Palma. Inmediatamente, Horrach recurrió la imputación asegurando que “es discriminatorio” imputar a la Infanta con las pruebas existentes y que los indicios de cooperación o complicidad que apunta el juez son meras “sospechas personales” o circunstancias “inocuas”, “inconsistentes”, “equívocas” o “especulativas”.

Unos meses después, en septiembre del mismo año, el fiscal intentó arrebatar a Castro la instrucción del caso Nóos. Horrach consideró que si se imputaba a Francisco Camps y Rita Barberá, a quienes el juez quería interrogar por su papel en la entrega de 3,6 millones de euros públicos al Instituto Nóos para organizar los Valencia Summit, debía ser el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el que asumiera la totalidad de la investigación de lo que, en definitiva, no es sino una pieza separada del caso Palma Arena.

Solo habían pasado dos meses cuando, en noviembre, el fiscal volvió a la carga con un escrito en el que se oponía de nuevo a la imputación de doña Cristina, antes de que el juez tomara una decisión al respecto, afirmando que “las meras conjeturas o sospechas no constituyen elementos válidos de imputación” y que el juez “obra sobre la Infanta con una especulación huérfana de sostén indiciario, del ámbito de la rumorología”. Al escrito preventivo le sucedió, efectivamente, la segunda imputación de la hermana del Rey, el 7 de enero de 2014, a lo que el fiscal reaccionó acusando al juez de urdir una “teoría conspiratoria”.

En el mismo auto del 7 de enero, el juez también protagonizaba una dura arremetida contra el fiscal. “Se están perdiendo las formas y eso no es deseable”, reprochaba Castro a Horrach por haberle acusado de obedecer a “motivaciones ajenas a la legalidad”.

El 8 de febrero declaró la Infanta ante el juez y el 25 de junio el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma puso fin a la instrucción del caso Nóos tras cuatro años de investigaciones, acordando mantener la imputación de doña Cristina por un presunto delito de blanqueo de capitales y dos delitos fiscales. Ese mismo día, Horrach dijo que “la Infanta ha sido imputada por ser quien es”.

El 26 de junio, la Fiscalía Anticorrupción recurrió ante la Audiencia Provincial de Baleares el auto del juez Castro recriminándole haber llevado a cabo una instrucción “a la carta” y haber practicado investigaciones “contradictorias” en torno a la hermana del Rey Felipe VI “a modo de encaje de bolillos”. En ese escrito de 63 páginas, abundan las descalificaciones contra el magistrado que han denunciado los vocales progresistas del CGPJ y que se resumen en la acusación de haber actuado contra la infanta movido por la inquina.