Fin a las restricciones para que rumanos y búlgaros puedan trabajar en toda la UE

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Los ciudadanos de Bulgaria y Rumanía pueden trabajar desde este 1 de enero sin límites, en todos los países de la Unión Europea (UE), al quedar levantadas las restricciones que ocho países comunitarios mantenían desde que ambos países entraron a formar parte de la UE en 2007. Búlgaros y rumanos podían hasta ahora desplazarse y residir libremente en cualquier país comunitario desde su entrada en la UE, sin embargo en materia de empleo solo podían trabajar en los 19 estados miembros que abrieron sus puertas en 2007. Las restricciones que Reino Unido, Alemania, Francia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Bélgica y Luxemburgo impusieron en 2007 para limitar el acceso de rumanos y búlgaros a su mercado laboral llegan a su fin este miércoles.

El fin de las restricciones suscita preocupación en algunos países como Reino Unido. El primer ministro británico David Cameron ha anunciado que aplicará cinco nuevas medidas desde el comienzo de 2014 para desalentar una temida oleada de recién llegados que presione su sistema de beneficios sociales. En concreto, Londres pretende limitar los beneficios socialesdurante los tres primeros meses y las ayudas a la vivienda, así como retirar los subsidios por desempleo pasados seis meses. También ha anunciado que cuadruplicarán las multas a empresas que no lleguen a paar el salario mínimo y que deportará a los ciudadanos europeos llegados de otros países que se encuentren en la calle por falta de lugar de residencia.

Además, noventa miembros del partido Conservador británico han firmado una carta en la que animan a Cameron a mantener los controles fronterizos sobre búlgaros y rumanos a través de una cláusula comunitaria, para impedir una situación “desestabilizadora” para el país. Los activistas conservadores británicos alegan en su carta que la medida puede ser adoptada, ya que la cláusula comunitaria permite a los países controlar las fronteras si hay “graves perturbaciones del mercado laboral”.

La Comisión Europea (CE) asegura que no ha recibido ninguna notificación oficial de las medidas y advierte de que si el Reino Unido las pone en marcha el día 1 como tiene previsto, tendrá que atenerse a las consecuencias. “Todavía no tenemos los detalles, pero si entran en vigor y se confirma que son ilegales tendremos que abrir un procedimiento de infracción contra el Reino Unido”, ha explicado el portavoz comunitario de Empleo, Jonathan Todd, en declaraciones recogidas por Efe.

Cameron sí se refirió expresamente a esta cuestión en Bruselas al término del último Consejo Europeo del año donde recalcó que se trata de “mandar una señal clara de que solo es posible venir a trabajar, no a reclamar”. Desde las propias filas de su Gobierno, el viceprimer ministro británico, el liberaldemócrata Nick Clegg, ya se ha mostrado abiertamente en contra de las restricciones que intentan imponer sus socios conservadores y ha amenazado con bloquearlas.

El Ejecutivo comunitario descarta que el fin de las restricciones a las trabajadores búlgaros y rumanos vaya a provocar ninguna oleada masiva a partir de enero, tras los desplazamientos que ya se produjeron a raíz de su incorporación a la UE. Según datos de la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, desde 2007, 3,1 millones de búlgaros y rumanos se han trasladado a otros estados miembros. Italia (1,12 millones) y España (1,04 millones) han sido los principales receptores de este flujo interno y, aunque Alemania, el Reino Unido y Francia han sido los siguientes en la lista, las cifras son sensiblemente menores: 272.000 desplazados, 149.000 y 91.000, respectivamente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por su parte, señala en su informe “Impacto fiscal de la migración” que es improbable que estos trabajadores supongan una carga para los sistemas de protección social de los estados miembros porque en la mayoría de los casos son contribuyentes netos al sistema de protección social del país de acogida. En esta misma línea, el Centro Europeo de Estudios Políticos (CEPS, sus siglas en inglés) recalca en su documento “Prestaciones sociales y migración” que no hay ninguna relación estadística entre la generosidad de los sistemas del bienestar y los flujos de ciudadanos procedentes de otros países de la UE.

Mientras, en Holanda, otro de los países donde se levantan las restricciones para búlgaros y rumanos, este martes se ha sabido que casi el 60% de su población cree que hay “demasiados” europeos del este en su país, según un estudio del Instituto de Investigación Social de Holanda (SCP). Según ese estudio social, seis de cada diez holandeses piensan que los europeos del este “abusan” del sistema de seguridad social nacional y el 47% considera que están “quitando” los puestos de trabajo a los holandeses.

En Francia, la preocupación por el racismo se ha agitado en las últimas semanas. Miles de personas se manifestaron el pasado 30 de noviembre para protestar contra la “deriva racista” del país, después de manifestaciones de racismo, como los insultos contra la ministra de Justicia gala. Pero un mes antes, también se manifestaban miles de estudiantes franceses en protesta por la deportación de una niña gitana que fue detenida durante una excursión social.