El Gobierno impondrá controles a los detectives para evitar otro caso como el de Método 3

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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de seguridad privada, que en palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pretende adaptar la vieja norma de 1992 “a los nuevos tiempos, adaptándose a los cambios actuales”. Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que el objetivo de la futura ley de seguridad privada es imponer “mayores controles a la actividad de los detectives privados y prohibir el espionaje si vulnera la intimidad de las personas”, solucionando así las “lagunas” que tiene la actual norma debido sobre todo al desarrollo tecnológico.

Con el fin de actualizar la vigente normativa, que data de 1992 y que ha sufrido múltiples modificaciones, el Ministerio del Interior ha redactado un anteproyecto para adaptar el sector al extraordinario auge experimentado debido, entre otros motivos, a la innovación tecnológica.

Ya el titular de este departamento, Jorge Fernández, anunció el pasado 12 de marzo en la comisión de Interior del Congreso esa nueva regulación, que afectará a los detectives privados, después de que el caso de espionaje de la agencia Método 3 a dirigentes políticos catalanes originara un debate sobre los límites de la actividad de estos profesionales.

Tal y como ha dicho el ministro, las investigaciones estarán sujetas a determinadas “cautelas”, como la obligación de “velar por la legitimidad del encargo de investigación, la formalización por escrito del contrato o la inscripción de la investigación en un libro registro a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado”.

Los detectives también deberán realizar un informe de investigación por cada encargo, que se pondrá a disposición de las fuerzas de seguridad y de la autoridad judicial.

La ley, que ordenará la normativa dispersa que existe en el sector de la seguridad privada, quiere dotar también de mayores garantías jurídicas a las empresas y a los ciudadanos y, en ningún caso, según el ministro, supondrá paso alguno para la privatización de la seguridad pública.

De hecho, el objetivo es hacer más “compatibles” y “complementarias” las actividades que desarrollan los servicios públicos con los privados, cuyas empresas -casi 1.500 en toda España- facturan al año más de 3.200 millones de euros y dan empleo a 90.000 personas.

Otro de los objetivos que persigue la norma es acabar con el intrusismo en el sector, como ha dicho el ministro, que supondría graves sanciones como el cierre de aquellas empresas que infrinjan la normativa.